Con la ilusión de poder  hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 300 familias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Zitlala desde el pasado domingo 17 de febrero, se instalaron en Palacio Nacional. Han hecho guardia todas las mañanas para encontrar la oportunidad de establecer un contacto que les permita entrevistarse con el presidente. Con pancartas han tratado de llamar la atención a la hora que entran los funcionarios para acudir a la reunión con el Ejecutivo federal.
El lunes por la mañana fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien escuchó sus principales demandas y les planteó que la dependencia va a “armar un plan de trabajo”, para responder a sus planteamientos. Con esa promesa regresaron al plantón y reanimaron al contingente que cada noche sufre los estragos del frío, ante la falta de cobijas y de algún domo que haga menos pesadas las horas de la madrugada.
El martes el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, preocupado por la protesta que hacían las familias desde las 5 de la mañana, se bajó del vehículo y les dijo: “Me dan lástima que estén aquí, les prometo que al ratito los van a atender”. Con esa promesa se mantuvieron en pie en la puerta del histórico inmueble, esperando la hora para dialogar con el secretario. Permanecieron toda la mañana. Después de las 2 de la tarde llegó un asistente de Durazo para avisarles que su jefe se había ido con el presidente a Monterrey. Como siempre, sólo se cubrió la formalidad, para no dar la impresión de que fueron ignorados.
El mismo lunes 18 una de las madres de familia de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, dio a luz a un niño en el hospital Gregorio Salas. Los médicos la intervinieron de emergencia y el niño Liam nació a las 4 de la tarde. Para recuperarse de la cesárea, la mamá que habla nahua tuvo que permanecer en el hospital hasta el miércoles por la noche.
Desde el jueves el bebé duerme con su mamá sobre las banquetas del Palacio Nacional. Ahora forma parte del contingente de personas desplazadas a causa de la violencia que se vive en varias regiones del estado. Son más de 83 niños y niñas que han dejado la escuela para jugar en medio del barullo de la gran ciudad capital. Más de 30 jóvenes se organizan para cuidar los baños portátiles que rentan y otros más reparten volantes. Algunos papás se encargan de recolectar víveres, y otros programan reuniones con organizaciones solidarias. Las mamás y algunas jóvenes se distribuyen tareas para hacer el aseo y preparar los alimentos. Nunca imaginaron que llegarían a la enorme plancha de cemento del corazón del país, para improvisar cobertizos donde dormirían y comerían, con el único fin de ser escuchados y escuchadas por el presidente de la República. A pesar de que algunos medios periodísticos han publicado el problema que enfrentan, hasta la fecha no han recibido una respuesta satisfactoria a sus demandas más sentidas.
De acuerdo con testimonios de las personas desplazadas, desde hace seis años se dio el primer caso que afectó a varias familias de la sierra. Ellos lo atribuyen a los problemas que existen entre los grupos de la delincuencia organizada. Según se sabe hubo una fractura del grupo de Los Rojos, que repercutió en toda la sierra de Chilpancingo. La división se debe al control por el trasiego de la droga en el corredor principal que va de Chilpancingo a Cuernavaca. En esta región se han organizado varias comunidades de la sierra que conformaron la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, con el fin de demandar a las autoridades estatales que legalicen la siembra de la amapola. Por muchos años, esta región se transformó en el principal enclave de la producción de heroína, que con el apoyo de actores estatales y grupos de la delincuencia organizada, abrieron una ruta transnacional que llega hasta Chicago.
Recuerdan que el 4 de octubre del 2013 se suscitaron varios enfrentamientos por el control territorial y así se ha mantenido este clima de confrontación entre los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Lo más grave es que las autoridades dejaron crecer los conflictos. Enviaron tropas que al final de cuentas no fueron ningún factor de disuasión, mucho menos una fuerza que lograra imponer el orden. Más bien, los grupos establecieron acuerdos por debajo de la mesa, para que cada uno pudiera realizar sus actividades ilícitas en los territorios donde lograban imponerse con la fuerza de sus armas.
