El domingo pasado murió Margarita Ceceña por las quemaduras que le causó un tal (por cual) Primitivo Rangel, quien lanzó gasolina sobre ella, su madre y su hija y les prendió fuego el pasado 19 de julio en Cuautla, Morelos. Familiares de la agredida informaron que habían presentado denuncias por las amenazas de sus ahora victimarios, sin que las autoridades tomaran cartas en el asunto.
El mismo día 19 murió en Zapopan, Jalisco, Luz Raquel Padilla Gutiérrez, a quien unos vecinos, molestos por los gritos del hijo con autismo de Raquel, la bañaron de alcohol para luego echarle un cerillo y acabar así con su vida, pese a que se supone que contaba con protección de las autoridades, pues oportunamente denunció las amenazas de un vecino, quien le estampó en la pared de su casa la frase “Te voy a quemar viva”.
Diversas organizaciones exigen castigo inmediato para los culpables, entre los cuales se cuentan los funcionarios que no dieron el indispensable seguimiento a las denuncias de la asesinada, los que fueron defendidos por el gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, quien descartó que las autoridades hubieran sido omisas y agregó que las medidas de que puede disponer el gobierno no son suficientes “cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz”, y, agregamos, cuando hay funcionarios incapaces, como es el caso.
En el norte del país, la joven Debanhi Susana Escobar fue hallada muerta en el tinaco de un hotel después de varios días en los que estuvo desaparecida. El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución federal, informó que se había encontrado “un cuerpo de una femenina (sic) sin vida dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León”. Como es obvio, si la chica “desapareció” una madrugada y hallaron sus restos en un motel, se suelta la especie para que se considere que una mujer no debe andar en la calle a deshoras ni ir a un motel, aunque los hombres sí pueden hacerlo.
En la ciudad de México, Angie Lubiano fue asesinada y todo indica que el asesino es su marido, Wang Xin, de 36 años. En Cochoapa el Grande, en julio de 2021, Guerrero, una niña de 13 años fue vendida por su abuelo y un tío a cambio de 160 mil pesos para que sirviera sexualmente a un joven de 16 años cuya familia la hacía trabajar sin retribución en el campo y la obligaban a servir en las tareas domésticas. La chica huyó con ocho meses de embarazo, mientras que la madre de su consorte exige, con apoyo de la policía local, la devolución de los 160 mil pesos.
Los casos de explotación, golpes, maltrato, violaciones y muerte arrojan cifras aterradoras y en aumento. En julio se registraron 281 feminicidios en el país, cifra que sólo incluye los casos conocidos por la autoridad (y no todos), pero que resulta evidentemente muy inferior a lo que ocurre, pues la sociedad mexicana sigue padeciendo el criminal machismo.
Por supuesto, hay sectores sociales en los que se combaten las formas discriminatorias que afectan a las mujeres, pero lo cierto es que una alta proporción de las familias considera que lo “normal” es que la mujer se mantenga en una posición de inferioridad, aun cuando en muchos casos ella trabaja tanto como el hombre e incluso sea mejor remunerada, lo que no la exime de asumir las labores domésticas.
Puede parecer exagerado ese paisaje de la desigualdad de género, pero se queda corto ante la realidad. Para cambiar mentalidades y comportamientos la escuela debe trabajar, y mucho, en el combate contra esas miserias, pero debe haber leyes que apunten en el mismo sentido y autoridades que trabajen para aplicarlas debidamente. Sobre todo, lo mejor de la sociedad mexicana debe movilizarse en pro de la igualdad. Las complicidades ocurren por comisión, pero también por omisión. No las permitamos.