Un fantasma recorre el campo mexicano, el fantasma que se ha concretado en una crisis de precios y que ha devenido en un hartazgo que se ha encauzado en movilizaciones radicales y desesperadas. Sí, la escasez de mano de obra, la inseguridad, la degradación de suelos, los bajos precios de los productos, el incremento del costo de insumos, los fenómenos climáticos, la falta de políticas públicas y los presupuestos exiguos, se han unido en santa cruzada para avivar ese fantasma.
En el campo guerrerense habita el 42 % de la población estatal, la cual le da de comer al resto; el 80 % del territorio guerrerense se encuentra bajo la jurisdicción de los núcleos agrarios; y ahí se encuentra la mayor biodiversidad y recursos naturales que generan vida, actividad económica, cultural y ambiental a la entidad. Por ello se necesita de un presupuesto y líneas de inversión que sienten las bases de la verdadera trasformación del campo. Porque desde hace más de cinco décadas ha sido en el campo donde se ha originado y desarrollado la compleja problemática que ahora está impactando en todas las ciudades; ello, debido al abandono que han tenido los tres niveles de gobierno de los territorios rurales.
El sector rural se compone de los subsectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Pero también incluye la cuestión agraria, el medio ambiente, la agroindustria, el mercadeo de productos e insumos y la organización social y, de manera complementaria el bienestar social: caminos, salud, educación, etc. El presupuesto público rural se integra con aportaciones federales, estatal y municipales.
La aportación federal se opera a través de subsidios porque ya no hay créditos y en Guerrero la suma es de 7 mil 373.13 millones de pesos. Los subsidios emblemáticos se operan a través de Sader: cuyos montos en 2026 serán de: Fertilizantes 3 mil 454.52 millones de pesos, Producción para el Bienestar con mil 132.20 millones de pesos, Precios de garantía solo proporciona un servicio de comercialización que no impacta ni al 6% de la producción estatal, y la Sebien que opera el Programa Sembrando Vida con un monto de 2 mil 786.40 millones de pesos. Aquí la cuestión es que se supervise la aplicación y se apoye a quienes realmente hacen producir la tierra.
La aportación del Gobierno del Estado en los últimos 10 años se estima en un promedio de 250 millones de pesos anuales. En este 2025 se autorizaron 287 millones de pesos para proyectos productivos, casi igual que en el 2024; la cuestión es que el manejo ha sido opaco y en el mejor de los casos, administrados como un “fondo de caja chica” para apoyar liderazgos a modo, porque, además, los conceptos ambiguos se prestan para ello. Hay que decir que durante los últimos tres años no se ha operado todo el presupuesto y no existe información de su destino, solo se comenta que la Secretaría de Finanzas no lo ha ministrado. Cabe señalar que en el Proyecto de Presupuesto 2026 se consideran 301.20 millones de pesos que representa el 0.34% del egreso público estatal (igual que en el ejercicio que está por concluir), es el valor que el Poder Ejecutivo y el Legislativo le dan al campo. Como ya lo hemos planteado, se requiere un minimo de 3% del presupuesto total para reactivar el campo de manera paulatina.
Los gobiernos municipales no le invierten al campo; antes del 2018 invertían a fuerzas en el Programa de Fertilizante, al punto que desviaban recursos del ramo 33 que eran para obra pública. Ahora, los pocos ayuntamientos que apoyan al campo lo hacen bajo presión, aunque algunos de buena fe, apoyando el transporte del fertilizante a las comunidades; son pocos los casos de los que subsidian parcialmente las semillas. Para el presupuesto 2026, en el marco del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) se han considerado 10 mil 970.49 millones de pesos para todos los municipios. Aquí, de acuerdo con la Ley del Municipio Libre, en cada municipio se deben constituir los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable impulsados por los comisariados y demandar al menos el 10% para infraestructura y proyectos productivos.
Guerrero, en los tiempos de la 4T requiere de innovar el arte de gobernar, mismo que en materia de presupuesto implica ser oportuno, participativo, suficiente, justo, estratégico, sustentable y transparente.
Van algunas de las prioridades que deben considerarse y que desde diversos espacios impulsaremos, porque por ahora ya no será posible modificar el presupuesto:
Habilitar la infraestructura productiva básica, tales como la rehabilitación de los distritos y unidades de riego, caminos saca-cosecha y más acciones que impulsen la producción.
Apoyar al menos en 50% para la adquisición de semillas para la siembra.
Auspiciar la integración de cadenas productivas, la economía social y la organización cooperativa.
Provocar sinergias entre programas afines, y la concurrencia de otros agentes económicos, el sistema de crédito y la aportación de los propios campesinos.
Incorporar un sistema de acompañamiento técnico que sea integral, agroecológico y participativo.
Fomentar la contraloría campesina el ejercicio de los programas públicos.
Es un desafío para los representantes de los núcleos agrarios, profesionistas comprometidos y funcionarios honestos que estos componentes sean incluidos en la operación del presupuesto rural, y que sean los ejes fundamentales de la reactivación y trasformación del campo. Seguiremos realizando gestiones e impulsando propuestas a nivel federal.
Entendamos que, si se atiende el campo de manera integral y con todo el poder del Estado, las comunidades campesinas se empoderarán y tomarán el camino del desarrollo productivo y social. Seguir construyendo la Cuarta Transformación a ras de tierra con acciones-fuerza que permitan a funcionarios honestos y a los campesinos organizados, gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, es la gran tarea en este 2026.
Porque para salvar a Guerrero, el campo es primero.

*Asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero