EL-SUR

Lunes 09 de Diciembre de 2024

Guerrero, México

Opinión

AGENDA CIUDADANA

¿Decaer antes de tener plenitud?

Lorenzo Meyer

Octubre 29, 2015

*Los tres conjuntos de instituciones que dan sentido a la política moderna o nunca han funcionado en México o están dejando de hacerlo.

Tragedia. Normalmente los organismos biológicos o sociales no llegan a la decadencia antes de experimentar la plenitud. Sin embargo, en nuestro país puede estar gestándose un caso de decadencia prematura que puede resumirse así: la transición a la democracia que empezó a hacerse evidente al finalizar el siglo pasado se topó muy rápido con condiciones adversas que obstaculizaron su maduración. Esta hipótesis puede sustentarse con indicadores como el siguiente: a tres lustros de haber experimentado el primer cambio de partido en el poder pacífico y dentro de las normas, una encuesta nos informa que hoy apenas el 19 por ciento de los ciudadanos mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de su joven democracia: ¡18 puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano! (Latinobarómetro, 2015).
Tres Grandes Indicadores Institucionales. Francis Fukuyama, en su último libro Political order and political decay, (Nueva York, 2014) examina tres conjuntos de instituciones que considera son los indicadores clave para examinar la naturaleza del proceso político de cualquier Estado moderno y que permiten comparar diferentes etapas en la evolución política de una sociedad o a diferentes sociedades entre sí. Se trata de: a) la naturaleza del Estado, b) la vigencia efectiva de la ley (the rule of law) y c) la rendición de cuentas a la sociedad. Cuando la relación entre estas tres grandes conjuntos de instituciones es funcional, se tiene la posibilidad de un orden político a la altura de los valores de la modernidad. Veamos rápidamente el caso mexicano.
El Estado. El Estado –definido como una organización jerárquica, centralizada y capaz de ejercer de manera efectiva el monopolio de la fuerza que se considera legítima sobre un territorio claramente definido–, tardó en aparecer en el México independiente.
En el período que va del Plan de Iguala a la República Restaurada –1821 a 1867– la centralización del poder, el monopolio efectivo de la violencia o, incluso, la delimitación clara del territorio nacional, fueron más un proyecto que una realidad. Sin embargo, bajo la última presidencia de Benito Juárez (1867-1872) y los dos cuatrienios iniciales de Porfirio Díaz (1877-1880, 1884-1888), emergió un Estado más o menos compatible con la definición expuesta. Si bien la Revolución Mexicana llevó a que ese Estado se derrumbara y desapareciera por unos años, se recreó relativamente rápido y para 1940 era ya más fuerte que antes y así funcionó por el resto del siglo. Se trató de un Estado con un régimen formalmente democrático pero efectivamente autoritario.
Ese Estado de la segunda mitad del siglo XX centralizó de manera muy efectiva el poder y una presidencia fuerte subordinó a prácticamente todos los actores políticos relevantes, desde las organizaciones de masas y los partidos hasta los grandes grupos empresariales, pasando, desde luego, por el crimen organizado. Sin embargo la gran crisis económica de 1982 y sus consecuencias empezaron a debilitarlo.
La vigencia de la ley. Esta segunda variable siempre ha sido problemática en México. Tras la restauración de la República, a la Constitución de 1867 se le puso en un nicho y ahí se le mantuvo, no se le usó. En la práctica, los jefes políticos del porfiriato –institución creada por la Constitución de 1812– eran quienes efectivamente tomaban la ley en sus manos en sus respectivos distritos. La naturaleza oligárquica del régimen y la corrupción tradicional hicieron mella en la “imparcialidad” de la justicia. Tras la Revolución desaparecieron las jefaturas políticas pero no la situación de fondo. En materia de justicia el peso presidencial así como la corrupción de la policía, el Ministerio Público o de los jueces, llevaron a que hoy el 66 por ciento de los mexicanos consideren que la ley se respeta poco o nada (Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, IFE-El Colegio de México, 2014).
Rendición de cuentas. La existencia de un Poder Legislativo responsable ante sus electores que vigile el funcionamiento del gobierno es el mecanismo central de rendición de cuentas en el Estado moderno. Con Juárez, el Congreso fue capaz de enfrentarse a una Presidencia que deseaba cambiar la Constitución pero con Díaz la situación se invirtió y así se mantuvo tras la Revolución, cuando el Legislativo vio reducirse a la nada su independencia frente al Ejecutivo. En la actualidad, el Congreso federal ha ganado en independencia –no es el caso con todos los congresos locales– pero tomando como botón de muestra el caso de la casa blanca, resulta que su capacidad y voluntad para exigir una auténtica rendición de cuentas es tan poca como antes.
Resumiendo. México sigue sin hacer funcionar aceptablemente a dos de los tres conjuntos de instituciones básicas de la política moderna: el Estado de derecho y la rendición de cuentas. En cambio, sí consiguió a fines del siglo XIX y en el siguiente montar un Estado más o menos funcional aunque dentro de un régimen no democrático. Sin embargo, hoy la efectividad de ese Estado ha disminuido mucho –la violencia del crimen organizado lo mismo que las grandes concentraciones de poder económico lo están retando con efectividad– mientras que el imperio de la ley y la rendición de cuentas parecen tan lejanas como siempre. Desde esta óptica, la vida política mexicana pareciera ir más en dirección de la decadencia que en la del ascenso.

www.lorenzomeyer.com.mx
[email protected]