La extracción de información privada y el control sobre su propia información, son dos formas empleadas por los gobiernos para aumentar su poder sobre los gobernados.

Sir Francis Bacon aseguró: “conocimiento es poder” (1597). Aparentemente se refería al conocimiento científico –la ciencia fue una de sus pasiones–, pero como él también fue político –llegó a ser Lord Canciller– en una época llena de intrigas palaciegas –los reinados de Isabel I y Jaime I–, igual comprobó que la información política es un tipo de conocimiento que da poder.
No cualquier información política se traduce en poder, pero cualquier ejercicio sistemático del poder requiere de información. Desde la antigüedad, los gobiernos han recopilado información que han ocultado. En la actualidad, un área de esta búsqueda de información es el espionaje que a veces se cubre con el manto de la legalidad y otras se hace de manera totalmente ilegal. Una buena parte de la información política recopilada termina en los archivos. Pasado un tiempo, esa información debe dejar de ser secreta para quedar a disposición de investigadores y público en general, pero con frecuencia las leyes de archivos impiden o dificultan el acceso a información que el gobierno considera “sensible”. Y es entonces que aparece la dupla espionaje y censura.
Como muchos otros gobiernos, el mexicano espía a voluntad a quienes quiere controlar, sean enemigos o incluso aliados. Este espionaje se lleva a cabo con o sin autorización y puede ejercerse sobre líderes, activistas políticos o periodistas “molestos”. Sin acceso a los archivos, no es fácil documentar el espionaje, pero siempre se llega a saber de casos que permiten inferir la magnitud de la telaraña. Así, por ejemplo, en los 1960, durante la Guerra Fría, la CIA ofreció al presidente Adolfo López Mateos compartir alguna información del espionaje telefónico que se proponía hacer a la embajada soviética y de paso a líderes de la izquierda –Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano o David Alfaro Siqueiros– a cambio de que se le permitiera introducir al país las decenas de aparatos que necesitaba para crear y operar una red de escuchas (Jefferson Morley, Our man in Mexico, U. P. of Kansas, 2008, pp. 93-94).
Gracias al trabajo de Citizen Lab, una organización canadiense de la Munk School of Global Affairs, hoy sabemos que nuestro gobierno ha espiado, con un equipo de escucha israelí y que sólo puede ser adquirido por gobiernos, al menos a dos ONG mexicanas y a un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, cuyas actividades molestan al gobierno y a la poderosa industria refresquera, corresponsable de la “epidemia de obesidad” que hoy sufre el país (Reforma, 24 de mayo; https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet-nso-mexico-spyware/). ¿Cuántas operaciones similares están hoy en curso? Con lo enrarecido que está el ambiente político, deben ser muchas.
El negar o entorpecer el acceso de los ciudadanos a información política disponible, pero “sensible”, es una forma de restarle capacidad a la vigilancia ciudadana. Es una forma de impedir que la sociedad civil se empodere. Y un buen ejemplo de esto se encuentra en manejo actual de documentos de Gobernación depositados en el Archivo General de la Nación (AGN).
Tras la represión en Chihuahua, Guerrero y los sucesos de 1968 y 1971 en la Ciudad de México, parte de la izquierda optó por la vía armada. Para comprender mejor la forma en que el gobierno llevó a cabo la “guerra sucia” contra esa izquierda revolucionaria, una fuente imprescindible son los papeles en el AGN de la antigua y temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), disuelta en 1985 tras haber sido penetrada por el narco.
En el 2001 y por decisión del gobierno de Vicente Fox los archivos de la DFS pasaron al AGN. Pero ese paso lo dieron también el equipo de archivistas-policías que había estado a cargo de esa información en Gobernación y luego en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). La consulta de esos documentos que contienen información sobre personas, sus actividades y las acciones del gobierno que les persiguió, nunca fue fácil. Los custodios, provenientes de una estructura policiaca, sólo dieron a los investigadores la información que ellos quisieron. Pero a partir de 2015 la naturaleza y calidad de esa información disminuyó. Los documentos ya no se pudieron consultar en la sala, tuvieron que pedirse vía la ley de transparencia, y al investigador sólo se le facilitó una copia ya muy censurada –a veces se borró hasta el nombre del presidente de la República, pese a que por la mera fecha se podía deducir– por considerarse que aún hoy se trata de información de carácter personal o sensible y, por tanto, “histórico confidencial” que debe mantenerse en reserva por un tiempo mucho mayor.
¿Cómo explicar esta reticencia gubernamental a no compartir información de un pasado supuestamente ya superado? Una posible respuesta es que ese pasado autoritario sigue sin pasar del todo. La apertura de archivos que se llevó a cabo bajo el gobierno de Vicente Fox –ese que prometió “echar a patadas al PRI de Los Pinos” y que ya no tenía nada que ocultar–, al gobierno priista que ha recuperado Los Pinos, no le gusta.
La DFS ya no existe, ya es historia, pero el espíritu de esa organización y de la política que la animó sigue vivo, porque vivo está el sistema que la creó. Por eso sigue espiando y le molesta que salgan a la luz los viejos métodos, pues quizá no son tan viejos y le restan legitimidad al gobierno de ahora.

* El autor no escribirá la próxima semana.

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