“A los pueblos que hoy están presentes en esta marcha, de Tierra Colorada, Dos Caminos, Cajeles, Buena Vista y El Ocotito queremos decirles que su presencia nos reconforta. Como familiares de Darwin queremos decirles que estamos pasando por un momento doloroso, algo muy difícil de superar. En lo personal, como hermano quiero decirles que acabaron con el corazón de nuestra familia. Muchas de ustedes conocieron a Darwin, era un gran papá, y como hermano tuve el honor de compartir con él, momentos inolvidables.
“Darwin no tenía problemas con nadie, era una persona llena de amor, que quería la paz. Nunca hizo ni imaginó hacerle daño a alguien. Por eso me duele cómo truncaron sus sueños, de poder ser un gran músico. Me duele en el alma recordar cómo luchó por la vida hasta el último momento… no se vale que se siga matando a los jóvenes como pasó con mi hermano y con Cristian por eso exigimos al gobernador y al presidente municipal que se pongan en el papel que deben de desempeñar. Exigimos al fiscal general que realmente investigue este crimen artero y que no sea como está sucediendo con los demás asesinatos, de que sólo es un número más de los que pierden la vida… ya no podemos seguir arrastrando esta ola de violencia que está acabando con los jóvenes. No dejemos que esto siga pasando, ya basta de tanta impunidad. El gobierno es responsable de lo que está sucediendo. Todos sabemos que la vida de Darwin se pudo salvar, sin embargo, los policías no hicieron nada para auxiliarlo. No dejemos que nos sigan lastimando y arrancando a nuestros seres queridos.
“No podemos seguir indiferentes ante el dolor, no podemos seguir siendo cómplices de quienes han hecho de la muerte un negocio. Como pueblos tenemos que salir al frente para acabar con tanta injusticia y tanta inseguridad. No permitiremos que al crimen permitido contra Darwin se le dé carpetazo. Con ustedes vamos a seguir en la lucha. Su presencia es reconfortante porque nos dan fuerza y nos muestran que en verdad quisieron a Darwin y que al igual que nosotros no estamos conformes con lo que pasó y no vamos a permitir que todo quede en el olvido, que a nadie se le castigue y como siempre, continúen los asesinatos contra los jóvenes y los estudiantes como ha estado pasando en estos días y desde hace tres años con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
El testimonio de Milton Barrientos –y el de amigas y amigos que participaron en la marcha en El Ocotito el día de ayer– es la expresión del hartazgo que se ha extendido en los sectores de la sociedad que normalmente no se movilizan por la crisis de seguridad que nos afecta desde hace varios años. El asesinato de estudiantes y de jóvenes en general nos está mostrando un problema grave que no ha sido sopesado en su justa dimensión. Varios académicos hablan del juvenicidio que alude a la condición límite que enfrentamos como sociedad en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven. Esta situación extrema nos coloca en un escenario estatal donde las y los jóvenes enfrentan procesos de precarización económica, son víctimas de la estigmatización que las mismas autoridades promueven al catalogar al movimiento de jóvenes estudiantes que protestan como vándalos. De igual modo se banaliza su situación de marginación y de víctimas de la violencia. La exclusión social de los jóvenes ha significado no sólo el desprecio y la indiferencia de las autoridades sino que los ha sumido en el narcomundo donde impera la corrupción, la violencia y la muerte y quedan atrapados en la imbricada red de las fuerzas criminales donde los niños y jóvenes son la presa más apreciada para el crimen organizado.
La expansión del crimen organizado encontró un terreno fértil al interior de las instituciones donde persiste una práctica ya institucionalizada de acciones delincuenciales por parte de personajes que trabajan dentro del Estado pero que asumen conductas ilícitas amparados en la misma ley y en los cargos que desempeñan. Esta descomposición de las instituciones ha generado lo que el investigador José Manuel Valenzuela Arce ha denominado un “estado adulterado o narcoestado que ha engendrado figuras identificables de narcopolicías, narcojueces, narcopolíticos y narcofuncionarios, pero también narcoempresarios y narcomilitares”. Comenta que a pesar de los miles de muertos y desaparecidos que han sido registrados por las mismas familias, las autoridades continúan reproduciendo prácticas añejas de encubrir a los perpetradores y mantener intactos los sistemas de seguridad y justicia que están carcomidos por la corrupción y fracturados en sus estructuras por los intereses delincuenciales. En medio de los nuevos escenarios del suplicio público que incluye el último video donde Darwin lucha contra todo para vencer a la muerte, y sin embargo los policías que podían auxiliarlo se confabularon con los delincuentes al negarle el auxilio. Lamentablemente estas escenas seguirán registrándose por parte de las y los ciudadanos como una forma de protesta y también como un instrumento de denuncia que hace ver el tipo de agentes estatales que están encargados de velar y proteger los derechos básicos de la población. No sólo son agentes policiacos, también son funcionarios y políticos de todos los niveles que carecen del más elemental sentido de solidaridad. Están vacíos de lo que significa comprometerse con la población que está en riesgo; son insensibles, indiferentes y apáticos.
