En estos días hemos conocido por los medios de comunicación una sola nota positiva para los guerrerenses. Es el reconocimiento público con la entrega del Premio Chico Méndez por parte del Sierra Club, para Felipe Arriaga y Albertano Peñaloza a favor de su trabajo por el medio ambiente. Lo único lamentable y penoso, es que tengan que recibirlo en situaciones de persecución y cárcel.

Desde hace mucho tiempo veíamos venir un premio de este tipo para ciudadanos como Felipe Arriaga y Albertano Peñaloza, pues ellos son un símbolo de este Guerrero, donde los verdaderos criminales andan sueltos, entre nosotros, y aquellos que luchan por una causas noble como es la protección del ambiente, se les aplica la máxima de justicia a secas, nada de justicia y gracia.

Es claro que se debe hacer justicia cuando hay delitos que perseguir. Pero realmente no vemos una estrategia clara y contundente de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, que haya demostrado al día de hoy que los llamados ecologistas de Sierra de Petatlán son culpables. Salvo que crean verdaderamente las patrañas de que las organizaciones ambientalistas y sociales son un grupo de ingenuos, mal informados.

Muchos años ha durado esta situación de impunidad en la Sierra de Petatlán, es sólo cosa de contar cuántas gentes han muerto por defender sus bosques en esa sierra.

Peor aun, en Guerrero tenemos un contexto donde lo que hay es una terrible impunidad. Donde las instituciones públicas simplemente son rebasadas por el crimen y sus únicos casos firmes son aquellos, que nos permiten recibir premios ambientales a nivel internacional –como es el Chico Méndez.

Ahí el gobierno no acepta presiones, ahí si estamos usando la máxima de nadie por encima de la ley en todo su esplendor.

Estoy seguro que tarde o temprano, Felipe Arriaga saldrá de la cárcel, habrá justicia para los hijos muertos de la familia de Albertano Peñaloza. El problema es ¿en cuánto tiempo? al primer gobierno democrático elegido en Guerrero le solicitamos que cumpla con los principios de la izquierda como es la solidaridad y el humanismo. No puede mantener por mucho tiempo esta situación.

Somos muchos los que pensamos que “cumplir es el cambio verdadero”. Cumplamos a la sociedad de Guerrero con la libertad inmediata de Felipe Arriaga. Queremos saber los avances en la investigación de los criminales que matan niños en la Sierra de Petatlán, queremos que se les detenga de inmediato.

Por otro lado, al parecer la presa hidroeléctrica La Parota se quiere hacer cueste lo que cueste. Es increíble, que la discusión haya llegado a ser mediática. Ya no se trata de analizar el bien común de los guerrerenses, ni su futuro. Se ven comerciales de televisión, donde como siempre se dicen verdades a medias.

No se está por definición en contra de la producción de energía eléctrica a través de los ríos, mucho menos de que se almacene agua para suministrar a la gente. De que haya inversiones para crear empleos. Estamos en contra de proyectos mal planteados, con demasiados costos sociales y ambientales. Luego, se nos quiere descalificar, de que somos “ecologistas”, como si fuéramos de otro planeta y el mundo real sea otro.

Quisiera saber si gente como los que promueven este tipo de anuncios, o funcionarios de la CFE, me pueden garantizar razonablemente, que la salida de miles de personas de las comunidades a inundar en La Parota será para “vivir mejor”.

No se dice que al final sólo quedan cien empleos fijos en la hidroeléctrica. No se dice de qué tamaño se imaginan dentro de 50 años a Acapulco para cubrir sus requerimientos de agua con una presa de ese tamaño. Están jugando con nuestra codicia a corto plazo, los 10 mil empleos temporales de peones y albañiles, con los contratos de acarreo y venta de materiales

En un todo o nada, se nos dice en el discurso que la única salida en Guerrero para el desarrollo económico de los próximos años sea hacer una gran presa.

A principios de año, cuando pedimos el voto para Zeferino Torreblanca, muchos ciudadan@s ligados al ambientalismo en Guerrero solicitamos el cumplimiento de una serie de compromisos. Quisiéramos que en ese contexto se revisara el caso de La Parota. Vuelvo a reiterar nuestra solicitud: invítennos con toda seriedad a un grupo plural, una                                         especie de “Comisión de la Verdad” que sea aceptada por todas las partes a evaluar                                         alternativas.

Presento textualmente cinco de los diez compromisos que le solicitamos al entonces candidato a gobernador. Es tiempo de hacerlos reales.

–Exista un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los planes, programas y proyectos de todas las áreas de la administración pública estatal, que garantice la atención de los grandes retos ambientales del país y la entidad.

–Integremos sociedad y gobierno, una política de desarrollo con la participación indispensable de las propuestas de las comunidades campesinas e indígenas, con un fuerte contenido ambiental, sobre la base de Programas Integrales de Desarrollo Sustentable, considerando la perspectiva de género. Impulsando la agricultura y la ganadería ecológica, así como el manejo forestal comunitario. Igualmente, se promoverá la práctica de pesca y acuacultura con criterio estricto de sostenibilidad ambiental y justicia social, fortaleciendo la organización cooperativa.

–Integre un ambicioso programa de conservación y rescate de suelo y manejo del agua (sin privatización), impulsando el trabajo de microcuencas como una alternativa importante.

–Impulse la elaboración los Planes de Desarrollo Urbano de las principales ciudades del estado vinculados a una Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental, reformable en función de su integración al Ordenamiento Ecológico Territorial correspondiente. El Ordenamiento Ecológico Territorial deberá empezar prioritariamente, en las áreas de alta conflictividad ambiental, económica y social con un enfoque de cuencas, municipios y comunidad.

–Implante una nueva política del agua bajo la premisa de que el agua es intrínsicamente diferente de otros recursos y productos. No puede ser tratada como mercancía. Impulsando el enfoque de la gestión integral por cuencas hídricas, el conocimiento riguroso de los usos y de la calidad del agua que garantice más eficiencia, más justicia social y mayor protección de sus valores ecológicos y culturales.

Yo creo que si nos sentamos todas las partes para revisar sus formas de cumplimiento podríamos generar una salida seria, objetiva y de consenso al problema de La Parota. Claro que hacer una evaluación como la que planteamos, implica tolerancia entre partes, donde no caben descalificaciones.