Las Fuerzas Armadas hacen lo suyo. Y lo suyo no es ser policía de proximidad sino recurso de última instancia. Hay que examinar los casos de policía efectiva y tratar de replicarlos y mejorarlos.

Si al despuntar este siglo en Ciudad Juárez la esperanza de vida de los hombres era de 66.8 años, la violencia llevó a que en 2010 fuera de 57.7 años (Manuel Ordorica, Coyuntura Demográfica, no. 9, Diciembre, 2015, p. 17). La revista Zeta de Tijuana lleva un registro minucioso de las cifras de la violencia en México. Según esa fuente, entre diciembre de 2012 –inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto– y enero de 2017, el número de ejecuciones en el país fue de 90 mil 634, (www.zetatijuana, 12 de marzo), y si se agregan los 5 mil 799 homicidios registrados entre febrero y abril (El Financiero, 22 de mayo), el total es ya de 96 mil 433. Al final de este sexenio, la cifra pudiera igualar o superar a la del anterior: 121 mil 163. Por su parte, entre 2007 y 2016 la Secretaría de la Defensa registró 3 mil 921 encuentros violentos entre el Ejército y el crimen organizado: ¡1.07 por día! (La Jornada, 13 de mayo). Y pueden acumularse más indicadores.
México hoy es una zona de desastre en seguridad y violencia. Las propuestas para prevenir el delito y combatir al crimen organizado no faltan, pero a estas alturas del sexenio a lo más que se puede aspirar es a que la situación no empeore. Sin embargo, desde la sociedad hay que ahondar en la discusión de las causas, efectos y posibles soluciones a la violencia e inseguridad galopantes para actuar en la coyuntura política que pudiera abrirse con el cambio de gobierno en 2018.
En un seminario sobre violencia y paz que desde hace tiempo dirige Sergio Aguayo en El Colegio de México, el 16 de mayo se abordó el tema “¿Qué hacer con las policías?” El ponente, Raúl Benítez Manaut, discutió las profundas contradicciones legales y políticas que implica la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de policía. Benítez examinó errores de fondo en la política de seguridad actual y presentó los varios modelos posibles de policía para nuestro país. Inevitablemente, el examen tocó el polémico tema de la militarización o semi militarización en esos modelos. En la discusión, Jorge Amador Amador, director de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl (CN), argumentó en favor de mantener y actuar políticamente en función de la diferencia en la naturaleza de las tareas y de las conductas propias de militares y policías. Vale la pena ahondar en el tema.
Amador apuntaló sus afirmaciones con la experiencia en CN, cuya “policía vecinal de proximidad” –alrededor de 2 mil elementos en un municipio de un millón 140 mil habitantes– fue reconocida en 2015 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con el premio “gobierno y gestión local” en un concurso de 159 proyectos con impacto social. Lo notable fue que entre 2013 y 2015 la acción política y policiaca bajó en 64% el índice delictivo de CN (El Universal, 2, diciembre, 2015).
La acción de las fuerzas armadas, sostuvo Amador, está basada en un concepto de mando central y vertical, donde la superioridad diseña y ordena las operaciones con base en su información de inteligencia. En ese modelo, los subordinados, entrenados básicamente en el uso a fondo de la fuerza, deben cumplir con lo ordenado; las consideraciones sobre las consecuencias y efectos de su acción son tema relevante para “la superioridad”, no para la tropa.
En contraste, en el modelo implantado en CN, el policía de a pie debe evaluar en cada caso las posibles consecuencias de su acción, en particular del uso de la fuerza. De antemano el policía no puede saber cómo tendrá que proceder tras tomar contacto con una situación problemática. Deberá usar su criterio y sensibilidad antes de actuar. Idealmente, debe ser conocedor de los derechos ciudadanos y estar familiarizado con el entorno social y cultural, conocer el vecindario y ser reconocido por éste, vivir con empatía la situación y tomar decisiones acordes. Una parte importante de la información relevante para el policía no debe venir de arriba sino del entorno. Claro que en esta actividad policiaca también hay una cadena de mando, pero es más corta que en el Ejército y el tipo de relación del policía con sus superiores es diferente de la que tiene el soldado con los suyos, pues, en teoría, la medida del éxito es muy diferente.
Un ejemplo de esa diferencia es la letalidad. En México la del Ejército es notable. De los 3 mil 327 encuentros registrados entre militares y delincuentes entre 2006 y noviembre de 2012, en 4 de cada diez hubo letalidad perfecta: todos los presuntos delincuentes resultaron muertos (Alejandro Madrazo et al, La guerra contra las drogas en México, CIDE, Cuadernos de trabajo, 2016). De la policía se espera otra cosa: un uso mínimo de la fuerza, más consignados y menos muertos.
Finalmente está el enorme problema de la corrupción endémica. El policía tiene, debe y puede ser más o menos vigilado por el ciudadano organizado y por el responsable político: la autoridad local. En el caso del Ejército esto es prácticamente imposible.
En resumen, pareciera que al menos en uno de los 2 mil 462 municipios y delegaciones que hay en México, ha bajado el índice de delitos de manera significativa. Seguramente hay otros casos con experiencias similares. Debemos identificarlos y estudiarlos y usando esas experiencias elaborar un gran proyecto para recuperar la seguridad que nos arrebataron. La tarea es urgente.

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