Arriba, uno de los cultivos lícitos de indígenas me’phaa de Acatepec que fueron fumigados por helicópteros del Ejército (abajo) el pasado 21 de enero, En un recorrido, Tlachinollan constató daños en parcelas de maíz, huertas frutales, de aguacate y de café y en criaderos de peces en varias comunidades de ese municipio de la Montaña . Fotos: Tlachinollan

El 21 de enero pasado el Ejército emprendió de nueva cuenta una campaña de fumigación aérea en el municipio de Acatepec, causando graves daños a las parcelas de maíz, plantas frutales de mamey, toronja, plátanos, mangos, granadilla; así como huertas de café, de aguacate y criaderos de peces en las comunidades de Zontecomapa, El Mirador, Barranca Pobre, Laguna Seca, Agua Fría, Zilacayota, Barranca Mina y Loma Maguey. Es una práctica que cada año realiza el Ejército para supuestamente combatir la siembra de plantíos ilícitos. Las operaciones con helicópteros regularmente se realizan con el apoyo de una aeronave que guía a la segunda que se encarga de hacer las fumigaciones en las parcelas de las familias indígenas pobres.
En mayo del 2017 la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) realizó fumigaciones en la comunidad nahua de San Miguel Cuixapa Norte, del municipio de Zapotitlán Tablas, donde realizaron aspersiones vía aérea con paraquat, que es un químico toxico que causa fuertes daños en los seres humanos. Se trata de un herbicida que es propiedad de la transnacional SYGENTA. Estas últimas fumigaciones iniciaron después de la visita que hizo John Kelly, entonces secretario de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos a las instalaciones de la región naval de Acapulco, donde se reunió con los secretarios de Marina y Defensa Nacional del gobierno federal anterior. Estos acuerdos tienen que ver con compromisos internacionales de abatir la siembra de enervantes, sin atender las causas estructurales del problema que enfrentan las comunidades pobres de nuestro país.
En aquella fecha las familias afectadas de este operativo fueron como siempre las más pobres. En este caso doña Guadalupe Ojendís, madre soltera, quien durante un año había guardado majada de chivo para fertilizar la tierra de su huerta, sembró aguacates, con el apoyo de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para sostener a sus hijos. Plantó 60 árboles de aguacate y 100 de ocote, con la ilusión de poder contar con árboles que pudieran garantizarle un ingreso en las siguientes temporadas. La lluvia de veneno que cayó el 17 de mayo del 2017 acabó con sus planes. Como ella misma dice “quedaron como chicharrón las hojas de aguacate y todo se quemó alrededor, como si hubiera caído una bomba”.
Seguramente para el secretario de Seguridad del gobierno de Estados Unidos esta información es irrelevante, porque para él lo más importante es que se inhiba la siembra de cultivos ilícitos en los países pobres, pensando que con ello bajará el consumo de drogas en su país. Lo más grave es que las autoridades federales y del estado cumplen a pie juntillas estas directrices y no les interesa sopesar las consecuencias de estas políticas antidrogas, que destruyen el hábitat de las reservas naturales, que por siglos han sabido cuidar las comunidades indígenas.
Esta forma agresiva de erradicar cultivos ilícitos es devastadora porque las fumigaciones no sólo se focalizan en las siembras ilícitas, sino que el líquido que esparcen se propaga en toda el área dónde sobrevuelan las aeronaves. Lo que ha sucedido es que estas acciones han causado graves daños a la economía comunitaria porque queman las plantas y además han causado varias enfermedades en los pobladores. La gente ha comentado que hay personas que han muerto de dolor de estómago, después de que también fueron alcanzados por el paraquat.
Para el Ejército la aplicación de este líquido solamente daña los cultivos ilícitos y además asegura que sus vuelos están bien calculados para fumigar el área donde se encuentran. Por lo mismo, en su defensa argumentan en las carpetas de investigación, que tendrá que ser un perito quien verifique que los daños fueron ocasionados por el herbicida. Por otra parte manifiesta que si el resultado fuera positivo, las personas afectadas deberán comprobar que efectivamente estas fumigaciones hayan sido las causadas por el método de aspersión aérea realizado por el personal militar. En síntesis, la Sedena a pesar de realizar fumigaciones en los cultivos de las comunidades indígenas, todavía emplaza a las mismas familias a que le demuestren técnicamente que fueron ellos quienes causaron los daños a sus cultivos. Por otra parte, reproducen el estigma de que la gente de la Montaña interpone denuncias para encubrir sus actividades ilícitas y obligar a que la Sedena deje de realizar esas operaciones.
Lamentablemente las autoridades de los tres niveles de gobierno en lugar de atender las demandas de las familias afectadas, las criminaliza y al mismo tiempo, le da la razón al Ejército, justificando actuaciones que dañan el medio ambiente y la economía comunitaria.
