Para el Dr. Pablo Sandoval Cruz, leyenda viviente de integridad en la lucha social

El edificio popularmente conocido como La Coprera, ubicado en la Av. Ejido y calle 6 de la ciudad de Acapulco, propiedad de los productores regionales de coco, es emblemático por ser el sitio donde aconteció la impune masacre de los copreros en 1967, ejecutada por sicarios al servicio de caciques regionales, bajo protección de policías judiciales estatales que arrojó un saldo aproximado de 35 personas asesinadas y 130 heridas de bala.
En la actualidad el inmueble es ocupado por el Frente Progresista Guerrerense (FPG) que aglutina a varias organizaciones sociales, cuya finalidad es apoyar las causas justas de sus integrantes de varias regiones del estado. Llama mucho la atención que en los últimos nueve meses hayan sufrido cuatro asaltos realizados por elementos de diferentes instituciones oficiales.
El primer asalto fue el 12 de octubre del año pasado, cuando a las 11 de la mañana alrededor de 60 soldados (acompañados por un supuesto dueño de la propiedad que enarboló más no dejó ver las supuestas escrituras) rompieron las cadenas y derribaron la puerta principal, además de cercar el edificio. Dicho allanamiento fue sin orden de cateo o desalojo y sin presencia de ninguna autoridad civil, violando flagrantemente el artículo 14 de la Constitución Federal.
Ante la renuencia del Ministerio Público para levantar la demanda, los directivos del FPG: Eloy Cisneros Guillén, Uriel Leal Ramírez, Jorge Luís Salas Pérez, Magdalena Valtierra García y Patricia Batani Giles, acudieron a la CNDH, la que solicitó información del suceso al Ejercito, habiendo éste contestado que su intervención fue debida a que recibieron información de que en dicho edificio había armas de alto poder, reconociendo después que no encontraron ninguna.
El segundo asalto fue hecho por policías ministeriales estatales, el pasado 7 de noviembre a las 7 am (ya iniciado el actual proceso electoral). El forzamiento consistió en desalojar la mercancía de los pequeños comercios aledaños al edificio, procediendo a poner otras cadenas a las puertas y sellos de clausura; sin mediar actuario, tan solo con una demanda de un segundo dizque dueño. El FPG de inmediato habló con el hoy ex fiscal general estatal, Xavier Olea, que al apersonarse en el edificio reconoció que los sellos eran falsos, mandó quitarlos y dijo que fincaría responsabilidades a sus subordinados. Cosa que nunca sucedió.
El tercer asalto al inmueble ocurrió el 15 de junio pasado en la madrugada. Fecha donde el FPG ya estaba participando activamente en apoyo a la campaña política de AMLO, para la presidencia de la República; y de Adela Román Ocampo, para la presidencia municipal de Acapulco. Ahora la provocación fue por un grupo de 70 policías municipales, llevando una retroexcavadora para destruir el edificio. A las 9 am llegó un actuario con una orden de desalojo firmada por el juez cuarto de lo civil, a partir de una demanda de un supuesto ¡tercer dueño! Fue detenida la retroexcavadora que ya estaba destruyendo la entrada principal del edificio al ponérsele enfrente ciudadanos y ciudadanas del FPG y vecinos del lugar.
El 29 de junio, dos días antes de las elecciones, al filo de la medianoche, fue realizado el cuarto asalto a La Coprera. De nueva cuenta se apersonaron policías municipales, además del presunto último dueño, junto con dos hombres armados con los mismos fines ilegales y aviesos. Esta vez la retroexcavadora destruyó la puerta principal y una columna antes de que la gente llegara a impedirlo.
La destrucción de propiedad ajena, robo y agresión física configuran, aparte de delitos penales, una flagrante violación a las leyes electorales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal; por cuanto agravios que tenían como finalidad provocar terrorismo político, temor o intimidación a ciudadanos de Acapulco durante el proceso electoral.

PD. Qué dicen de todo esto, las autoridades federales y estatales electorales; además de la PGR. ¿Quedarán impunes los atropellos cometidos?