EL-SUR

Sábado 01 de Octubre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Del campo militar número uno a la Montaña de Guerrero

Tlachinollan

Junio 27, 2022

 

Justicia para las familias de los 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas y libertad para los cuatro campesinos encarcelados. A 93 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las madres y padres exigen que las autoridades federales ejerzan las órdenes de aprehensión pendientes y que se investigue la participación del Ejército. Justicia para los sacerdotes jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara.

A las 9:30 de la mañana del miércoles 22 de junio, elementos del Ejército mexicano abrieron las puertas del Campo Militar número 1, por instrucciones del mando supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para dar acceso a los familiares y sobrevivientes de personas desaparecidas en los años funestos del terrorismo de Estado. Acondicionaron una carpa en la explanada que se encuentra en la entrada del campo militar donde se realizó la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia, de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Dispusieron de 100 lugares para los familiares que llegaron de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Michoacán y Jalisco. También estuvimos presentes los comisionados del mecanismo de esclarecimiento histórico; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); miembros del mecanismo de Memoria y del mecanismo de Impulso a la Justicia, que en su conjunto conformamos la Comisión de la Verdad.
En el presídium estuvieron Micaela Cabañas Ayala y Alicia de los Ríos Merino, en representación de los familiares y sobrevivientes; el presidente López Obrador; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo; el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza; el director general de Derechos Humanos de la Sedena, Ángel Primitivo Flores González; la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos María del Rosario Piedra Ibarra; el coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República Jesús Ramírez Cuevas.
La entrada al recinto militar fue como introducirse a un lugar sombrío, lúgubre, por toda la historia horrorosa que sucedió en los gobiernos represores que dieron órdenes para exterminar al movimiento armado y perseguir a las disidencias políticas, sociales, étnicas y sexuales. En este lugar sigue vivo el recuerdo de que sus familiares fueron torturados y desaparecidos, por eso su llegada significó traer a la memoria a sus padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, hijas e hijos, de quienes no saben de su paradero. Esta entrada fue como sumergirse al túnel de los años aciagos, para atisbar la luz de la verdad y la justicia. En medio de los saludos entre sobrevivientes y familiares de varios estados de la república y pláticas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se sentía ese distanciamiento e indiferencia del personal militar, que solo se mostraban interesados en recibir al presidente de la República. Nadie advertiría el contenido ni el tono del discurso del secretario de la Defensa Nacional, que provocó el enojo y la reacción de los familiares que se levantaron de las sillas y sacaron sus pancartas para encararlo y gritar la consigna de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Las intervenciones del subsecretario de Derechos Humanos, de Micaela y de Alicia, fueron muy representativas, tanto por el reclamo histórico de que las autoridades federales digan dónde están sus familiares desaparecidos como por su exigencia de que se investigue y se castigue a los responsables. Los testimonios de Micaela y Alicia fueron muy impactantes, porque señalaron que en ese lugar estuvieron sus madres. Micaela comentó que permaneció en este campo militar a la edad de 2 años. Relató la tortura y los ultrajes que padeció su mamá. Reivindicó a su papá el maestro Lucio Cabañas quien se preocupó por defender los derechos del pueblo. Ante la represión militar y policiaca se fue a las montañas para impulsar la organización del pueblo. Se rebeló contra el gobierno represor. Resistió y murió peleando. En noviembre de 1974 fueron aprehendidos varios miembros de su familia en la ciudad de Tixtla. En el cerco militar su madre vio a uno de sus hijos que tenía varios días desaparecido y que estaba irreconocible por la tortura. Llegaron a su domicilio y los trasladaron a Acapulco para después subirlos en un bimotor a la Ciudad de México. Del aeropuerto los trasladaron en una camioneta de redilas cubierta con una lona al Campo Militar número 1. Desde los dos meses de edad comenzó el martirio de Micaela. Su mamá tenía 14 años. En las noches la torturaban los militares y le ponían una pistola para que dijera dónde estaba Lucio y sus demás familiares. Hasta la fecha todos ellos y ellas siguen cargando con el estigma por llevar el apellido Cabañas. Lucio fue sepultado clandestinamente en Atoyac, en el panteón municipal. Después de tantas luchas de los familiares y organizaciones sociales lograron recuperar su cuerpo y ahora está en el zócalo, en la plazuela de Atoyac de Álvarez.
Alicia de los Ríos denunció que su mamá del mismo nombre fue detenida el 5 de enero de 1978 por elementos de la Brigada Especial y trasladada de manera inmediata al Campo Militar número 1. Entre enero y mayo de 1978 su mamá fue vista por varios de sus compañeros que fueron detenidos y trasladados también a este lugar. A finales de mayo de 1978 fue trasladada a la base naval militar número siete en Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero. A partir de esa fecha no se supo más de ella. Con ese dolor a cuestas dijo frente al general Cresencio Sandoval: “Después de tantos años de exigirlo, este día se abre el gran cuartel. Hoy venimos a decirle al país lo que pasó en estas instalaciones de la nación. Aquí fueron interrogados, torturados, mutilados y desaparecidos nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas”. Reiteró que buscan que se investiguen los hechos, que haya verdad y sobre todo justicia. Mirando al general dijo con mucha fuerza y claridad: “Conózcanos, reconózcanos, porque tendremos que coadyuvar juntos en la reconstrucción de lo sucedido en esta casa”.
