¿Qué hacer cuando un número creciente de votantes apoya a un partido que representa una amenaza para el orden democrático? Este es el dilema al que se enfrenta actualmente Alemania.
El partido Alternativa para Alemania (AfD), que obtuvo el 20.8 por ciento de los votos en las elecciones federales de febrero y quedó en segundo lugar, fue clasificado oficialmente a principios de mayo como una organización “demostradamente extremista de derecha” por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV). La semana siguiente, la BfV anunció que suspendería la evaluación hasta que la justicia se pronunciara sobre una demanda presentada por la propia AfD contra la decisión, pero sin revocar la clasificación anterior.
La clasificación, basada en un informe de más de mil páginas, no equivaldría a la prohibición del partido, pero permite una vigilancia ampliada, incluso con el uso de informantes. La BfV no es un tribunal ni puede prohibir partidos; su función es proporcionar apoyo técnico para posibles decisiones políticas. Para prohibir un partido, es necesaria una solicitud formal ante el Tribunal Constitucional, presentada por el gobierno federal o el Parlamento.
Según el BfV, la AfD promueve un concepto étnico y hereditario de pueblo, incompatible con los principios constitucionales alemanes. El partido defiende, por ejemplo, la “remigración” masiva, lo que significaría la expulsión de millones de migrantes y sus descendientes, incluidos aquellos que tienen la ciudadanía alemana. También utiliza expresiones conspirativas como “gran sustitución”, una idea infundada de que las élites estarían promoviendo el reemplazo de la población nativa europea por inmigrantes, y un lenguaje deshumanizador contra los extranjeros. Además, utiliza términos como “alemanes sólo de pasaporte” para describir a los aproximadamente doce millones de ciudadanos de origen migratorio, la mayoría de los cuales nacieron en Alemania. En una encuesta de opinión realizada el año pasado, el 51 por ciento de los encuestados con origen migratorio afirmaron que los planes de la AfD les causaban mucho o muchísimo miedo. Lo mismo ocurre con el 48 por ciento de los encuestados sin ascendencia extranjera.
La lógica del dictamen de la BfV es clara: no hay categorías de ciudadanos alemanes de segunda clase. Propagandizar lo contrario, incluso por vías democráticas, atenta contra la Constitución, independientemente del número de votos que se obtenga.
La decisión de la BfV ha reavivado un debate histórico y jurídico: ¿es posible o deseable prohibir un partido político que crece en las urnas, pero que rechaza los fundamentos democráticos?
Este no es un debate nuevo en Alemania. En 1930, durante la República de Weimar, un grupo de juristas del gobierno de Prusia elaboró un extenso informe técnico en el que defendía la prohibición del Partido Nazi. El documento, de 97 páginas, argumentaba que el NSDAP buscaba activamente instaurar un régimen dictatorial mediante la revolución y la violencia, incluso utilizando una retórica legalista.
A pesar de las diferencias entre la AfD y el NSDAP, el paralelismo con la actualidad es inevitable. La AfD explota un discurso antisistema, moviliza el resentimiento contra las minorías y adopta un lenguaje codificado para eludir los límites legales. A pesar de ello, crece en apoyo, especialmente en el este del país. Alemania ya prohibió partidos como el Partido Socialista del Reich en 1952 y el Partido Comunista en 1956. Sin embargo, los intentos posteriores de prohibir el NPD, partido de orientación neonazi, no tuvieron éxito en el Tribunal Constitucional, en parte porque se consideró que la agrupación era demasiado pequeña para representar una amenaza para la democracia.
Friedrich Merz, el nuevo canciller, se ha mostrado cauteloso sobre la prohibición de la AfD, argumentando que no se puede simplemente excluir a millones de votantes del proceso democrático. Por lo tanto, es poco probable que intente iniciar un proceso de prohibición, que podría llevar años y desviar tiempo y energía de los grandes retos económicos que su coalición pretende resolver.
No obstante, preocupa el hecho de que, precisamente cuando están muriendo los últimos testigos del nazismo, los populistas de extrema derecha busquen resucitar “viejos y malignos fantasmas”, como advirtió recientemente el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, al conmemorar los 80 años del fin del régimen nazi.

* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada