Pregunta para el que guste de las trivias matemáticas: ¿Qué volumen desplazan 15 millones de pesos en efectivo, en billetes de $500? ¿Cuántas maletas se necesitan para trasladarlos? No es un problema menor si recordemos que Bejerano se las vio negras para embolsarse una cantidad 30 veces inferior. ¿Cuánto pesa el dinero? ¿Cuánto mide? Los hijos de Arturo Montiel tuvieron que resolver este intrincado acertijo docenas de veces a lo largo de dos años de depósitos hasta alcanzar la suma de más de 30 millones. ¿Cómo es posible que a tres y cuatro años de haberse realizado esos depósitos las autoridades no hayan hecho nada al respecto?

Sólo ahora que por motivos políticos se ha dado a conocer el caso, nos enteramos que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le ha pedido a Juan Pablo Montiel Yánez que aclare la procedencia de un total de 79 millones de pesos que aparecen en sus cuentas. El joven resultó el empresario más exitoso en la historia de país, sobre todo si se considera que todavía se desconoce la actividad empresarial a la que se dedica.

Este enésimo escándalo de la clase política confirma lo que todos sabemos: la corrupción es endémica. Pero equivocaríamos el diagnóstico, y por lo tanto el remedio, si nos aferramos a la noción de que la podredumbre es atributo primordial y exclusivo de los políticos vinculados al viejo régimen. El caso de los hijos de Marta Sahagún, o del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, por mencionar algunos, muestra que la corrupción no respeta partidos ni ideologías. En los próximos años irán develándose los abusos y el tráfico de influencias que ha dejado a su paso el “gobierno de la alternancia”.

Tampoco es mi propósito satanizar a los panistas. Simplemente deseo atacar la noción de que para resolver la corrupción basta elegir a “gente decente” como gobernantes. Se creía que bastaba traer a empresarios y a ejecutivos de la iniciativa privada para meter orden en el manejo de los dineros públicos. Pero luego resultó que algunos de ellos eran tan voraces como sus predecesores. El desfalco de los Montiel o de los Madrazo es robo hormiga comparado al daño que han hecho a las finanzas públicas algunas de los principales empresarios. En los últimos días, a raíz de la investigación sobre Manuel Bribiesca Sahagún, el IPAB se ha visto obligado a entregar información, a tirones y jalones, que permite atisbar el enorme abuso que se ha cometido en contra del erario.

Ya sabíamos que el Fobaproa había sido el peor robo en la historia del país (y no tanto por el rescate bancario, que era necesario, sino por la manera en que se castigó al pequeño deudor y se premió al banquero y al gran empresario). Ahora resulta que esos bienes y esas deudas pagadas al 100 por ciento, con cargo a nuestros impuestos, los está vendiendo el IPAB con grandes descuentos a varios de los empresarios “indemnizados”. El promedio de venta de estos activos es de apenas 17 por ciento del valor al que fueron adquiridos originalmente por Fobaproa. Hay bancos que están comprando deuda barata, para ejercer su cobro a los deudores. La Ley de Protección al Ahorro Bancario expresamente prohíbe que bancos y empresarios “rescatados” por el Fobaproa participen en las licitaciones de los activos. En las listas dadas a conocer esta semana aparece el grupo Hank Rohn, Vázquez Raña, Bachoco, y algunos bancos, todos ellos con deudas en la panza de Fobaproa. Pero si usted intenta adquirir el departamento que el banco le embargó, la ley se lo impedirá.

¿De qué tamaño es el desfalco? El rescate costará un billón 200 mil millones de pesos por la adquisición de bienes y deudas que terminarán vendiéndose a 207 mil millones. Esto quiere decir que los bienes se compraron más caro de lo que realmente valían o que ahora se están vendiendo por debajo de su valor de mercado. En cualquier caso, eso significa que los grupos que le vendieron al gobierno y los que ahora están comprado, se están quedando con ese 83 por ciento restante, es decir algo así como 990 mil millones de pesos (equivale a las ventas de petróleo de cinco años).

Tampoco esto significa que nuestros empresarios sean peores que los del resto de mundo. El desfalco que con motivo de la guerra de Irak están haciendo las corporaciones al erario norteamericano, con la anuencia del grupo de halcones ex ejecutivos que rodean a Bush, muestra que en el primer mundo se cuecen habas de igual o peor tamaño.

Lo que está claro es que el combate a la corrupción no puede partir de la consideración de que unos son buenos y otros son malos, o que basta con elegir a personas decentes. La única manera de sanear la vida nacional es introducir una total transparencia en los asuntos públicos. Toda operación de finanzas públicas debe dejar claro a quien beneficia y porque. Es conveniente castigar a los que han abusado, pero ninguna cacería de brujas resolverá el problema de fondo. Necesitamos muchos “IFEs” e “IFAIs” y una enorme transparencia en la banca; mecanismos de regulación y de supervisión que pasen por el control del Congreso y de consejos de ciudadanos. Requerimos acceso de la prensa a cada peso y a cada licitación (incluyendo la que se destina a la propia prensa).

Los políticos y los grandes empresarios tienen mucho que perder. Son deshonestos porque la impunidad los ha protegido. La corrupción comenzará a terminar cuando sea imposible llegar con una maleta al mostrador de un banco sin que nos enteremos en el periódico del día siguiente. Los escándalos de Bribiesca y de Montiel son mera polvareda para usos políticos.

[email protected]