Esta vez no le tocó a Guerrero. El sismo ya catalogado como el de mayor magnitud en casi un siglo en México produjo daños materiales muy menores en el territorio estatal, y saldo blanco en cuanto a pérdida de vidas humanas.
Es que a diferencia de muchos de los movimientos de tierra que ocurren en el país, esta vez el epicentro no se ubicó en suelo guerrerense o frente a nuestras costas, sino en un punto marino junto a Chiapas, a más de 700 kilómetros de Acapulco.
Pero su onda oscilatoria expansiva sacudió al gobierno que encabeza Héctor Astudillo, cuando apenas antier en la Ciudad de México, el diario Reforma denunció que una buena cantidad de recursos humanos que deberían trabajar en la muy menguada seguridad en el estado, están “comisionados” para hacerlo solo para funcionarios y ex funcionarios del estado que gozan de un privilegio dudosamente merecido. Porque quienes ejercieron un cargo público, independientemente del riesgo que implicará, mantienen equipos de vigilancia para ellos y sus familias con cargo al gobierno.
Constituye, sin duda, la evidencia de uno de los muchos errores en que incurren los gobiernos al mantener privilegios y canonjías injustificadas y ofensivas para un pueblo lacerado y disminuido por un clima de ingobernabilidad e inseguridad.
Este terremoto volvió a sacudir la muy frágil sensación de control y gobierno que impera en el círculo de funcionarios que rodea al mandatario estatal. “Ataques de nuestros enemigos políticos” seguramente fue la respuesta ante el reclamo de Astudillo, quien cada vez está más lejos de la realidad en su estado y más cerca de lo que ya algunos llaman Guerrerolandia, es decir, el que imaginan los miembros de la clase gobernante.
Lamentablemente, quienes esta vez sí padecieron desastres de gravedad y contabilizan un gran número de muertes por el terremoto, debido a su mayor cercanía con el origen, son poblaciones de las entidades más al sur, básicamente Oaxaca y Chiapas.
El aspecto positivo es que, por un lado, décadas de experiencia en materia de calamidades naturales han desarrollado capacidad de respuesta institucional, aunque en las primeras horas y días posteriores al terremoto nunca será suficiente, finalmente se hace presente para aminorar el sufrimiento de los afectados. También es notable la solidaridad social, desde la que se genera entre los vecinos en los lugares devastados, hasta la que nace y llega de todos los rincones del país.
En Guerrero por el momento estamos a salvo, pero la recurrencia de estos fenómenos y la situación geográfica y geológica de la entidad, más bien nos debe servir para tomar lo sucedido como un recordatorio de la vulnerabilidad en la que vivimos, pues la fuerza de la naturaleza tarde o temprano se manifestará también en la zona.
De lo que no nos hemos salvado ni ahora ni en los meses y años recientes, es de la violencia y criminalidad que no dan tregua. Pero esa historia es tan recurrente que por esta vez no nos detendremos en el tema, del que por desgracia hay demasiadas oportunidades para abordarlo.
Entre el susto por el temblor, la evolución de huracanes que si bien están en el litoral opuesto, llegan a afectar el clima y producen grandes precipitaciones pluviales en la costa del Pacífico, y la actividad delincuencial que mencionamos sólo de pasada, lo que en cambio transcurrió de manera casi inadvertida es la puesta en marcha del proceso electoral que culminará en la votación del primer domingo de julio de 2018.
Faltan casi diez meses para que los comicios tengan lugar, pero la burocracia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) tiene así la oportunidad de justificar su chamba, sus altos sueldos y sus privilegios, para luego poder nadar el siguiente trienio de muertito, hasta las siguientes elecciones.
Por lo pronto, el pastel a repartir de acuerdo con los números de las votaciones sí es muy grande y apetecible.
Aunque se han hecho coincidir con las elecciones presidenciales federales, en las cuales los guerrerenses deberán emitir su voto para elegir Presidente de la República, nueve diputados federales y dos senadores por mayoría, además de uno que se asignará a la primera minoría, el IEPC deberá organizar la renovación paralela del Congreso local, con veintiocho diputados electos por mayoría y dieciocho de representación proporcional, para un total de 46 legisladores, y de ochenta de las 81 alcaldías en el estado, pues en Ayutla hace tres meses sus habitantes decidieron adoptar el modelo de elección por usos y costumbres. Junto con los alcaldes se elegirán además 85 sindicaturas y 580 regidurías.
Tan apetecible es el pastel que esta vez, además de los nueve partidos políticos con registro nacional, competirán cinco partidos locales: Partido Impulso Humanista de Guerrero, Partido Coincidencia Guerrerense, Partido Socialista de México, Partido Socialista de Guerrero y el Partido del Pueblo de Guerrero. Todos ellos, por supuesto, los nacionales y locales, con dinero público distribuido a carretadas y según el sapo las pedradas.
Así que, aunque candidatos y campañas los tendremos hasta ya empezado el próximo año, el río de dinero y el gasto electoral empezarán a fluir en breve para felicidad de la clase política.
Ya sabemos que el dinero invertido y el elevado número de organizaciones partidarias no garantizan una mejor democracia ni la elección de los mejores candidatos. Por el contrario, parecería existir una relación inversa, pues los elevados presupuestos electorales favorecen la compra de votos, las estrategias de pura mercadotecnia y la política vista como un jugoso negocio. Todo ello en medio de la pobreza ancestral y las carencias en que continúa viviendo la mayor parte de la población guerrerense.
Así ocurrirá, sin embargo y sin remedio, y viviremos una campaña donde los partidos se disputan los jirones del poder, con mucho dinero de por medio y con guerritas de lodo, cada vez más intensas.
A ver si mientras no vuelve a temblar, o a inundarnos algún huracán, que les echen a perder la fiesta, o algún tsunami u onda expansiva que sacuda desde la base, otra vez, la frágil gobernabilidad de la que nadie en el gobierno quiere darse cuenta. Se intenta, como con el temblor, decir que no pasó nada, por fortuna.