Hoy, 28 de octubre, puede ser histórico para las leyes mexicanas y la manera de enfrentar la realidad del consumo de las drogas. Se trata, en particular, del caso de la mariguana. En este día la Primera Sala de la SCJN, integrada por cinco miembros, estudia y vota el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar en torno al autocultivo de cannabis.
Dicho proyecto se pronuncia sobre el juicio de amparo que promueve la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART). Integrantes de esta organización demandan que como ciudadanos adultos se les reconozca el derecho, en el ejercicio pleno de su libertad, a cultivar, procesar, transportar y consumir mariguana, para uso personal y fuera de los circuitos del mercado.
La SCJN dio entrada a la demanda y la sentencia del ministro Zaldívar establece: 1) que la actual prohibición atenta contra el derecho de las personas a actuar en el marco de sus principios, para realizar lo que quieren ser y hacer, siempre que no se afecte a terceros; 2) que los daños de consumir mariguana son “menores o similares” a los que causan drogas legales como el alcohol o el tabaco. Lo que implica que debe otorgarse a los demandantes el derecho que reclaman.
Si se aprueba la sentencia del ministro Zaldívar, la SCJN no estaría legislando, responsabilidad sólo del Congreso. Lo que haría es pronunciarse –está en el campo de sus atribuciones– frente a artículos de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. En su interpretación, resultan anticonstitucionales, por violentar el derecho al ejercicio pleno de la libertad establecido en la Constitución.
En un inicio, en el caso de aprobarse el proyecto, el fallo sólo beneficiaría a los demandantes y no generaría jurisprudencia. En el futuro, lo que seguramente ocurriría es que otros ciudadanos promoverían amparos, que la SCJN tendría que resolver de la misma manera. Esto sí, después de un tiempo, crearía jurisprudencia.
Si la Primera Sala resuelve en el sentido de la propuesta que hoy discute, se avanzaría en superar la concepción paternalista del gobierno que considera a sus ciudadanos como menores de edad, incapaces de hacer uso de su derecho pleno a la libertad. Seguro que pronto habría consecuencias positivas en otros campos de la actividad ciudadana. En estos días el gobierno federal se ha manifestado en contra con argumentos morales anacrónicos y sin fundamento científico.
La decisión que se toma hoy podría abrir el horizonte para pensar en un paradigma distinto al punitivo y prohibicionista. Son cada vez más las voces, desde la política y la academia, que señalan su fracaso. El saldo mundial son cientos de miles de muertos y miles de millones de dólares gastados en una estrategia que no logró lo que se propuso: reducir el consumo de las drogas y de la violencia. Por el bien del país, espero que los ministros voten a favor de la propuesta que ahora se les presenta.