En un ambiente de fiesta concluyó en la CDMX (así se llama hoy la capital del país), la Asamblea Nacional del PRI,  cuya militancia advierte permanecerá en el gobierno cuando gane las elecciones por la Presidencia de la República.
Si se analizara el lenguaje corporal de los puristas, debiera aceptarse que todo va viento en popa y sólo hay preocupación por “algunos” malos puristas que traicionaron principios y valores comunes, en especial corrupción e impunidad, pero a quienes el propio partido ya ha corregido, puesto que son perseguidos por las autoridades policiacas en México y el extranjero.
El PRI suprimió los candados que le impedían una mejor relación con la militancia y la sociedad, pues establecía requisitos de militancia y comportamiento superados. Hay quienes ven en esta apertura el franqueo de la candidatura a la presidencia o a otros cargos al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, quien se ha abstenido de militar en partido político alguno aunque ha sido secretario de Estado en gobiernos panistas y priistas y hoy es un fuerte precandidato presidencial por el PRI.
Hay varios aspectos evidentes en la asamblea del sábado pasado: luce un PRI nuevamente hegemónico, revitalizado y con actitud de haber “recuperado lo invencible”. Y aunque las encuestas dicen que la mayoría de los encuestados lo califica de robo, el resultado electoral en el Estado de México dio nuevos alimentos al grupo mexiquense gobernante y una gran mayoría cree que fue un laboratorio exitoso de lo que ocurrirá, a nivel nacional, en julio del próximo año: compra de votos, captación y cooptación de los ciudadanos, división de la oposición, activismo electoral gubernamental y uso de recursos de origen diverso y no siempre legal.
Soslayó la asamblea el delicado tema de la gobernabilidad o gobernanza, porque es, sin duda alguna, otro de los faltantes del gobierno sea del partido que sea. De la violencia también se hizo caso omiso, pues los resultados son magros y hasta comprometedores. Otro gran faltante estatal y federal. Allí estuvo el gobernador Héctor Astudillo, cuyo estado es poco presumible en la actualidad.
Simultáneamente a su asistencia al cónclave priista, en el estado de Guerrero ocurrieron acontecimientos que demuestran la auténtica realidad.
La radiografía plasmada en el informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con motivo de su XXIII aniversario, sobre la situación de violencia e inseguridad en Guerrero y el dominio territorial que ejerce la delincuencia organizada, es tan elocuente como descorazonadora.
En el documento dado a conocer en Tlapa el mismo sábado con el título Guerrero: mar de luchas, montaña de ilusiones, Tlachinollan concluye que la porosidad de las instituciones de justicia y seguridad ha dado cabida a grupos delincuenciales que se disputan el territorio estatal y que han desatado la violencia al amparo de una impunidad que rebasa la media nacional, y han convertido a Guerrero en un “estado mafioso”, en el que incluso hay alcaldes y legisladores supeditados a las decisiones de las bandas que impulsaron o financiaron sus candidaturas, o de plano son parte de las estructuras criminales.
En esa dinámica, el texto ya reseñado en este diario menciona la existencia de hasta 14 grupos criminales que operan en el territorio guerrerense, entre ellos el Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos, Guerreros Unidos, residuos de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, Los Tequileros, el Cártel del Sur, los Granados, los Ardillos, y hasta La Barredora y El Comando del Diablo.
Ante el virtual desfondamiento de las estructuras de seguridad y justicia se ha producido el fenómeno de las guardias comunitarias, que en opinión de Tlachinollan, la mayoría nace de la preocupación genuina de las comunidades indígenas y campesinas para contener la avalancha delincuencial, y se erigen como custodios de sus territorios. Pero a la par con éstas han surgido otros muchos cuerpos de civiles armados que no provienen de ningún movimiento popular o comunitario, sino que son iniciativa de los capos que dominan sus regiones, quienes les proveen de armas, vehículos y uniformes.
Estas supuestas policías comunitarias se convierten entonces en brazos del crimen organizado y contribuyen a reforzar el control de la delincuencia sobre sus territorios.
Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Chichihualco en días pasados, donde según versiones periodísticas luego de un operativo fallido para aprehender a El Señor de la I, líder del Cártel del Sur, el cual terminó en una emboscada en la que un agente fue muerto y otros más heridos, la entrada masiva de la Policía Federal motivó la inconformidad y la exigencia de su salida por parte de muchos pobladores de la cabecera municipal, lo que lograron pocos días después; ahora, la gente del lugar ha instalado retenes para evitar un eventual regreso de los cuerpos federales de seguridad.
Todo ello, en un sitio que desde hace muchos lustros es conocido por el cultivo y trasiego de la amapola, convertido en una industria que derrama beneficios entre quienes la cultivan, la procesan, la transportan, incluso quienes vigilan de ella y de los que se acercan.
Es claro que la presencia de cualquier extraño, sobre todo si forma parte de una fuerza de seguridad, resulta en ese panorama un inconveniente y un riesgo para el negocio, vuelto ahora mucho más productivo ante la creciente demanda registrada en el mercado estadunidense para los derivados del cultivo.
La administración actual se acerca a cumplir su segundo año, y la promesa de abatir sustancialmente la violencia y la criminalidad en el lapso de un año se advierte incumplida y cada vez más lejana.
Por ello el informe de Tlachinollan suena terrible pero no sorprende a nadie. Ya todos sabemos lo que nos ocurre. Lo que nadie encuentra es cómo revertirlo. No existe la montaña de ilusiones a que hace alusión el documento.
Igual a lo ocurrido en la Asamblea del PRI, que se unifica y prepara a dar la gran lección de operación electoral. De gobernabilidad mejor ni hablar, es mejor seguir haciendo campañas publicitarias que hacen creer (eso creen quienes las hacen) que todo es color de rosa, como las tarjetas a cambio de votos al PRI en el Estado de México.