Lorenzo Meyer
Abril 06, 2017
El proceso electoral del año próximo se inició desde hace meses. Las elecciones del Estado de México (EM) del 4 de junio son un disparo de salida y, una vez más, el proceso lleva a plantear la vieja, pero incumplida, exigencia que le hiciera Francisco I. Madero al gobierno porfirista ciento siete años atrás: ¡sufragio efectivo!
Todo indica que, como desde tiempos de don Porfirio, quienes hoy tienen las riendas del gobierno federal y local en el EM se han propuesto seguir jugando la partida electoral con los dados cargados. Cargados claramente en favor del partido que, desde 1929 y de manera ininterrumpida, ha gobernado esa entidad.
El esfuerzo hecho desde hace decenios para superar las elecciones predeterminadas y para que México ingrese al espacio de las elecciones efectivamente competidas y equitativas, sigue sin alcanzar su meta.
La erosión de lo viejo. En el EM, la última elección de la “normalidad priista”–la anterior a la crisis económica de finales del gobierno de José López Portillo– fue la de Alfredo del Mazo González, padre del actual candidato del PRI e hijo de otro gobernador. Ese Del Mazo ganó en 1981 con el 82.4% de los votos. En 1987, Mario Ramón Beteta fue electo con un 10% menos: el cambio de época empezaba a manifestarse. Al final del salinato, en 1993, el aparato que depositó en el palacio de gobierno de Toluca a Emilio Chuayffet resintió otro bajón, también del 10%, y ya sólo logró el 62.3% del voto. Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto (EPN) en 1999 y 2005 debieron conformarse con un triunfo de mayoría relativa: con el 42.4% y 47.5% de los sufragios, respectivamente. Sin embargo, en 2011 Eruviel Ávila, un priista que no pertenecía a la “aristocracia mexiquense”, logró imponerse como candidato y además recuperar la mayoría absoluta para el PRI con el 61.9% del voto. En buena medida, ese repunte tricolor se explica menos por el buen gobierno del PRI y más por el aparatoso fracaso del PAN calderonista, que a nivel del EM pasó del 24.7% al 12.8% y con un PRD que a duras penas mantuvo lo que tenía: poco más del 20%.
El combate de retirada. Hoy, el PRI mexiquense difícilmente puede aspirar a repetir los resultados del 2011. Esta vez le toca asumir a sus propias fallas –notablemente, la inseguridad y la corrupción– y las del gobierno federal dominado por mexiquenses. Para neutralizar este efecto negativo y no sufrir una derrota a nivel nacional en 2018 –el EM significa un padrón de 10.5 millones de electores y una buena cantidad de recursos materiales indispensables para enfrentar el reto que le presenta Morena–, el PRI cuenta con dos viejas cartas: una oposición dividida –Morena, que ya ha sustituido al PRD como la opción de izquierda, simplemente no puede aliarse con el PAN– y una abundancia de recursos materiales para cargar los dados electorales comprando e induciendo el voto. Y en este aspecto ¡vaya que si tiene instrumentos y motivación para defender su monopolio de 88 años de ejercicio del poder!
Para cargar los dados, dese hace meses el gobierno empezó a inundar al EM con dádivas a los grupos que tradicionalmente han alimentado la política clientelista del PRI: los pobres. Y es que de mucho tiempo atrás, los menos afortunados ven en las temporadas electorales y de movilizaciones, una rara oportunidad para sacar algún beneficio de la necesidad –y de la urgencia–, que tienen de ellos la clase política. Los mexiquenses pobres no son pocos. Según el Coneval, en 2014 la población en situación de pobreza en esa entidad llegaba al 49.6%, (http://www.coneval.org.mx).
Todos los partidos echan mano de las prácticas clientelares, pero el que más recursos y experiencia tiene en este campo es el PRI. Para fines del año pasado, la prensa advertía de una cargada a favor del PRI mexiquense y que incluía al presidente y su gabinete –al final todo el gabinete– para visitar el EM, inaugurar obras por 6 mil 765 millones en los últimos seis meses y repartir en puertas “apoyos sociales”, (Reforma, 27 de noviembre 2016 y 5 de abril, 2017). Esa cargada ha ido en crescendo y el carácter de los apoyos va desde tarjetas de “La Efectiva” de Banorte y materiales de construcción hasta herramientas, computadoras y créditos para vivienda. A la fecha, el senador Mario Delgado calcula que los gobiernos federal y local han gastado en el EM 2 mil millones de pesos, y en los próximos dos meses la suma podría multiplicarse (Proceso, 2 de abril, 2017).
Lo que se gana y se pierde. Si gracias al enorme gasto legal e ilegal y en cualquier caso absolutamente contrario a la equidad, el PRI derrota una vez más a la alternancia en el EM, no hay duda que su victoria le ayudará mucho en “la madre de todas las elecciones”, la de 2018. Sin embargo, el costo en legitimidad de la operación será enorme. Y no se trata de la legitimidad de un partido que ya de por sí tiene muy poca –el PRI–, sino de la de toda la estructura institucional. Una estructura muy desprestigiada por corrupta e ineficiente, que está montada en una sociedad terriblemente polarizada, en una economía que no avanza y en tensión con su poderoso vecino del norte.
Ganar en esas condiciones el corto plazo es una forma dramática de perder el largo, el futuro, y de perderlo todos.
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