Es atroz constatar la indiferencia de la gente que no se inmuta ante una persona que ha sido asesinada en la calle y que ve como parte de la cotidianidad a los cuerpos ensangrentados, esperando que alguna autoridad llegue para recogerlos. La foto de la portada del periódico El Sur de este domingo sintetiza la banalización de la vida, la denigración de la dignidad humana y la pérdida del sentido del principal valor y derecho del ser humano. Nuevamente la víctima es un joven de 23 años que en plena vía pública y en un lugar concurrido, sus victimarios sin temor a nada procedieron a aniquilarlo. Son las acciones letales las que marcan el rumbo que seguimos como sociedad que, ante el poder imparable del crimen organizado, enmudecemos y endurecemos el corazón.
¿Por qué las autoridades han dejado manos libres a las fuerzas del crimen? ¿Por qué han roto el récord de que los que investigan delitos no dan con los responsables? ¿Por qué somos campeones de la impunidad? ¿Por qué existe licencia para matar sin que los autores tengan que preocuparse de ser investigados? El diagnóstico es severo, lo que estamos viviendo es un colapso de las instituciones donde las autoridades contribuyen a solapar al crimen organizado. Esta situación implica una acción concertada entre fuerzas del Estado y las organizaciones delincuenciales. Es un Estado trucado y corrupto que ha sitiado los espacios de libertad de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en aras de garantizar negocios relacionados con la venta y trasiego de drogas a un costo muy alto donde está de por medio la muerte de miles de jóvenes.
En Guerrero urge hacer un estudio sobre el juvenicidio que al igual que el feminicidio son fenómenos crecientes que nos han incivilizado. No se ha querido profundizar en el hecho de que gran parte de las víctimas de la violencia son jóvenes varones y otra buena parte son también jóvenes mujeres. Se trata de jóvenes que son parte de los sectores pauperizados, donde ronda la muerte y gobierna la delincuencia, varios de ellos son estudiantes de nivel medio superior, otros más normalistas focalizados en Ayotzinapa y universitarios de diferentes carreras, otra franja de jóvenes son los que no tuvieron oportunidad de continuar sus estudios y que se subemplean en las periferias de las ciudades, siendo alguno de ellos rehenes de la delincuencia. En el ámbito rural la discriminación contra la población indígena ha obligado que varios jóvenes migren a otros estados de la república y que algunos hayan tenido la fortuna de cruzar la frontera y trabajar en Estados Unidos. Lamentablemente varios casos de estos adolescentes y jóvenes han concluido en historias trágicas ya sea muriendo en los surcos o siendo asesinados por grupos rivales en la Unión Americana. Otros jóvenes han sido asesinados en sus mismas comunidades por parte de elementos policiacos, miembros del Ejército y también del crimen organizado dentro de un contexto de guerra contra el narcotráfico auspiciada por el gobierno federal.
En Guerrero no sólo los agentes del Estado en sus alianzas con grupos de la delincuencia organizada, han dejado de cumplir sus funciones, sino que se han aliado con las bandas criminales para proteger los intereses macrodelincuenciales. Por eso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala los agentes policiacos y elementos del Ejército fueron parte de este escenario atroz, pues permitieron que se atentara contra la seguridad y la vida de los estudiantes y se coludieron para atrapar a los jóvenes, someterlos y desaparecerlos. Mirar morir es la palabra clave que Temoris Grecko nos hace ver con su lente aguda de lo que pasó en Iguala. Lo que está pasando con los jóvenes de nuestro estado es que los mismos cuerpos de seguridad no sólo dejan ver sus complicidades en capacidades profesionales para atender el llamado de la población, prevenir el delito e investigar las acciones delincuenciales, sino lo que es peor como sucedió en el caso de Darwin no le prestaron auxilio y lo dejaron morir.