La respuesta del general Sandoval fue desafiante. En ningún momento se dirigió a Micaela y Alicia, las ignoró y también a las decenas de familias que escuchaban su discurso. Reivindicó al Ejército y dijo que se sentían honrados de recibir al presidente de la República. Nada más. Las víctimas de las graves violaciones de derechos que cometieron fueron invisibilizadas. En su perorata, se escuchó el grito de un guerrerense que reclamó: “¿Dónde están nuestros familiares desaparecidos?”. Con esta interrupción el malestar de las demás familias creció, sobre todo cuando el general dijo que el propio presidente de la República había autorizado “inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida”. Mujeres y hombres acallaron con sus gritos al jefe militar. Salieron de las filas para llevar sus pancartas hasta el lugar donde se encontraba el presidente Andrés Manuel y el general Cresencio Sandoval. Mostraron a los medios sus exigencias de justicia y presentaron una lista de militares que señalan como responsables de las desapariciones de sus familiares.
En su intervención el presidente López Obrador reconoció que “estamos en un acto muy fuerte y al mismo tiempo, muy lleno de significado y de dolor, pero también es un acto de esperanza, es un acto para buscar entre todos cerrar una etapa, una historia negra de sufrimiento, de represión y dar inicio a una nueva etapa, que ya comenzó hace un poco más de tres años”. Cuando comentó que “el derecho que tienen los familiares de las víctimas para pedir justicia, eso es lo más importante”, lo interrumpieron preguntándole: “¿La fiscalía Andrés Manuel?”. Contesto que también va a participar esa instancia. Resaltó que es un órgano autónomo, pero le van a pedir respetuosamente que participe, que trabaje en este equipo. Remarcó que tiene voluntad para avanzar, pero pidió a los familiares que hay que estar empujando, hay que trabajar, porque falta poco tiempo para que termine su gobierno. Antes de concluir su discurso dio un espaldarazo al Ejército, al expresar: “Formalmente el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Entonces, actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las fuerzas armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles”. Sobre los actos represivos del Ejército dijo que actuaron por “una orden dada desde arriba”.
Este acto quedó marcado por la postura dura del general, sobre todo de mantener una actitud infranqueable de no reconocer la responsabilidad del Ejército en la desaparición de cientos de personas que fueron víctimas de las violencias perpetradas por las fuerzas represivas del Estado. Ahora viene la apertura de los archivos que están en posesión de la Sedena para realizar las investigaciones exhaustivas sobre los contenidos de los documentos que obran en su poder. También tendrán que dar cumplimiento al decreto presidencial de permitir el acceso a las instalaciones militares en donde se presume que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Hay una tarea ardua que realizar por parte de la Comisión de la Verdad, para dar cumplimiento cabal a la exigencia de verdad, justicia, reparación y memoria de los hechos que acontecieron de 1965 a 1990.
Fue muy significativo para las y los guerrerenses este acto de apertura del Campo Militar numero 1, porque es el primer paso para acceder a sus archivos y sus instalaciones. Para realizar las investigaciones y escudriñar la verdad de los hechos deleznables de los años cruentos. Se requiere investigar y documentar bien estas graves violaciones para que la Fiscalía General de la República realice su trabajo con el fin de garantizar justicia a las víctimas.
En esta misma semana el presidente de la República visitó la Montaña de Guerrero. Estuvo el viernes en Tlapa para anunciar la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Anunciaron que en un año trabajarán arduamente para que pueda brindarse este servicio a la niñez indígena de la Montaña. El sábado 25 viajó a tres comunidades indígenas: Tlacoapa, San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec y Alchipahuac, municipio de Iliatenco. Verificó los avances de los caminos artesanales. Lo que más sobresalió fue el desbordamiento de la población indígena que en todos los cruceros y en varias comunidades colocaron lonas para darle la bienvenida y para hacer públicas sus demandas añejas. En el transcurso de su viaje le dedicó tiempo para firmar solicitudes, para sacarse fotos, para atender a alguna autoridad municipal o comunitaria.
Los pueblos de la Montaña ubican muy bien qué autoridad está comprometida con ellos. Saben que el presidente está con ellos, por su cercanía y por la derrama económica que ha autorizado para que Guerrero sea uno de los estados más beneficiados con los programas federales. Su esperanza para salir de este rezago histórico está en Andrés Manuel como presidente, no en el gobierno estatal ni en los gobiernos municipales, porque han constatado que estas autoridades no tienen mística ni compromiso. No son transparentes, y más bien son corruptos y abusadores. Solo aprovechan la visita para darse baños de pueblo, pero en los hechos repiten las mismas prácticas de corrupción, como ha sido la costumbre entre los políticos de Guerrero.