En el recorrido que realizamos esta semana en las comunidades del norte de Acatepec, se verificaron varios daños en parcelas de maíz y en un estanque de peces, en las comunidades de Zontecomapa, Zilacayota y Agua Fría. Las personas afectadas tienen temor de hacer las denuncias ante las autoridades competentes porque saben que se atendrán a las consecuencias, por haberse atrevido a denunciar al Ejército. Prefieren mejor callar y resignarse a perder su precario patrimonio. Se trata de comunidades que fueron afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre del 2013 y desde aquella fecha las autoridades federales se desentendieron de los graves daños que sufrieron, como la destrucción de escuelas, clínicas, albergues y puentes. El mismo director general del Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) del nuevo gobierno federal, Adelfo Regino, quien visitó la comunidad de Zontecomapa el 10 de enero del presente año, corroboró el abandono y devastación que siguen padeciendo estas comunidades.
Las fumigaciones están siendo realizadas por helicópteros que no son del Ejército ni de la Marina, sino al parecer son de empresas privadas, porque no portan alguna insignia oficial y son de color blanco. Los militares que realizan estos operativos pertenecen al 109 batallón de infantería que corresponde a El Ticuí, municipio de Atoyac en la lejana región de la Costa Grande. Hasta la fecha cuentan con un campamento a un costado del puente de Zontecomapa, sin que hubieran informado a las autoridades comunitarias del operativo que realizan, y mucho menos, de pedir permiso para que puedan asentarse en tierras comunales.
Estas fumigaciones se han dado de manera indiscriminada, al grado que han contaminado los ríos, los ojos de agua, así como las parcelas de maíz y huertas de café y frutales. Ahora las familias tienen que guarecerse en sus casas, cuando oyen el ruido de los helicópteros porque temen que también les llueva veneno en su cuerpo. No solamente le temen al Ejército sino también al líquido que esparce desde las alturas y que quema todo lo que hay alrededor. Se encuentran totalmente inermes porque saben que contra el “gobierno” nadie puede hacer algo. Al contrario, son investigados y perseguidos, porque los mismos militares les dicen que ellos son los narcotraficantes.
Las madres de familia y los niños son los que mayor riesgo corren con este tipo de herbicidas que envenenan las plantas y las aguas, sin que ninguna autoridad se encargue de alertar sobre los graves daños que ocasionan este tipo de fumigaciones, que en otros países están prohibidas.
De acuerdo con información de expertos en paraquat, la dosis letal mínima estimada para humanos es de “10-15 mililitros del producto concentrado”. Desde julio del 2007 la Corte de la Unión Europea emitió una sentencia que consideró a ese químico como altamente toxico, y a raíz de este fallo la transnacional Dole decretó en todo el mundo suspender su uso. Se decretaron restricciones en Chile, Colombia, Costa Rica y Canadá para no aplicarse vía aérea y se limitó su uso en Belice, Indonesia, Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Taiwán, Camboya, Finlandia, Kuwait, Siria, Malasia y Rusia.
En República Dominicana, por los estudios que han realizado con el uso del paraquat no cabe el concepto de uso seguro o de buenas prácticas agrícolas, bajo la circunstancia de exposición y las condiciones de pobreza. No hay espacio para el paraquat en una agricultura social y ambientalmente sustentable. Sin embargo, en nuestro país se sigue aplicando este herbicida sin ninguna restricción, máxime que se realiza en lugares sumamente críticos por las condiciones de extrema pobreza y el grave deterioro ambiental que se vive en varias regiones de la Montaña.
Los pueblos indígenas de esta región no sólo han resistido los estragos de la militarización y las acciones delincuenciales de las autoridades locales que se han coludido con grupos que han hecho del crimen un negocio próspero, sino que también enfrentan la estigmatización de una clase política que los discrimina y los trata como delincuentes, por verse obligados a sembrar cultivos ilícitos ante el abandono de las instituciones del Estado.
De nueva cuenta las comunidades siguen asediadas y amenazadas por el Ejército, como si ellas fueran la principal amenaza de la seguridad y de la estabilidad política en nuestro estado. No podemos seguir tolerando políticas represivas que se focalizan contra las poblaciones más olvidadas del país, mucho menos seguir aplicando herbicidas que tienen efectos nocivos para la salud de las personas y para la preservación del medio ambiente. Se tiene que llamar a cuentas al Ejército para que pueda informar que tipo de herbicidas se está utilizando en esta ocasión y a qué planes de erradicación de cultivos está respondiendo. ¿Por qué en los municipios más pobres de la montaña, de la región me’phaa como Acatepec y Zapotitlan Tablas están concentrando sus operativos? ¿Por qué los gobiernos quieren que llueva veneno entre los pobres de la Montaña?