Recuerdan que la balacera más fuerte se registró el 5 de septiembre de 2018. Duró más de 9 horas, en los poblados de Puentecillas y Ranchito. A pesar de que fue un enfrentamiento que causó muchas muertes las autoridades se mantuvieron al margen, los mismos militares comentaban a la gente que no podían intervenir porque se trataba de un conflicto entre dos grupos. Desde esa fecha, se dio a conocer el Frente Unido de la Policías Comunitaria de Guerrero, que han tomado por asalto varios pueblos del municipio de Leonardo Bravo. Las familias desplazadas señalan que el 11 de noviembre del 2018, llegaron personas armadas de varios lados. Entraron primero a la comunidad de Corralitos y después a Puentecillas. Ante esta incursión la gente se salió de sus comunidades y se concentró en la comunidad Campo de Aviación. Creyeron que las autoridades iban a prestarles auxilio, sin embargo, nunca llegaron. No tuvieron otra alternativa que refugiarse en la comunidad de Los Morros, porque ahí se encontraba un destacamento militar. La gente notó que el Ejército se mantuvo indiferente ante la irrupción de los grupos armados de la parte alta de la sierra, desplazándose hacia otro lugar. Las familias decidieron bajar a la cabecera de Chichihualco, con el fin de pedir auxilio al presidente municipal. Se refugiaron en el auditorio y con la denuncia pública y la presión a las autoridades programaron su retorno el 17 de noviembre pasado. A pesar de que iban escoltados por militares y varios cuerpos de la policía del estado, los grupos que conforman el Frente Unido de Policías Comunitarios empezaron a disparar después de que habían pasado la comunidad de Los Morros. La balacera que procedía de varios cerros obligó a que los más de 100 carros que iban en la caravana, regresaran a Chichihualco.
Desde esa fecha se han mantenido en calidad de desplazados, no han encontrado en el gobierno del estado eco a sus demandas y más bien los han dejado en total indefensión. En primer lugar porque la situación de la sierra sigue siendo grave. Los grupos que controlan varias comunidades del municipio de Chichihualco, han declarado abiertamente que no van a permitir el retorno de estas familias, porque han emplazado a los gobierno federal y estatal a que resuelvan el problema de la violencia y que ha no intenten desarmar a los policías comunitarios “porque nuestra postura es de disparar”. Para ellos con la salida de estas familias la región “se ha tranquilizado”, y que ahora más bien el problema está en la capital del estado, porque sus gentes no pueden llegar, porque ahí los matan.
En segundo lugar las familias desplazadas no encuentran una interlocución adecuada que dimensione el grave problema de su desplazamiento forzado a causa de la violencia. Se han dado más bien fricciones con las autoridades del estado y no existe voluntad política para entrar a un proceso de conciliación en la región serrana. Por esta razón, decidieron plantarse en la explanada de Palacio Nacional, para solicitar la atención del presidente de la República. Se cumplen ocho días que no han encontrado la respuesta de las autoridades. Siguen esperando el plan de trabajo que el subsecretario Alejandro Encinas les prometió elaborar para garantizar el retorno a sus comunidades.
Han demandado el repliegue de los grupos armados que incursionaron a sus comunidades y que mantienen ocupados sus territorios. Solicitan que se delimite un perímetro de seguridad entre los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo. Demandan sobre todo que el gobierno retome el control de la seguridad pública en la región, que garantice la reparación de los daños que han sufrido las familias desplazadas. Por su parte las familias desplazadas de Tlaltempanapa demandan su reubicación en otra región, porque saben que su retorno significa la muerte de los 72 integrantes que se refugiaron en el municipio de Copalillo.
Las 300 familias que este lunes cumplirán ocho días en la explanada de Palacio Nacional son una muestra clara de la crítica situación que se vive en la sierra de Guerrero, donde la ley que impera es la de las armas y las balas. La presencia del Ejército y de las corporaciones policiales no ha sido una garantía restablecer el orden, por el contrario para las familias desplazadas existe contubernio con los grupos civiles armados. Es inaudito que las autoridades dejen a su suerte a niñas, niños, mujeres y hombres que huyeron de la violencia y que han tenido que acudir hasta la sede de la Presidencia de la República para exigir que la autoridad cumpla su responsabilidad de proteger su vida y su integridad física y de ser garante de la ley y del orden, tan ausente en el estado.