Basado en la idea de que en estos días se diseña en algún sitio de las olas de lava de la Ciudad de México, una nueva arquitectura de instituciones federales ambientales, me permito hacer a mis cuatro lectores algunos viejos y nuevos planteamientos al respecto.
Se ha manifestado por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su equipo de colaboradores el proyecto de desconcentrar a diversos sitios del país oficinas federales de la administración asentadas al día de hoy en la Ciudad de México. A la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su Sector Central, se ha informado, que le toca mudarse a Mérida, Yucatán. Por lo menos dos de sus organismos desconcentrados se mudan también, la oficina central de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se iría del área metropolitana de Guadalajara a Durango, Durango y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a Veracruz, Veracruz. No tengo claro qué se piensa hacer con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea), así como las instituciones de investigación del sector ambiental, como son el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta), con sus hermosas instalaciones en Jiutepec, Morelos, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), asentado en la Ciudad de México.
Asimismo, se ha dicho que las delegaciones federales en las entidades federativas desaparecen y serán ahora integradas en oficinas de una coordinación general en cada entidad federativa, quienes, entiendo, concentrarían sus funciones. Seguramente, su diseño se está armonizando con el proceso de desconcentración de las dependencias federales.
Obviamente, existe un sinnúmero de asuntos logísticos a resolver en esta sacudida. Los más obvios son los de la gente empleada de base o de confianza, que deberá asumir su posible mudanza. Habrá que hacer gasto de inversión para nuevas oficinas también. Tener una excelente comunicación electrónica será importante. Ahora en tiempos de las redes de información, es asunto prioritario. Todo eso implica tiempos y movimientos a considerar. Así que habrá que esperar a mayor información al respecto.
Lo que me ocupa es el asunto de que debe entenderse que la gestión ambiental es cosa seria. Hago el ejemplo de la salud humana: cuando una persona enferma o se hace un chequeo preventivo va con un médico, si se requiere un diagnóstico preciso se le hacen análisis en laboratorio, puede necesitarse de más opiniones e incluso de la intervención de un grupo de especialista médicos hasta una intervención en un hospital de primer nivel. Es igual, para seguir el símil, en el tema, de la salud de los ecosistemas; es necesario tener especialistas de diversas disciplinas ambientales desde el diagnóstico hasta el tratamiento correspondiente.
Por ello, en mi opinión, se debe hacer una profunda revisión de las capacidades actuales de las distintas dependencias del sector ambiental para atender las múltiples tareas de que son responsables. Habrá buenos y malos directores, delegados o gerentes, en el análisis caso a caso. Seguramente va a descubrirse lo obvio: en las delegaciones y oficinas centrales hay escaso personal, mal pagado para su grado de responsabilidad, sin equipo, ni recursos. Oficinas más dedicadas al trámite que a intervenir con acciones reales en la naturaleza, no se mide en ellas, ni el pH.
En consecuencia, me preocupa que el tema de los delegados y de las mudanzas desoriente el verdadero fin de las nuevas autoridades ambientales, que es el atender la creciente, grave y compleja problemática ambiental a lo largo y ancho del país, con un conjunto de instituciones ambientales con insuficiente capacidad de respuesta a ello. Si se va a hacer mudanza, hay que hacerlo, punto. Pero eso no es su fin, ni su meta real, cuidado con confundirse en estas batallas palaciegas. Pueden mudarse las oficinas a Mérida, Durango, o Veracruz y no por eso, la naturaleza como paciente va a mejorar.
Para aclarar un poco mejor esto, hago algunas reflexiones:
La Profepa tiene que ir al sitio en sus actos de inspección y vigilancia, necesita más personal, por ejemplo, de inspección especializado según el tipo de área a atender. Su trabajo está a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego, habría que ver cómo hacer menos discrecional y transparente el proceso de procurar justicia ambiental, la rendición de cuentas a los afectados por el daño ambiental. Habría que comprender hasta dónde los actuales delegados estatales como representantes del procurador de la Profepa son necesarios o no. Eso exige un análisis propio y respetuoso con quien la encabece. Seguramente, el camino de la Profepa es su autonomía, cuidando su articulación con la actual Semarnat, hay que realizar la reforma legal en el Congreso dentro del plazo más corto posible.
En el área de atención de la Conanp crecen y crecen el número y las superficies de áreas naturales protegidas, obviamente no ha crecido en paralelo el presupuesto de la institución. Necesitan más personal técnico. Habría que revisar su modelo de coordinaciones regionales y de direcciones de áreas naturales protegidas. Revisar el propio modelo de áreas naturales protegidas, si está siendo suficiente para catalizar el desarrollo de la gente que vive en ellas y en su entorno. Soy un fiel creyente de que si las comunidades asumen compromisos de conservación se pueden lograr buenos resultados para conservar el patrimonio biocultural del país. Hay que apoyar esos compromisos de conservación comunitaria. Dentro del debate en el Legislativo de la conservación de la biodiversidad viene una oportunidad para replantear el quehacer de la Conanp.
Ha sido un problema que la Conagua se articule con las políticas públicas del sector ambiental. Por el peso de su presupuesto, a muchos de sus directores les cuesta reconocer al secretario de la Recursos Naturales como su jefe inmediato. Esto ha repercutido, en que no se ha tenido en sucesivas administraciones, tanto a nivel central como de sus gerencias locales, la voluntad real de hace que la gestión del agua se aborde en forma integral, articulada y multidisciplinaria. La visión de gestión del agua por cuenca es idónea, pero en los hechos esto no sucede. Esto se evidencia en el problema histórico de ineficiencia, opacidad y mala orientación de su elevado gasto. Se ha gastado demasiado en grandes proyectos hidráulicos, ahí están las eternas obras de desagüe y abastecimiento en el Valle de México. Las grandes obras de plantas de tratamiento de aguas residuales caras y sin operar a lo largo y ancho del país. Creo, que una posibilidad para orientar esto, es promover y expedir conforme al mandato constitucional a la brevedad posible la nueva Ley General de Aguas, con una clara priorización del gasto para no seguir generando asimetrías en la inversión del agua, con una prohibición a implementar tecnología de alto riesgo contaminante como el fracking. De esta Ley General, por tanto, debe derivarse el nuevo diseño institucional de la Conagua.