Es importante indicar que, en las políticas convencionales relacionadas a la jerarquía de manejo de residuos, el propósito primordial de dicha política es tomar medidas para evitar que se generen residuos. Por ejemplo, el propio nombre de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos así lo comunica. La siguiente medida por orden de prioridad consiste en reducir los residuos (por ejemplo, a través de la reutilización).

El reciclaje, incluido el compostaje o la digestión anaeróbica, es la siguiente medida, seguida por las de valorización de materiales y de conversión de residuos en energía. La última medida es la eliminación, ya sea en rellenos sanitarios o mediante incineración sin valorización energética. Esta medida es el último recurso para los residuos que no se han podido evitar, desviar o recuperar en los pasos anteriores. Por debajo de la incineración sin valorización energética o de los rellenos sanitarios debidamente diseñados y administrados, se encuentran los basureros controlados y no controlados en los que a menudo se depositan los residuos.

De lo anterior, se debe comprender que, si uno separa los residuos orgánicos e inorgánicos, esta separación debe ser orientada a procesos de reciclado, en el caso de los orgánicos a compostaje de manera prioritaria, antes que a la producción de energía. El principio es no incinerar materiales reciclables. Pero habría que comprender que es la incineración.

La incineración trata de cualquier proceso destinado a la transformación de los residuos a través de procesos de combustión que generan calor y que en un ambiente rico en oxígeno pueden incluir la pirólisis, gasificación y el plasma. La diferencia con la termovalorización es que una forma de incineración de residuos, pero se diferencia de manera convencional, como un proceso térmico orientado a extraer la energía contenida en los residuos en general (conocidos como procesos Waste to Energy).

Es decir, en la que los residuos actúan o son convertidos en combustible con el nivel de eficiencia energética y requisitos ambientales solicitados por la autoridad correspondiente. Esto último es importante enfatizar, ya que se debe calcular necesariamente en el balance energético, la pérdida de recursos y energía que se utiliza para producir el material que se está incinerando o en su caso termovalorizando. Existe estudios que demuestran que se invierte demasiada energía en producir un material, y que esta energía invertida se va a perder al ser usado ese residuo como combustible para producir energía.

Es decir, si se quiere ser congruente con la jerarquía de residuos, y desde el punto de vista de la conservación de la energía, según el análisis de ciclo de vida, la incineración de la materia orgánica y otros residuos inorgánicos, ya separados no debería ser opción en las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes a expedir por la autoridad ambiental.

De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte igualmente, que la incineración Waste to Energy (WtE), como sería el caso de la termovalorización no es la solución a los problemas de la generación de residuos:
“Si bien la incineración WtE es una de las opciones para la reducción del volumen de desechos y la recuperación de energía, sólo una economía circular garantizará la disminución de la generación de desechos per cápita y ofrecerá una solución a largo plazo al problema global de los desechos. La incineración WtE es sólo un elemento potencial de muchos en un sistema de RSU en funcionamiento.

Las plantas de incineración WtE por sí solas no pueden resolver los problemas de residuos existentes, y las decisiones sobre la selección de la incineración WtE como tecnología apropiada deben tomarse sobre la base de un plan de gestión integrado de RSU en la ciudad o país respectivo”. Disponible en: https://www.unenvironment.org/ietc/resources/toolkits-manuals-and-guides/waste-energy-incineration.

Es decir, una política de residuos debe buscar siempre hacer cumplir los principios de la jerarquía de manejo de residuos. Hay que orientar dicho manejo no sólo a prevenir la generación de residuos, sino al reúso y reciclaje de estos. Se trata además de proteger los sitios de trabajo de las personas que se dedican a esas actividades, sobre todo los llamados pepenadores o recicladores.
Mi preocupación actual es que el conjunto de fuerzas políticas dominantes en México se ha puesto de acuerdo políticamente hablando, salvo algunas mínimas honrosas excepciones, en impulsar reformas legales a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Estas fueron aprobadas a través de sendos albazos legislativos en diciembre del año pasado en el Congreso de la Unión y publicadas infortunadamente en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 y 18 de enero de este año. Dichas reformas vienen acompañadas de una campaña mediática con el objetivo de que la ciudadanía crea que una solución simple y fácil a la problemática de residuos es incinerarlos, bajo el subterfugio de generar energía o posibilitar la entrega de más residuos como combustible para los hornos de las cementeras a través del denominado co-procesamiento.

Estas reformas legales realizadas no ayudan en nada al tema de promover el reúso y el reciclaje de los residuos para que sean considerado como una parte indispensable de la economía circular. México va en los hechos hacia atrás con relación a la gestión de residuos mediante la economía circular, que implica finalmente no producir más residuos.

Da la impresión, que el país va en contra de lo que predomina en otros países del mundo, como es el caso de los países de la Unión Europea, así como en contra de lo que postulan los organismos internacionales como el citado Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Existen muchas razones de salud, ambiente y clima. Los países europeos en su momento impulsaron los procesos de incineración.

Pero ahora lo están abandonando, para transitar con metas de reducción de residuos en el contexto de la economía circular. Por ejemplo, la Unión Europea contará con un objetivo común para reciclar al menos el 55 por ciento de los residuos municipales en 2025. Esta meta avanzará hasta el 60 por ciento en 2030 y al 65 por ciento en 2035. Para el año 2035 se proponen sólo eliminar el 10 por ciento de los residuos en sitios de disposición final.

Posiblemente, entonces al estar cerrándose mercados como los europeos a la industria de la incineración buscan nuevos países en donde incursionar, como es el caso de México. Por ello, deben crear condiciones legales para facilitar sus proyectos de vender las tecnologías para generar energía con residuos.
En consecuencia, el riesgo es que tomadores de decisiones como son presidentes municipales sean convencidos o comprometidos a aceptar que la solución mágica para sus problemas con los residuos sólidos urbanos es tener una planta de incineración que genere además energía.

En lugar de hacer un programa municipal de gestión de residuos que acate primeramente la jerarquía de manejo de residuos. Peor aún, dado que ese tipo de industrias de incineración implican fuertes inversiones y plazos largos de recuperación de inversión, se hagan contratos que literalmente comprometan o empeñen el futuro de esos municipios, incluso de que en administraciones posteriores difícilmente puedan cambiar el modelo de incineración de residuos, ya que pueden enfrentar complicados y caros litigios internacionales.

Creo firmemente que quienes estén en el Congreso de la Unión deben revertir esas reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Estoy cierto que el presidente López Obrador no ha sido correctamente informado de estas reformas legales por los directamente responsables de hacerlo, de las consecuencias para el ambiente, para la salud humana, para los más pobres que son los pepenadores y los que viven en el entorno de las cementeras. La ciudadanía debe demandar su derecho humano constitucional a la salud y a un ambiente sano.

En la próxima visita de su diputado o diputada, que seguramente va a estar en campaña para reelegirse debe de explicar el sentido de su voto y debe de asumir el compromiso público con nuestros citados derechos constitucionales. Por otro lado, los que quieran ser presidentes municipales que se comprometan a entrar realmente a la separación de residuos, al reúso y al reciclaje, y no vayan a entrar en aventuras cuando les lleguen a vender los espejitos. Para eso son las campañas electorales en las democracias.