La tragedia de Iguala es una muestra de una tragedia mayor, que es nacional. La primera logró visibilizar a la segunda y ese es su gran mérito. Además de su relevancia humanitaria, tuvo y sigue teniendo una relevancia política, que ha servido para empujar la agenda de los desaparecidos en México. Según cifras oficiales, hay alrededor de 26 mil personas no localizadas o desaparecidas, las que representan un desastre social de grandes proporciones, que no ha recibido la atención que requiere ni de los gobiernos ni de la sociedad misma.
La desaparición de personas, como tema humanitario, es como un abismo que no tiene fondo en términos cuantitativos y cualitativos. Su número, alarmante y creciente deja ver que hay multitudes de familias que viven bajo la sombra de esta desgracia nada comparable a otras desgracias en las que, al menos, se tiene una certeza acerca del destino de quienes han sido violentados. Y, por otra parte, el significado oscuro que tiene una desaparición en términos humanitarios, pues representa una afrenta contra la humanidad misma, sea quien sea la persona desaparecida, sean quienes sean sus familiares que la siguen buscando, y sean quienes sean sus victimarios. Los 26 mil desaparecidos en México durante la última década representan, pues, un desastre humanitario, una herida profunda en las comunidades a las cuales pertenecieron o siguen perteneciendo. Y las secuelas ahí están: dolor, enojo, frustración, desconfianza, entre otras. Tenemos una humanidad enferma en situación de emergencia.
Pero, también, la desaparición de personas ha tenido su impacto político. Uno de ellos es la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, en la que un numeroso grupo de colectivos de familiares de desaparecidos está empeñado para que recoja sus necesidades y sus experiencias de manera que sea eficaz para la búsqueda, para la verdad y para la justicia. Ha habido un intenso activismo entre estas organizaciones, las autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado, contando con la interlocución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es de esperarse que esta ley sea una herramienta que esté a la altura de este magno dolor de México.
En este lugar, es importante mencionar el arduo esfuerzo realizado por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que con su lucha han ido abriendo un camino para que las instituciones públicas responsables de este tema en el país, den respuestas ciertas a su demanda de encontrar a sus hijos. Esta lucha política ha sido fundamental para obligar al Estado mexicano a reconocer la magnitud de esta herida nacional y para que vayan cayendo, palmo a palmo, las objeciones y resistencias institucionales de manera que se llegue, eventualmente, a la verdad, a la justicia de este caso emblemático y de los 26 mil restantes.
Si bien se pueden distinguir los diferentes procesos llevados por las decenas de organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y por los padres de los 43 de Ayotzinapa, no conviene separarlos porque solo juntos pueden mostrar la real dimensión de la tragedia nacional de los desaparecidos. Juntos pueden tener el impacto social y político que se requiere para movilizar a la sociedad en torno a las justas demandas de las familias de los desaparecidos, y juntos pueden tener mayor eficacia política para que las instituciones del Estado estén en condiciones de hacer su trabajo para prevenir nuevas desapariciones y para atender las que ya están doliendo.
Pero también, hay que dar pasos para que estos procesos se enlacen porque estructuralmente están vinculados por el mismo dolor, por la misma esperanza, por la misma lucha. El reto es despertar una solidaridad fraterna y humanitaria entre las diversas organizaciones de desaparecidos. Las divergencias políticas que haya entre ellas deben estar en segundo plano para dar primacía a la tragedia humanitaria, en la cual todos somos semejantes porque duele tanto una desaparición forzada como una desaparición por particulares, duele tanto una desaparición de un estudiante normalista como la desaparición de un campesino de la montaña que nadie reclama.
Hay que recordar que en los primeros meses después de la tragedia de Iguala, se dio una avalancha nacional e internacional de solidaridad con los padres de los 43, que desbordaba toda expectativa, la que tenía fundamentalmente un carácter humanitario, aunque no carecía del talante social y político que requería también. Lo que importa es que las movilizaciones y demás acciones relacionadas con los desaparecidos beneficien a todos los desaparecidos de México, aún a los olvidados o aquéllos cuyas familias siguen envueltas en el miedo. Todos son nuestros hermanos y requieren nuestra solidaridad.
Por otra parte, se requiere promover una solidaridad social amplia. Que la sociedad se apropie de esta preocupación, que rompa la indiferencia y se haga sensible al dolor y a la esperanza de todas las familias de los desaparecidos de México, que las abrace como carne de su carne y que acompañe solidariamente cualquier esfuerzo que se haga para buscar y encontrar a todos los desaparecidos.