“¡No vamos a endeudar al país!”, eso dijo y repitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diversos años de lo que va de su mandato federal. Sin embargo, los números son fríos. En 2018, la deuda pública era de 10.5 billones (millones de millones de pesos); en 2019,10.8 billones; en 2020,12 billones; en 2021,13.1 billones; en 2022, 14 billones; 2023, 14.8 billones y en el 2024, el ejecutivo federal pretende incrementarla a 16.7 billones. No es un crecimiento alarmante, pero no deja de habernos mentido AMLO, una vez más.
En el ámbito gubernamental para proporcionar servicios y obras públicas a la población, hay que tener erario; es decir, recursos económicos. Para poseerlos, hay que afanarse en tener una buena recaudación fiscal, como principal opción para soportar el gasto no solo de servicios, consumos o pagos de deuda pública vencida; sino también para gastos de inversión en programas y proyectos productivos, de corto y mediano plazo, que, por sí mismos, generen ingresos para su mantenimiento, auto recuperación y expansión posterior.
Si el gobierno no tiene para dar y distribuir recursos económicos para diversos fines, incurre en lo que se denomina déficit público; y acude a préstamos, internos o externos, para cubrirlos y se etiquetan como deuda pública; pagadera en un próximo futuro con sus respectivos intereses, a partir de los impuestos recabados, además de otros derechos, productos y aprovechamientos. Si los ingresos gubernamentales que se esperan obtener (ya sea como país, estado o municipio) no son suficientes para pagar la deuda pública contraída en los plazos estipulados, el país se sitúa en la insolvencia financiera y los bancos cancelan la posibilidad de adquirir ulteriores préstamos; o bien, dictan medidas draconianas contra la economía de la mayoría de la población, tal y como acostumbra hacerlo el Fondo Monetario Internacional.
Según cifras contenidas en la ley de ingresos del gobierno federal del año 2018, al inicio de la administración de AMLO el “déficit público” era equiparable a un 2.3 por ciento del PIB –riqueza socialmente producida en forma anual en un país determinado. Para el año 2024, se estima represente un 5.4 por ciento del PIB nacional. O sea, 2.3 veces más.
O sea, los ingresos públicos propios esperados en el próximo año no serán suficientes para cubrir los gastos que se piensan realizar. El monto adicional de deuda pública que se generará, necesariamente tendrá que cubrirse con esfuerzos de recaudación fiscal que los gobiernos federales realicen en los próximos sexenios; ya que un país que tiene una base de recaudación fiscal baja, como la que tiene México, en comparación con otros países de similar crecimiento y desarrollo económico, tendrá que incrementarla para poder afrontar los niveles del déficit esperado, así como la deuda pública adicional a contratar. Además de que una recaudación tributaria muy rala provoca inmediatamente reducción del gasto en educación, salud, seguridad e infraestructura básica.
El monto que propone AMLO para que sea aprobado como presupuesto de egresos para el año venidero, asciende a 34.4 billones de pesos que no se podrán cubrir tan solo con ampliar la base gravable combatiendo la evasión y/o elusión fiscal. Será necesario para mantener finanzas públicas sanas una reforma fiscal que permita una tributación más progresiva; es decir que paguen más, los que más tienen; cuestión que a AMLO le causa renuencia hacerlo. En eso, no quiere tocar AMLO a los poderosos magnates empresarios, ni con el pétalo de una “amapola”. Los fifís también gozaron de privilegios en el presente gobierno federal.
Es permisible incrementar la deuda pública para detonar un mayor crecimiento económico nacional… hasta determinado monto. Siempre y cuando se tenga la seguridad de que en el futuro se obtendrán los suficientes ingresos fiscales para pagarla. Cuando no se tiene una buena recaudación de impuestos y no puedes reducir programas –por estar en un contexto de austeridad– y si además no se generaron con anterioridad ahorros públicos, es riesgoso e imprudencial pedir prestado, o colocar en demasía bonos gubernamentales o peor aún, recurrir a la maquina de hacer billetes que no tengan respaldo en la riqueza social que se espera generar que, como ya mencioné, ascenderá a 34.4 billones de pesos (PIB). Lo que se piensa gastar son 56.1 billones de pesos por lo que el déficit será mucho mayor.
Con la nueva deuda pública a contratar, AMLO pretende concluir todos sus principales programas que realizó a lo largo del sexenio. O sea que el gobierno acudirá a deuda pública para poder transferir recursos directos a la población cuyo destino final será el consumo y terminar de financiar sus proyectos estratégicos, cuyos puntos de equilibrio económico se alcanzarán a mediano plazo, a excepción del tren transístmico y la refinería Olmeca, que serán de alta tasa interna económica de retorno.
Hay que advertir que algunos gobiernos para subsanar los déficits que tienen imprudentemente, generan deuda pública también impagable, pues la destinan al despilfarro, dejando a gobiernos futuros su liquidación total; estrechándoles así, su capacidad para bien gobernar.
Reitero: cuando una economía no crece y permanece estancada, no se genera materia gravable, ya sea con impuestos en base al trabajo o al ingreso. Peor, si su economía gira más en la esfera de lo informal que en lo formal.
Recordemos que, en tiempos de fuerte pandemia, México vio caer su PIB anual en 8 por ciento; y que para recuperar lo perdido nos llevaría de tres a cuatro años, si es que nos mantuviéramos en un crecimiento económico anual del 3 por ciento real neto.

PD. Y allá en lontananza, se oye clamar a una mujer: ¡No más rateros! ¡No más güevones! ¡No más pendejos!

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