El revuelo nacional e internacional que ha alcanzado el caso de la hidroeléctrica La Parota hunde sus raíces en la forma como los
gobiernos federal y estatal han querido imponer el proyecto, socavando la voluntad y los derechos humanos de los campesinos e
ignorando los pactos internacionales que el mismo Estado mexicano ha firmado con la Organización de la Naciones Unidas
(ONU). Entre más hondo es el agravio, más alto es el costo social y político que se gesta para los gobiernos.
Una muestra fehaciente de que la alternancia política no necesariamente nos conduce a formas de gobierno más democráticas, es
la ausencia de mecanismos de diálogo y de consulta orientado a promover el desarrollo con equidad y justicia, tomando en
cuenta el sentir de la ciudadanía.
Las autoridades, más allá de su cuño político, se han acostumbrado a la comodidad del poder omnímodo que se caracteriza por
imponer sus decisiones, sin verse en la necesidad de informar y consultar a la población. Su ensimismamiento les impide
comprender sus obligaciones y compromisos constitucionales que están más allá de estilos, modos y comportamientos
personales.
Desde el momento en que un ciudadano se hace acreedor de un mandato popular queda circunscrito a marcos jurídicos de
dimensión municipal, estatal, nacional e internacional, que se transforman en los imperativos que la sociedad les impone a sus
autoridades para que acoten su poder y para que puedan gobernar con transparencia, rectitud y legitimidad.
Nuestra cultura política se ha pervertido tanto que las autoridades caminan en el sentido opuesto a lo que dictan nuestras leyes y
a lo que demanda nuestra sociedad. En lugar de empoderar al ciudadano, se le despoja de su estatus político, se le conculcan
derechos y se le excluye en la toma de decisiones. La nueva clase política reacciona y razona desde un pragmatismo craso,
cortoplacista, con una visión reduccionista y movida por intereses mercantilistas. No redimensiona la trascendencia de su
mandato ni de sus actuaciones. Poco valora el sentir de la población. Asume su rol como si se tratara de gobernar un feudo y
como si no existieran mecanismos de control, contrapesos sociales, políticos, ni intereses superiores a los que tiene que servir.
Se gobierna desde la mirilla provinciana y con la coraza del despotismo. Se hace tabula rasa de las grandes luchas y conquistas
democráticas promovidas por la sociedad. Se ignoran los procesos de ciudadanización de la política que se están dando a nivel
global y que en el ámbito local se vive un desfasamiento entre los planes económicos del gobierno y las aspiraciones mínimas del
bienestar ciudadano.
Los guerrerenses nos hemos enfrascado en una lucha sorda y estéril que nos tiene al borde de la exasperación a causa de que el
gobierno estatal no ha sabido atender y encauzar todo el malestar ciudadano que se centra en la falta de atención,
reconocimiento y respeto a sus demandas básicas que rayan en la lucha por la sobrevivencia. Los conflictos sociales tampoco han
tenido un tratamiento apropiado, por el contrario, se han dado desencuentros entre sociedad y gobierno que van minando la
convivencia civilizada y van haciendo más abrupto el camino del diálogo, del respeto a las leyes y los derechos humanos.
El conflicto de La Parota se ha transformado en un caso paradigmático por la profunda huella que está dejando en una sociedad
que cada día se polariza más. Las autoridades estatales al alinearse a los intereses del capital trasnacional y a los planes de la CFE
dejaron crecer un conflicto entre campesinos, que bien pudo atenderse con las herramientas básicas que todo gobierno
democrático tiene a su alcance, como el diálogo, la concertación, la mediación y la conciliación.
La estrategia impulsada desde el poder federal de simular una ruta jurídica cargada hacia los intereses del capital privado,
banalizó la fuerza del campesinado guerrerense y le apostó a las complicidades y triquiñuelas de los funcionarios públicos, para
sacar el proyecto lo más pronto posible.
Los campesinos opositores a este proyecto fueron sorprendidos y burlados, porque nunca pensaron que con el nuevo gobierno
se repetirían los vicios y artimañas del viejo régimen, que por norma manipulaba la voluntad de los trabajadores del campo y los
usaba como clientela cautiva. Con esa visión ahistórica sobre la conciencia política de los campesinos guerrerenses, se
organizaron asambleas amañadas e ilegales como mero requisito para arrancar el sí de los comuneros ejidatarios, y con ello dar
paso al atraco gubernamental.
Las autoridades estatales y federales nunca pensaron que la capacidad de resistencia de los campesinos iba a desbordar los
controles corporativos, impuestos por líderes espurios, y que el movimiento opositor estaría en condiciones de inaugurar un
nuevo modelo de lucha por la defensa de su territorio.
Ante la sorpresa del atraco, los opositores de manera instintiva tuvieron que enfrentar a las fuerzas policiacas con sus
instrumentos de labranza, para no ser excluidos de las asambleas amañadas. En este intento, lo único que lograron fue el
amedrentramiento y la represión policiaca. Su repliegue táctico destiló sabiduría y les permitió encontrar en los cauces legales el
camino seguro que les permitiera doblegar la imposición y el autoritarismo plasmados en las asambleas de Cacahuatepec, Dos
Arroyos, La Palma y Los Huajes. Sus cuatro años de lucha como Cecop les han permitido llegar muy lejos, al grado que sus voces
y reclamos han logrado ubicarse dentro de la ONU en Ginebra a través de los relatores de Vivienda y de Pueblo Indígenas.
A lo largo de estos años, el Cecop ha sabido tejer la solidaridad nacional e internacional para hacer visible ante lo ojos del mundo
las razones profundas que inspiran su lucha y que se nutren de la cultura de los derechos humanos.
Las armas de estos campesinos dejaron de ser sus machetes, ahora son los recursos jurídicos de índole internacional que han
sabido utilizar para poder contrarrestar el uso de la fuerza y de la imposición por parte de los gobiernos federal y estatal.
La demostración fehaciente en los tribunales de que algunas autoridades violentaron las leyes y sus derechos humanos, le ha
dado legitimidad y prestigio a los miembros del Cecop, porque desde su ser campesino lograron dignificar lo más sublime para
su vida, que es la defensa de sus tierras.
Desde ese lugar sagrado tendieron puentes para poder dialogar con organizaciones internacionales y con los mismos relatores de
la ONU.
Hoy los campesinos y campesinas del Cecop saben que su historia y su lucha se encuentra en Ginebra, que el tema de La Parota
está colocado como uno de los más relevantes en el campo de los derechos económicos sociales y culturales que se atiende en el
sistema universal.
No es gratuito que los relatores de Vivienda, Pueblos Indígenas, y Alimentación se hayan pronunciado a favor de los campesinos
opositores a La Parota, porque saben que les asiste la razón histórica y que además enfrentan el riesgo inminente de sufrir un
desplazamiento forzado y de quedar en un estado grave de indefensión.
Este domingo fuimos testigos, en la comunidad de Dos Arroyos, de cómo las fronteras lingüísticas no son un obstáculo para que
los campesinos y campesinas pudieran comunicarse con el relator especial de la Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada,
Miloon Kothari, de origen hindú, y Rodolfo Stavenhagen, relator para Pueblos Indígenas, de origen mexicano.
Hoy las voces de los campesinos de La Parota se anidaron en las mentes y los corazones de los relatores que en poco tiempo las
harán resonar en los recintos de la ONU, en Ginebra.