Los familiares de las víctimas de desaparición o asesinato aprendieron a vivir su dolor y angustia de forma privada, como un duelo personal. En el caso de las personas desaparecidas, pero sobre todo si se trata de mujeres, las primeras indagaciones se perciben cargadas de sospecha y prejuicio, como consecuencia, la protección de la ley y el amparo de la justicia se ven lejanas, inalcanzables.
Algunos medios de comunicación contribuyen poco, sobre todo cuando los asesinatos siguen siendo parte de sus páginas policiacas en las que regularmente las notas van acompañadas de imágenes grotescas que se asocian a títulos infamantes. En esos casos la nota genera el estigma de la víctima y suma al dolor privado de sus familiares vergüenza y a veces también miedo.
En Guerrero es común la reacción de representantes del gobierno culpabilizando a las víctimas en lugar de asumir el compromiso que les corresponde con una indagatoria conforme a la ley y el castigo a los responsables. Al ser descalificadas por los representantes del gobierno, las personas desaparecidas o asesinadas, sufren ipso facto una condena como si de “justicia natural” se tratara.
Los representantes del gobierno también descalifican a las organizaciones civiles, a las sociales y a las personas que en solidaridad con las víctimas acogen su denuncia, justamente porque una de sus funciones ha sido vincular el dolor privado de las familias con la defensa de sus derechos llevándolos al espacio público como demanda de justicia.
Dice Melissa Wright que son y han sido las organizaciones sociales y los y las activistas quienes hicieron posible que el dolor privado de las víctimas y sus familias saliera a la luz pública generando la expresión de otras solidaridades y que fueron las asociaciones, las personas de los movimientos pro derechos junto con las feministas quienes hicieron posible la aparición de los primeros programas y las primeras instituciones para la atención de las víctimas de todo tipo, incluidas las de desaparición y asesinato.
A pesar de los programas y de las instituciones creadas ex profeso para la atención de las víctimas y sus familias, estas no funcionan en automático, un ejemplo de ello ocurrió el 13 de marzo, cuando la organización “Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos” colapsaron la circulación en la avenida Costera en Acapulco, a la altura de la Diana, para exigir lo que por derecho les corresponde, la atención de las autoridades, su compromiso para indagar, documentar, para ampararles con la ley y la justicia, única forma de construir un Guerrero con paz democrática y duradera.