EL-SUR

Martes 27 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Culiacán: la violencia de hoy es por la corrupción de ayer

Silber Meza

Noviembre 02, 2019

La violencia que se vivió en Culiacán el jueves 17, nuestro jueves negro, es la consecuencia de décadas de corrupción política en Sinaloa. La relación narcopolítica local ha crecido como lo hacen las raíces de los huacaxtles: lentas y profundas.
Después de Pedro Avilés, pionero del narcotráfico en Sinaloa y México, apareció en escena Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex policía local y ex escolta de la familia del entonces gobernador Rodolfo Sánchez Celis (1963-1968). De eso han pasado más de 50 años.
De acuerdo con los archivos de información periodística, una vez que dejó su relación laboral con el político, El Jefe de Jefes creció rápido en el mundo del narco y lideró el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. No hay mucha información disponible sobre la posible complicidad de Sánchez Celis en el negocio de Félix Gallardo, pero resulta difícil omitir su paso como hombre de confianza del ex mandatario local.
En una entrevista a Enrique Peña Bátiz, líder de la asociación política nacional Francisco I. Madero, fechada el 27 de abril de 1985, se le cita: “Fue durante el gobierno de Sánchez Celis cuando surgió abiertamente en Sinaloa, el tráfico de droga. En cuanto llegó al gobierno del estado, Sánchez Celis empezó a rodearse de pistoleros con pésimos antecedentes (…) en ese tiempo se descubrió una siembra de mariguana de un hermano del gobernador, Pedro Luis Sánchez Celis, en la laguna de Canachi, municipio de Culiacán. Y fue la época en que se inició Miguel Félix Gallardo, a quien posteriormente Sánchez Celis hizo su socio y su ahijado: lo apadrinó en su boda”.
El texto cierra con la exposición del crecimiento de la violencia en Culiacán, y menciona unas frases que se leen en algunos volantes impresos. Una de ellas mencionaba: ”Llegará el día en que tengamos que explicar a nuestros hijos cómo fue posible que les heredáramos tanta violencia”; otra exponía: “La mayor tragedia de esta época no es la estridencia de los malos, sino el asombroso silencio de los buenos”.
Los gobernadores pasaron y la violencia en Sinaloa continuó. El narcotráfico y las vendettas entre narcos y políticos se mantuvieron. Los políticos de Sinaloa no pueden deslindarse de nuestra historia y presente criminal, sea por acción u omisión. En una sola historia indivisible.
Hace un par de décadas atrás una nueva oleada de vinculación narcopolítica y policial escaló la esfera pública del estado: tomó poder en Sinaloa un policía llamado Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, conocido como Chuy Toño. En el sexenio del gobernador Juan Millán Lizárraga, Chuy Toño se convirtió en el director de la Policía Ministerial del Estado, antes Policía Judicial. Y en 2004 se descubrió que su corporación le daba servicios de seguridad al Cártel de Juárez. Cuando atacaron a Rodolfo Carrillo en la Plaza Cinépolis, en Culiacán, uno de los escoltas del traficante era subalterno de Aguilar Íñiguez.
La Procuraduría General de la República le abrió una investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero, además fue acusado de tener vínculos con el Cártel de Juárez y el de Sinaloa. El policía se exilió, y regresó en 2010, en el sexenio de Mario López Valdez, nuevamente a dirigir las corporaciones policiacas. Chuy Toño aseguró que promovió un amparo y demostró que no tenía relaciones criminales.
Sin embargo, Aguilar Íñiguez, quien fue calificado por el periódico El País como “el policía más peligroso de Sinaloa”, fue mencionado por Vicente Zambada Niebla, hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo: “Comandaba comandantes a petición de El Mayo, y El Mayo le pidió sobre todo que en El Salado, Costa Rica, Eldorado –sindicaturas de Culiacán– y Cruz de Elota le pusiera comandantes y policías amigos, para que le dieran protección”, se lee en un reporte del semanario Ríodoce.
El episodio más reciente y gráfico de la relación de la política y el crimen organizado sucedió apenas hace unos años, con la llegada de la diputada Lucero Sánchez al Congreso del Estado de Sinaloa (2014-2016). La ex legisladora tuvo una relación sentimental duradera con Guzmán Loera, y varias de sus intervenciones en tribuna eran para desacreditar la labor antinarcóticos de las fuerzas armadas en el estado.
La historia es clara: no existe manera de acabar con la hiperviolencia en Sinaloa si no se combate la corrupción endémica de la clase política sinaloense con el narcotráfico.