La crisis política, económica y social de Brasil parece no tener fin. De nueva cuenta, las revelaciones del magnate de la carne, Joesley Batista, dueño de JBS Friboi, siguen dando de qué hablar. El pasado lunes, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, hizo un pronunciamiento a los medios de comunicación para anunciar que el acuerdo de reducción de pena del empresario podría ser reevaluado a la luz de grabaciones recién entregadas a la justicia brasileña, lo que causó un gran impacto en la clase política. En efecto, fue a raíz de la revelación de una conversación entre Joesley Batista y el presidente Michel Temer que la justicia emprendió una primera solicitud de juicio político en contra del actual jefe del Ejecutivo brasileño. Si bien este pedido fue rechazado por la mayoría de los diputados, gracias a concesiones totalmente inmorales –como la extinción de áreas naturales protegidas en la Amazonía para responder a demandas de grupos de interés ligados a las grandes empresas mineras, que financiaron numerosas campañas de diputados, o mediante el pago de numerosas obras públicas hechas a pedido de los diputados–, es indudable que el poder político de Temer sufrió un gran desgaste.
Ahora, queda la pregunta en el aire: ¿acaso estas nuevas revelaciones hechas por el procurador se traducirán en un aumento del poder de Temer, y sobre todo, en el sobreseimiento del caso, a pesar de que existen pruebas materiales irrefutables de la participación activa del presidente de Brasil en actos de corrupción? Como no existe al día de hoy una transcripción integral de las conversaciones del magnate de la carne con su lobista principal, Ricardo Saud, es difícil tener una idea clara de la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, si nos atenemos a lo relatado por los medios de comunicación de ese país, no menos de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia estarían implicados en actos de corrupción, así como varios miembros del Ministerio Público, que habrían actuado a favor de empresas privadas (en particular JBS, propiedad de Joesley Batista) a cambio de sobornos. Por otro lado, el empresario y sus abogados habrían ocultado a la justicia cierto número de pagos a políticos y magistrados con el objetivo de evitar que la justicia tenga conocimiento de otros casos de corrupción en otros sectores de la economía brasileña.
¿Ahora bien, quién nos dice también que esas conversaciones tienen fundamento? Sin pruebas, documentos, es difícil saber si estas personas dicen la verdad. En efecto, hace dos semanas, un juez federal decretó la absolución por falta de pruebas del ex presidente Lula, en el caso de la delación premiada del ex senador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral. Este último, para evitar ser condenado por corrupción, intentó involucrar a los ex presidentes Lula y Dilma Rousseff en un supuesto esquema de corrupción, que a la postre no pudo ser probado por falta de elementos. Cuando se hicieron públicos los audios de la supuesta “confesión” de Amaral, en noviembre 2015, el gobierno de Rousseff perdió apoyos claves en la opinión pública y en el Congreso, que culminaron en su destitución el año siguiente.
Conforme pasa el tiempo, queda cada vez más claro que el mecanismo de obtención de supuestas pruebas por la vía de la delación premiada es problemático. Si bien es cierto que en algunos casos, como el del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el uso de este mecanismo permitió encontrar el rastro de las transferencias bancarias de empresarios hacia cuentas del político en paraísos fiscales, también queda claro que en sí misma, la delación premiada no puede constituir una prueba suficiente para enjuiciar, y encarcelar posteriormente a una persona. Por ejemplo, el juez Sergio Moro ha sido incapaz de presentar una sola prueba física, material, capaz de demostrar que el ex presidente Lula haya incurrido en acto de corrupción alguno. Desde este punto de vista, sería inaudito que se pueda condenar a una persona sin pruebas, y que por el contrario alguien sobre quien pesan pruebas de violaciones flagrantes a la ley, no solo siga libre, sino sobre todo continúe gobernando a Brasil desde el cargo de presidente de la República.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada