EL-SUR

Sábado 04 de Mayo de 2024

Guerrero, México

Opinión

Del 6 de febrero de 2005 al 2 de julio de 2006

Juan Angulo Osorio

Noviembre 12, 2006

El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador estará hoy con simpatizantes suyos en las dos principales ciudades de Guerrero, un bastión del perredismo nacional que, sin embargo, no alcanzó la meta de 700 mil votos que se le fijaron para la elección del 2 de julio que, según cifras oficiales, el tabasqueño habría perdido por menos de 240 mil votos.
La meta no era para nada inalcanzable. El PRD ya gobernaba el estado desde abril de 2005, pues su candidato ganó arrolladoramente la elección al representante del PRI el 6 de febrero de ese año; y ya había ratificado su predominio en los principales y más populosos municipios de la entidad, tras los comicios del 2 de octubre también de 2005, jornada en que asimismo conquistó la mayoría de las curules del Congreso local.
Pero no se alcanzó el objetivo y es la hora en que no se conoce ninguna evaluación formal de ese fracaso. Ya se sabe que el peso fundamental de la derrota electoral recae en el activismo desenfrenado del presidente Vicente Fox, que hizo uso de recursos millonarios del erario; la campaña negativa que lo presentó falsamente como “un peligro para México”, en la que participó sin rubor alguno el candidato del PAN Felipe Calderón; la intervención ilegal de grandes empresarios que hacían campaña a través de sus anuncios en los medios electrónicos; la actuación mapacheril de Elba Esther Gordillo, la poderosa dirigente del sindicato nacional de maestros.
Pero ya se comienza a abrir el debate –como ocurrió este viernes en el Consejo Nacional del PRD– de los errores que también impidieron el triunfo y sin los cuales pudo haberse impedido que prosperaran las maniobras fraudulentas.
La revista emeequis que dirige el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, dedica el trabajo central del número de la semana que concluye precisamente al tema. “¿Por qué perdió López Obrador?”, pregunta el titular principal de su portada, acompañado de los siguientes sumarios: “La guerra sucia, su soberbia, los errores de campaña”. Se trata de un adelanto del libro La victoria que no fue, que edita Grijalbo-Mondadori y que fue escrito por Óscar Camacho y Alejandro Almazán, dos reporteros de la revista que han seguido muy de cerca al ex jefe de gobierno de la ciudad de México en distintos momentos de su trayectoria política.
No conozco más que lo que presentó la revista, y no sé si en el libro se menciona a los gobernadores del PRD –con excepción del de la ciudad de México– entre los causantes de la derrota, o de la incapacidad para sobreponerse al fraude electoral.
Lo cierto es que López Obrador tuvo menos votos en Guerrero, Michoacán y Zacatecas que los que en su momento obtuvieron Zeferino Torreblanca, Lázaro Cárdenas Batel y Amalia García cuando alcanzaron la gubernatura. Claro que no pueden tratarse en bloque los casos, pues los tres gobernadores llegaron en momentos distintos. Por ejemplo, ayer se cumplieron cinco años del triunfo de Cárdenas Batel, y adicionalmente al candidato presidencial panista le valió su oriundez michoacana para alcanzar una alta votación.

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Pero aquí en Guerrero se suponía que se llegaría a la elección presidencial del 2 de julio de 2006 como la culminación de un proceso que había comenzado apenas 17 meses antes, con la victoria en la elección de gobernador.
Pero no hubo nadie, ni en la dirigencia estatal ni en la nacional que elaborara una hoja de ruta que condujera del 6 de febrero de 2005 al 2 de julio de 2006 pasando por las elecciones municipales y legislativas del 2 de octubre del primer año.
Un partido que desde sus orígenes no ha podido sobreponerse a sus caudillos, y ha estado siempre subordinado a sus gobernadores o presidentes municipales no pudo fijarle condiciones a Zeferino Torreblanca a fin de garantizar un ejercicio de gobierno que permitiera superar el caudal de votos alcanzado en la contienda por la gubernatura, que fueron 588 mil 452, una cifra superior en 13 puntos a los votos del candidato del PRI.
“De aquí nos vamos hasta el 2006, Zeferino y que nadie se raje”, bien pudo decirle eufórico alguno de los altos dirigentes del PRD al empresario acapulqueño la noche misma de la victoria. Y no pensando en que Torreblanca aceitara bajo la manga con recursos públicos la campaña presidencial del PRD, sino para que gobernara de un modo que satisficiera a los que votaron por él, en primer lugar, y después a unos 112 mil guerrerenses más. Así se habría alcanzado la meta de los 700 mil votos, y no los 505 mil 618 votos que tuvo AMLO el 2 de julio, 82 mil 834 votos menos que los que tuvo Zeferino menos de un año y medio antes.
Pero el flamante gobernador desde el principio demostró que no entendió el mandato de las urnas, que era un mandato claro y contundente en favor de transformaciones democráticas. Para empezar, inauguró en México ¡y en el mundo! la práctica de formar un gabinete de gobierno con personajes que no participan en la campaña electoral. Lo hizo además en la oscuridad, sin ningún debate público en torno a los nombres, sin ninguna intervención del PRD y tal vez sólo con el consejo del ex gobernador René Juárez Cisneros y la mencionada Elba Esther Gordillo, si se atiende a algunos nombramientos en posiciones clave como las secretarías de Fomento Turístico –la principal actividad económica del estado– y Educación –la que controla el mayor presupuesto. Asimismo, ratificó en Comunicación Social a quien ocupaba ese cargo con René Juárez, el mismo personaje que daba línea a los medios que controlaban vía convenios de publicidad para que golpearan al candidato del PRD a la gubernatura, que a la postre sería su jefe.
Ante las primeras críticas, el novel gobernador dijo que ratificaba al secretario de Fomento Turístico Ernesto Rodríguez Escalona porque estaban pendientes importantes actividades de su cartera, y entonces El Sur hizo cuentas que fijaban en octubre del año pasado el término de aquéllas. Pasó octubre y llegó el decisivo 2 de julio de 2006. Ese domingo por la mañana, el gobernador llegó a votar a la casilla de Acapulco que le correspondía acompañado de Rodríguez Escalona, lo que demostraba la versión de que éste se había convertido en su secretario favorito, después de que en dos elecciones consecutivas había sido el candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, contendiendo en una de ellas con quien es ahora su jefe.
Más que una muestra de altísima civilidad –que estaríamos celebrando, sobre todo en un estado conocido por sus caciques autoritarios e incivilizados– la alianza de Torreblanca con su antiguo adversario político significaba una traición a los electores del PRD en Acapulco que algún peso debe haber tenido tanto en las cifras del 2 de octubre de 2005 en las municipales, como en las del 2 de julio en las presidenciales.
Torreblanca no tenía mandato para formar el gabinete que integró, pues los ciudadanos votaron en gran medida contra el PRI y todo lo que éste representa. En su campaña nunca dijo que ratificaría en sus cargos a Rodríguez Escalona y al director de Comunicación Social.
Tampoco dijo en ningún momento público de su campaña que apoyaría la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota, y apenas en el cargo definió a ésta como la prioridad número uno de su gobierno, traicionado a los ejidatarios y comuneros que se oponen a ese proyecto, pues éstos no sólo votaron por él sino que participaron en su campaña.
Tampoco tiene mandato para tratar como delincuentes a los movimientos sociales y como corruptos a sus líderes, mientras establece y fortalece alianzas con los viejos y corruptos y autoritarios líderes sindicales y campesinos del PRI.
No tiene mandato para cerrar la Normal Rural de Ayotzinapa, ni para dejar sin plaza a egresados de normales que son públicas y cuya matrícula se autorizó sabiendo precisamente en que al final de sus estudios tendrían ocupación en el sistema de educación pública. Tampoco tiene mandato para subordinar a la educación a las necesidades del mercado, pues eso significaría la desaparición de escuelas enteras de educación media superior y superior en el estado.
Tampoco tiene mandato para dejar en manos de las grandes empresas privadas el financiamiento de las obras públicas, en un esquema similar a los llamados Pidiregas, una forma oculta de endeudamiento que además no garantiza la construcción de obras de calidad y pensando no en el lucro de sus financiadores, sino en el servicio a la población.
Pero en fin. Se nos pide paciencia. Que esperemos. La evaluación debe hacerse al final del sexenio, dicen funcionarios que niegan a los ciudadanos el derecho a criticar, y a esperar que sus autoridades cambien el rumbo cuando las críticas son justas.

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Andrés Manuel López Obrador llega también al estado en un momento muy delicado, pues esta semana que termina ocurrieron hechos de violencia que pueden tener gran influencia en la crisis política en curso.
El crimen organizado –eufemismo temeroso y hasta respetuoso con el que nos referimos al narcotráfico– rompió una de las reglas no escritas de las guerras que libran sus bandas cuando una de éstas secuestró al hijo de 3 años de un comandante de la Policía Federal Preventiva –División Caminos– y a la esposa de éste. El niño fue liberado, pero la mujer fue ejecutada y antes torturada, y su cuerpo abandonado en un paraje de la carretera federal Chilpancingo-Iguala. Se trataba de Leonor Montero de Parra, miembro de una familia muy conocida en Chilpancingo, y hermana de la secretaria general de Convergencia en la capital del estado, uno de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista con el PRD y el PT.
Un día antes del secuestro de la señora y el bebé –conocido como levantón pues no se pide rescate–, fue asesinado en una carretera de Tierra Caliente el hijo del alcalde perredista de Ajuchitlán, Andrés Palacios Hernández, en una acción asimismo con el sello del narcotráfico.
Familiares de un jefe policiaco y de autoridades políticas son las nuevas víctimas del narcotráfico, y eso sólo indica el tamaño de la escalada de violencia que de allí viene con sus consecuencias negativas para toda la sociedad.
Adicionalmente, cinco organizaciones guerrilleras se atribuyeron la colocación de artefactos explosivos en la ciudad de México, y algunas de ellas tienen actividad en el estado.
La primera reacción de López Obrador a éste último fenómeno es muy distinta, por cierto, a la que están teniendo analistas de su entorno, incluidos los panegiristas. Mientras López Obrador responsabiliza del resugir de la guerrilla al fraude electoral del 2 de julio, los segundos dicen que los bombazos favorecen a Felipe Calderón. Mientras, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca habla muy inteligentente de que allá se vive una “revolución desarmada”, y las bases del EZLN se vuelven a movilizar bajo el influjo del ejemplo oaxaqueño, y el subcomandante Marcos retoma protagonismo sin bajarle al tono de sus críticas a los gobiernos de todos los partidos.
Muy movidas están las cosas en el país. Ojalá escuchemos algo al respecto de Andrés Manuel López Obrador. Si no sería más fácil hacer esa “revolución desarmada” de la que hablan los de la APPO en un estado gobernado por el PRD; o de las consecuencias que tendría que el gobierno perredista de Guerrero le dé la espalda a organizaciones similares a las que en el estado vecino formaron la APPO, a la cual López Obrador se ha referido como una agrupación “ejemplar” y que se pone a su disposición.