Es muy frecuente escuchar a quienes dicen “aquí estamos en paz”, “en este lugar no pasa nada” o “nos sentimos seguros”. Esto pasa en localidades, en regiones y, aún, en ciudades. Se tiene la idea de que la delincuencia organizada no pone en riesgo la tranquilidad social en el entorno próximo. Sin embargo, aunque haya violencias menos visibles como las extorsiones, el cobro de piso, el tráfico de armas y de personas, tal parece que no pasa nada. Suele haber una percepción de que vivimos en paz. En fin, lo que sucede es que los delincuentes establecen sus reglas, dan seguridad y hacen justicia a su modo.
Incluso, hay autoridades que se jactan de los tiempos de tranquilidad porque no hay acciones violentas brutales y visibles, tales como masacres, desapariciones, homicidios y desplazamientos forzados. Y suelen llamar a esos tiempos como tiempos de paz. Hace años, la delincuencia organizada se circunscribía al narcotráfico y con el correr del tiempo se ha ampliado a otros negocios que les resultan muy rentables, como es el caso de las extorsiones. Por eso, el vocablo “pax narca”, se refería, en un principio, a la supremacía de un cártel de las drogas sobre los demás, imponiendo sus reglas, propiciando tiempos de “relativa tranquilidad” y de bonanza económica para sus negocios ilegales.
En realidad, la así llamada “pax narca”, se da cuando disminuye la violencia porque una banda del crimen organizado se impone sobre las demás, controlando la plaza en una ciudad, o el territorio en una población o en una región. En efecto, en estas circunstancias, suelen disminuir las acciones violentas acompañadas de una bonanza en los negocios de las bandas criminales. Ahora, ese término “pax narca” se aplica cuando una banda criminal impone sus reglas en cualquiera de sus negocios, como el huachicoleo, las extorsiones, el tráfico de migrantes o la trata de personas.
Estamos ante un grave problema, cuando se concesiona el control absoluto de la violencia a un grupo delictivo que impone la así llamada “pax narca”, una verdadera simulación de la paz con justicia. Esta es una situación que se ha multiplicado en Guerrero, en casi todas sus regiones. En estos casos, quienes toman las decisiones en cuanto a seguridad son los delincuentes; y son ellos también quienes deciden sus treguas y sus formas de control de la población. Ahora, en las actuales circunstancias, no están siendo los gobiernos, quienes toman las decisiones en cuanto a seguridad y en cuanto a justicia.
No puede confundirse la “pax narca” con la “paz con justicia”, que es otra cosa muy diferente, donde prevalece el Estado de derecho y las instituciones públicas tienen la capacidad para garantizar los derechos humanos y proteger a la población de las acciones violentas. Para que en México tengamos esa paz con justicia tenemos que recorrer un largo camino, mediante un proceso de justicia transicional, ya que el sistema de justicia convencional que tenemos no tiene la capacidad para resolver la grave crisis de justicia y de derechos humanos que se ha evidenciado en el altísimo e histórico nivel de impunidad.
¿Por qué es necesaria la perspectiva de derechos humanos, que sustenta la justicia transicional para resolver el gran rezago de justicia y la crisis de inseguridad? Porque el Estado y todas sus instituciones tienen la obligación de promoverlos y de garantizarlos… y ha estado fallando. Ha permitido y ha colaborado, por presión o por colusión a que la delincuencia vulnere a la sociedad de manera masiva y sistemática. La delincuencia organizada ha aprovechado la debilidad institucional, las ambiciones políticas y la corrupción pública para hacer de las suyas. Y para hacer frente a la delincuencia organizada se hace necesario hacerle frente a la disfuncionalidad del Estado y de sus instituciones, que no han hecho su trabajo de garantizar la seguridad ni de preservar la paz. Por ello, si hay que poner en su lugar a los delincuentes, tenemos que poner en su lugar a las instituciones y hacer las reformas legislativas e institucionales necesarias para que haya condiciones para la seguridad humana. Para eso es la justicia transicional.
La justicia transicional, que se hace necesaria en sociedades que se transforman a sí mismas después de periodos de violaciones masivas a los derechos humanos o de regímenes autoritarios, corruptos y violadores de las garantías individuales, busca crear instituciones responsables y confiables para hacer accesible la verdad y la justicia, sobre todo para los sectores más vulnerados. También busca facilitar los procesos de paz y la resolución duradera de los conflictos, atendiendo a sus causas y, también, se enfoca a generar procesos de reconciliación social. Implica procesos penales para los responsables de los crímenes, procesos de esclarecimiento de la verdad, acciones para la reparación de los daños, garantías para la no repetición de los crímenes y reformas jurídicas e institucionales que aseguren la administración de la justicia.
La justicia transicional tiene un enfoque holístico en cuanto que contribuye a la reconstrucción del tejido social, al fortalecimiento de las instituciones públicas, al impulso de la democracia, y a construir caminos de reconciliación y de paz. Se trata de dar un salto hacia adelante para abatir los factores de la violencia mediante la participación social, sobre todo de las víctimas, y el fortalecimiento del Estado de derecho. La transición hacia la justicia no solo se contempla en el acto de castigar al culpable de un crimen ni en la reparación del daño, sino en la construcción de las condiciones necesarias para que el acceso a la justicia sea una realidad para todos.
Esto quiere decir que la justicia transicional busca establecer las condiciones para que los derechos humanos sean garantizados a todos, construyendo un contexto de seguridad ciudadana en el que tendrían que incluirse el desarrollo integral y sustentable, la democracia participativa y la cultura de la paz.
La justicia transicional requiere una mirada de largo alcance, más allá del periodo de un sexenio de gobierno, aunque requiere también de decisiones políticas inmediatas como las relacionadas con la corrupción y la impunidad, con las políticas públicas favorables a los sectores más vulnerables y con el talante ético de la administración pública. México estaría muy bien servido si en un sexenio se pusieran las bases para una transformación profunda de los factores que han generado y desarrollado la violencia, como un cáncer doloroso.
La justicia transicional implica el esclarecimiento de la verdad de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la reparación de los daños, el castigo restaurativo a los criminales, procesos de perdón y de reconciliación, preservación de la memoria histórica y reformas legislativas e institucionales. Además, se hace necesario el respaldo de organismos internacionales.
¿Qué hacer con los delincuentes? Hay que transformar el sistema de justicia y el sistema penitenciario para someterlos a un proceso de restauración que los recupere para la sociedad. No basta con castigarlos, hay que restaurarlos para que recuperen su dignidad. Esta es una de las tareas de la justicia transicional: sanar a nuestra sociedad enferma, ofrecer la oportunidad de reparación a quienes reconozcan sus crímenes y dignificar a las víctimas del delito y de violación de los derechos humanos.
Como podemos ver, la construcción de la paz con justicia necesita un largo y complejo proceso que en nada se parece a la “pax narca” patrocinada por los grupos criminales. En los procesos de paz los delincuentes serían tomados en cuenta en cuanto que necesitan del apoyo para incorporarse y restaurarse como personas en la sociedad. Por tanto, hay que transitar desde la “pax narca” en la que prevalece el miedo, la incertidumbre, la ilegalidad y mil simulaciones, hacia la paz con justicia mediante un largo y complejo proceso de justicia transicional. La “pax narca” es una verdadera simulación de la paz con justicia que todos hemos permitido con resignación, con un aire de derrotados por la delincuencia.