Don José Pardo Rebolledo cobra mensualmente algo así como 600 mil pesos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ese sueldazo se puede dar el lujo de mandar a sus hijos a las mejores universidades del mundo y pagar de su bolsa inscripción, colegiatura y otros gastos.
Pero es probable que ni siquiera tenga que erogar las gruesas cantidades que esos rubros demandan, pues difícilmente Conacyt le negaría beca a sus vástagos y la propia Corte, tan generosa con sus integrantes, seguramente inventaría alguna prestación que cubriera tales gastos, pues los señores ministros, además de sueldo, sobresueldo y compensaciones, no gastan en automóviles, choferes, oficinas, secretarias, regalos, comidas, bebidas, ropa y muchos otros renglones.
Está muy bien que el señor ministro se ahorre todo ese dineral. Lo que no está bien es que pretenda, en un país donde 60 por ciento de la población vive en la pobreza, que las universidades cobren a sus estudiantes las malhadadas cuotas y que para el caso un jurista como él invente argumentos y niegue o falsee lo que manda la Constitución.
Todo se originó porque un estudiante de la Universidad Nicolaita solicitó amparo contra las cuotas que esa institución cobra a sus alumnos. El caso llegó a la Suprema Corte y cayó en manos de Pardo Rebolledo, quien en su propuesta para negar el amparo hace afirmaciones temerarias (véase La Jornada, p. 34, 13/I/2016), por ejemplo que la Constitución “señala que el Estado no está obligado a impartir educación gratuita” o que la gratuidad sólo procede “en lo referente a la educación obligatoria”. El señor ministro es mentirosillo o amnésico, pues la fracción IV del artículo tercero dice a la letra: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Toda, señor ministro, no sólo la educación obligatoria.
Don Jorge sostiene también que las universidades autónomas cuentan con “libertad patrimonial” para cobrar cuotas o colegiaturas y va todavía más lejos, pues afirma que las universidades autónomas “al no ser parte del Estado, están en su derecho de imponer diversos cobros a sus estudiantes”.
Antes de soltar una barbaridad de ese tamaño, el señor ministro debió consultar con alguno de sus compañeros que en sus estudios de derecho haya cursado –y aprobado– alguna materia como teoría del Estado, porque quizá eso no se enseña en la Escuela Libre de Derecho, donde él estudió gracias a que su familia –es nieto de un ministro de la Corte—no supo de privaciones y pudo pagarle las cuotas que cobra esa institución reaccionaria de origen (la fundaron profesores renegados de la Universidad Nacional).
La Libre de Derecho es de derecha y ahí hay quienes suponen que las leyes tienen un origen sobrenatural, extraterrestre, como lo prueban estas palabras que pronunciara su primer rector, Luis Méndez, en la inauguración de esa casa de estudios: “Dios, inspirador de las buenas leyes… haga que esta institución viva y prospere”. Y vaya que ha prosperado, con profesores porfirianos como Francisco León de la Barra, José Natividad Macías, Carlos Díaz Dufóo (él acentuaba su apellido) Antonio Caso y Jorge Vera Estañol, ministro de Victoriano Huerta.
De la Libre han salido próceres como Ramón Sánchez Medal, quien fuera dirigente de la oscurantista Asociación de Padres de Familia (de escuelas confesionales), el inefable líder de Pro Vida Luis Pazos o Felipe Calderón, responsable de la muerte de más de cien mil mexicanos y funcionario que dispuso de bienes nacionales para favorecer a su Alma mater, una empresa particular a la que dotó de sus actuales instalaciones.
Por supuesto, la “Libre”, una escuela privada, cuenta con egresados que han brillado en su profesión, pero lo cierto es que la enseñanza que ahí se imparte tiene una orientación ideológica que va más allá del mero conservadurismo, lo que hace explicable la actitud del ministro Pardo Rebolledo, a quien habría que recordarle que las universidades públicas son organismos descentralizados de Estado, sí, de Estado, y por tanto están sujetos a la disposición constitucional antes citada.
Las universidades públicas indebidamente cobran cuotas. Deben ser gratuitas porque de ese modo se procura no ahondar la desigualdad social. Además, esas instituciones se sostienen con nuestros impuestos. El cobro de cuotas, en cínico desacato de la norma constitucional, ha causado grandes conflictos a las universidades. No los repitamos.