En la primavera de este año salieron a la luz pública los llamados Papeles de Panamá, un amplio conjunto de documentos filtrados de manera anónima a la prensa mundial que contenían los registros de las operaciones que realizó el bufete de abogados Mossak-Fonseca, asentado en la Ciudad de Panamá, para crear empresas en los paraísos fiscales.
La cantidad de información es enorme, alrededor de 11.5 millones de documentos, y contiene todos los registros financieros de este bufete de abogados en los últimos cuarenta años. Para analizarlo, se creó un grupo de más de 400 periodistas de distintas partes del mundo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). En México, los socios del ICIJ son profesionales del oficio que trabajan para Aristegui Noticias, la revista Proceso y Mexicanos contra la Corrupción
Según han relatado algunos reportajes, los Papeles de Pa-namá muestran cómo un puñado de gente muy rica, usó la firma de abogados Mossack Fonseca (en adelante Mossofon) para esconder su dinero de autoridades fiscales y organismos gubernamentales. Estas personas generalmente entraban en contacto con el despacho de Mossofon vía un intermediario que podía ser un banco, un abogado o un corredor financiero. Ésos eran los “clientes” del bufete Mossosfon, quienes ordenaban la creación de una compañía en un paraíso fiscal por ejemplo en Las Bahamas o en otro lugar del mundo. El despacho Mossofon luego nombraba directores para atender la compañía que tenían muy poco conocimiento de las operaciones financieras. Por ejemplo, una mujer llamada Leticia Montoya aparece más de 25 mil veces en los registros de estas compañías, pero luego se encontró que esta persona vivía en un barrio pobre en las cercanías de la Ciudad de Panamá y que se le pagaban apenas unos 400 dólares al mes por su trabajo.
Mossofon no investigaba el origen del dinero ni a sus dueños. Pero las investigaciones han demostrado que los clientes de Mossofon eran en muchos casos traficantes de armas, oligarcas, capos de las mafias y traficantes de drogas. Aparecen también personas muy acaudaladas de diversos países y funcionarios y ex funcionarios públicos de alto nivel.
En una conferencia en Oxford que se llevó cabo hace unas semanas para discutir los avances de las investigaciones, uno de los reporteros que trabaja en los Papeles de Panamá formulaba su principal conclusión después de meses de revisar algunos documentos con estas palabras: “Antes pensábamos que el mundo de los paraísos fiscales estaba en la sombra, pero que era la parte menor de nuestro sistema económico. Lo que hemos aprendido de los Papeles de Panamá es que éste es el verdadero sistema económico… Es un sistema que consiste, básicamente, en que los ricos y los poderosos se libraron hace tiempo de la molestia de pagar impuestos… Ya no lo hacen y no lo han hecho por bastante tiempo… El peso de la recaudación fiscal se ha movido inexorablemente de las compañías multinacionales y la gente rica hacia los ciudadanos comunes y corrientes”. (Cf. el artículo de Alan Rusbridger en la revista New York Review of Books de octubre de 2016).
La existencia de estos paraísos no es nueva. Se calcula que en 1959 ya había 200 millones de dólares depositados en estos centros financieros, pero para 1961 el monto era ya de 3 mil millones. Hoy, el economista Gabriel Zucman estima que hay 7.6 billones de dólares, alrededor del 8 por ciento de la riqueza mundial. La desregulación fi-nanciera que conoció el mundo hace más de dos décadas aceleró el proceso.
En septiembre de este año, cinco meses después de la revelación de los Papeles de Panamá, se dieron a conocer otras filtraciones de una base de datos de aproximadamente 1.3 millones de documentos, pero en este caso, de Las Bahamas. Aparecen nombres y directorios y algunos de los accionistas de más de 175 mil compañías asentadas en ese paraíso fiscal. Los documentos fueron filtrados a la misma agencia noticiosa que recibió los Papeles de Panamá.
Al menos 432 mexicanos o personas con inversiones en nuestro país aparecen con empresas domiciliadas en las Bahamas. Como sucede en los otros paraísos fiscales, en este sitio, la creación de una empresa simplemente requiere de un director y un accionista. Los nombres del resto de los propietarios y posibles beneficiarios no aparecen en el registro público de la propiedad. En estas islas operan 396 bancos de todo el mundo y por ley se mantiene toda la información en secreto.
Entre los nombres filtrados hay empresarios metidos a la política como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; varios funcionarios o ex funcionarios de Pemex y otra empresa pública, Diconsa; y empresarios como Carlos Azcárraga, Manuel Borja, Olegario Vázquez Raña y la familias Bours y Autrey. Hombres de negocios ligados al Grupo Bachoco, las empresa Comercial Mexicana y Kimberly Clark de México y accionistas de Alfa, Comex y Vitro. Un caso que llamó la atención fue el de Ricardo Pierdant, ligado a la señora Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La lista completa pude consultarse en el sitio www.contralacorrupcion.mx
Panamá y Las Bahamas no son los únicos paraísos fiscales en el mundo. Se han localizado al menos otros 30 en diversas partes del mundo: sobre todo en el Caribe, pero también en Europa, en diversas islas del Pacífico y en ciudades de Asia y África.
Pero lo revelado hasta ahora muestra con mayor claridad la magnitud del problema. Y sin embargo, muy poco se ha hecho. Un asunto de esta importancia requeriría soluciones radicales como suprimir estos paraísos y prohibir de plano la creación de este tipo de empresas y la transferencia de fondos si no se proporciona la información básica: el origen de los recursos, su destino y los estados financieros y fiscales de las empresas o personas que hacen estas transacciones. Ello requeriría por supuesto una acción concertada a nivel internacional. Pero parece que esto es muy difícil por dos razones: una, que los agentes que participan en estas transacciones son empresas legales, los grandes bancos y las empresas transnacionales más poderosas del mundo que verían afectados sus intereses; y por otro lado, por la complicidad entre funcionarios gubernamentales e inversionistas.
A pesar de ello, las investigaciones realizadas por periodistas y analistas independientes están presionando para desatar este nudo de intereses tan poderosos. En México, las autoridades fiscales aseguraron que habían iniciado revisiones y auditorías a los personajes mencionados en los papeles de las Bahamas y habían recuperado 487 millones de pesos aunque no reveló la identidad de las personas afectadas. Tampoco se ha aclarado por qué funcionarios de Pemex y otras empresas públicas están involucrados en estas operaciones y si hay más recursos que se pueden recuperar. Además, no ha quedado claro si estas operaciones fraudulentas deberían castigarse penalmente y no sólo mediante el cobro de los impuestos no pagados. Tampoco se sabe si se han abierto auditorías a las empresas involucradas y qué resultados se han obtenido.
Ahora que se discute el Presupuesto de 2017 y se habla de una austeridad “dolorosa pero necesaria” porque los ingresos del gobierno no alcanzan, sería un buen momento para pedir cuentas y transparencia sobre las operaciones reveladas en estos paraísos fiscales. ¿No hay dinero? Pues parece que sí lo hay, y mucho, pero está escondido y no paga impuestos. Sería una gran falta que nuestros legisladores no exigieran cuentas y pidieran los resultados de las supuestas investigaciones de las autoridades antes de aprobar los recortes que afectarán la salud, la educación, la calidad de vida de los mexicanos y el desarrollo del país. Proteger la riqueza de unos cuantos, probablemente adquirida o administrada ilegalmente, y castigar a la inmensa mayoría de la población no puede ser el fundamento de una buena política económica.

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