Intempestivamente, cuando México está urgido de fórmulas que detengan la polarización social y el agravamiento de los problemas, el responsable de la conducción del país declara algo más que preocupante: “Lo que no está el gobierno dispuesto a hacer es negociar la ley. Ésta ni ninguna otra. No sólo la legislación educativa. Ninguna está sujeta a negociación”.
En principio, el enunciado parece correcto. Las leyes se hacen para ser aplicadas y obedecidas, o al menos eso nos dicen en la escuela. Sin embargo, las leyes sí se negocian, se modifican de acuerdo con las circunstancias, se adaptan a las necesidades políticas y se aplican igualmente de manera discrecional.
Para empezar, toda iniciativa de ley que recibe el Congreso o las pocas que surgen de los propios legisladores son producto de negociaciones. Se elaboran y se proponen después de pulsar la opinión pública e incluso de recoger de manera directa opiniones y demandas de representantes sociales, grupos de interés e incluso de diversas autoridades.
Desde luego, se da el caso de que algunas iniciativas obedezcan al capricho de quien las elabora o las firma, pero se supone que el Congreso opera como una criba y por lo tanto se requiere de negociaciones entre poderes o dentro del propio Congreso para que se apruebe cualquier ley o reforma, pues de esa manera se evitan costos sociales y políticos que pueden ser enormes.
En México fue proverbial la servidumbre en que el Ejecutivo mantuvo al Congreso durante casi todo el siglo XX, pero incluso dentro de esa prolongada sumisión las cámaras de diputados y senadores ofrecían alguna resistencia, generalmente modificando las iniciativas o metiéndolas en la congeladora, esto es, no poniéndolas a consideración del pleno, lo que obligaba al Ejecutivo a negociar.
Una norma legal que llegó a convertirse en todo un problema para la nación fue el llamado delito de disolución social, impuesto en los años cuarenta por las condiciones de la segunda guerra mundial, pero que después los gobernantes priistas emplearon para justificar la represión y mantener en la cárcel a los luchadores sociales. Tuvo que desplegarse el movimiento de 1968 para que Gustavo Díaz Ordaz, después de cometer el crimen del 2 de octubre y con las cárceles repletas de presos políticos, ordenara al Congreso la eliminación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, lo que permitió salir de la cárcel a Demetrio Vallejo y Valentín Campa.
En el caso de la llamada reforma educativa, los dos mayores partidos de derecha, el PRI y el PAN, con el respaldo de los sectores más corruptos del PRD, aprobaron al vapor diversas disposiciones constitucionales y legales para imponer una evaluación que se propuso evidenciar las carencias de los educadores, carencias derivadas de la pésima formación que les ofreció el mismo Estado.
Pero lo principal fue que tal reforma se elaboró al gusto de los sectores que pugnan por la privatización de todo y que han visto en la educación una mina que sólo explotan parcialmente. El gobierno y los partidos citados omitieron consultar a los maestros, que son los únicos que saben realmente cuál es el estado de la educación y qué caminos hay que seguir para mejorarla.
El rotundo desprecio con que el gobierno ha tratado a los profesores es la consecuencia de leyes injustas, aprobadas sin reflexión ni discusión, mediante un pacto acordado en lo oscurito por gobierno y partidos. Los desfiguros de Aurelio Nuño son apenas la consecuencia de lo anterior. El capataz puesto al frente de la SEP es un individuo sin conocimiento del ámbito educativo, sin experiencia política, sin sensibilidad social ni escrúpulo alguno.
Contra los maestros y sus líderes se ha echado mano de la difamación pagada, se encarcela a sus dirigentes y se asesina a sus seguidores, como ocurrió en Nochixtlán, donde la policía disparó a mansalva contra una multitud inerme. El Estado recurrió al uso de la fuerza pública, pero contra lo que dicen sus representantes, no fue para mantener el orden, sino para violarlo groseramente; no para garantizar la tranquilidad social, sino para llevar la muerte y el desasosiego a un grupo de mexicanos al que se agredió sin justificación.
Y mientras a los maestros se les dice que la ley no se negocia, un grupo de empresarios protesta contra la llamada ley 3 de 3, y el Ejecutivo dispone que se modifique la ley de marras. ¿No que no se negocia?