Cada esquina está custodiada, cada calle tiene un vigilante. Ellos están en cualquier lugar, en todos los lugares. Y aunque los culichis lo sabíamos, aunque los veíamos en restaurantes departiendo con sus familias, aunque los topábamos en los altos de los semáforos, aunque irremediablemente comprábamos en sus cientos o miles de empresas desparramadas por la ciudad, nunca habíamos visto que desplegaran su poderío, toda su furia, como hicieron el jueves 17 de octubre en Culiacán. Para nosotros los culichis fue un jueves negro.
Los criminales nos dejaron claro que la ciudad es de ellos, de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y del Cártel de Sinaloa. El control es de ellos, no del gobierno municipal morenista de Jesús Estada Ferreiro; es de ellos, no del gobierno estatal priista de Quirino Ordaz Coppel; es de ellos, no del gobierno federal morenista de Andrés Manuel López Obrador. Y lo peor de todo: es de ellos, no de los casi un millón de habitantes que a diario trabajamos honestamente por construir un mejor lugar.
Un puñado de delincuentes nos han arrebatado la ciudad.
Ellos, los criminales y sus cuernos de chivo, sus camionetas blindadas, sus calibre 50, sus pecheras, sus granadas, sus bazucas, son los verdaderos inquilinos del poder. Ellos y sus alianzas con los políticos, con los gobernadores, con los presidentes municipales, con los diputados locales y federales, con los policías estatales, ministeriales y municipales. Ellos y sus alianzas con los jueces que los liberan. Ellos y su red de lavado de dinero para comprar amplios terrenos, casas de lujo, coches de ensueño, privilegios en prisión, protección oficial.
El Chapo Guzmán se halla en una cárcel de Estados Unidos sentenciado a cadena perpetua. Ahora el gobierno de Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador intentan quedarse con el dinero de sus operaciones ilegales. Mientras esto sucede, en Culiacán los hijos de Guzmán Loera operan en la impunidad, se enfrentan al gobierno, a los militares, y resultan vencedores tras amagar con abrir las compuertas para que corrieran ríos de sangre en la ciudad. El gobierno mexicano cercó y detuvo durante horas a Ovidio Guzmán López, pero lo liberó porque no tuvo capacidad de reacción. La victoria de los criminales pone en vergüenza al gobierno mexicano y nos hace creer que la estrategia de seguridad de López Obrador es equivocada.
Es cierto lo que dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, cuando afirma que estos grupos del crimen son resultado de décadas de corrupción política y abandono social. Sí, es verdad, y es que en Sinaloa existe narcotráfico desde 1950, tal vez antes, y desde entonces ha tenido una vinculación directa con los políticos: les ha financiado sus campañas, les ha entregado a unas cuantas cabezas para mantener el pacto de impunidad, les ha disminuido la incidencia delictiva para garantizar la pax narca; el narco les ha invertido y lavado dinero para que haya empleo y se vean buenos números; ha convertido a políticos en socios y en nuevos ricos. Todo esto es verdad, pero ya es tiempo de que el gobierno federal asuma, en serio, su responsabilidad.
Está claro que a Ovidio, a los hijos de Guzmán Loera y al Cártel de Sinaloa no les preocupa ni el “fuchi” ni el “guácala” del presidente de la República; tampoco les intimida que los acusen con su mamás, papás ni abuelos, como lo advirtió López Obrador. Que quede claro: nadie quiere que se desate la violencia, nadie quiere que haya masacres, nadie quiere que haya represión, nadie quiere que haya mano dura, al contrario, de eso estamos hartos. Lo que queremos es que funcionen los operativos de seguridad y pacificación.
La intervención fallida para detener a Ovidio, solicitado en extradición por Estados Unidos, no sólo es un duro golpe al gobierno de López Obrador –eso en realidad es lo de menos–, lo verdaderamente demoledor es que golpea lo más profundo del ánimo social porque agudiza esa idea propagandística criminal que asegura que los delincuentes son más fuertes que el Estado; que en Sinaloa puedes ser un narcotraficante de alto nivel, tomar una ciudad, despedazar el Estado de derecho, aterrorizar a la población, ser detenido y a pesar de esto doblegar a la autoridad. Todo, en unas cuantas horas.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo inexperiencia –Durazo dijo a Denise Maerker entre contradicciones que el equipo a cargo de la detención fallida ha participado en operativos muy exitosos”– o traición? ¿Lo sabremos algún día?
Culiacán ya no es nuestro, y tal vez no lo sea desde hace décadas, pero ahora nos lo restregaron en la cara. Duele. A pesar de todo, los ciudadanos no nos daremos por vencidos, seguiremos la lucha por recuperar nuestra tierra, nuestro bello Culiacán de los tres ríos.