La conflictividad social en nuestro estado nos obliga a analizar con detenimiento el sentido
de las luchas que emprenden diferentes actores de la sociedad dentro de un sistema que
supuestamente es más democrático. La llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la
República nos hizo creer que estábamos en una fase propicia para consolidar una
democracia que ha costado muchas vidas y muchos sacrificios para las clases más
pauperizadas. Se gastó mucha tinta para encuadrar en el esquema clásico de la transición
política que nuestra sociedad cruzaba el umbral del autoritarismo, para anclarse en un
sistema de partidos que favorecería la participación de los ciudadanos dentro de un
modelo de democracia representativa. Hoy, a punto de concluir el sexenio del gobierno del
cambio vemos que emerge un proceso de deslegitimación democrática marcado por la
protesta política.
En 1998, el conflicto democrático llegó a su cúspide cuando la sociedad mexicana se
movilizó para manifestarse en las urnas contra el sistema de partido de Estado y con ello
reivindicar una mayor participación política. Esta etapa fue la que marcó una intensa lucha
orientada a democratizar todos los espacios de nuestra vida política, gestándose al mismo
tiempo un movimiento de protesta, orientado también a rechazar políticas de corte
neoliberal. En esta perspectiva, el conflicto social que se centraba en un conflicto
democrático, se caracterizó por su lucha proactiva, que consistió en construir una fuerza
social que a pulso fuera rompiendo las estructuras de un sistema político autoritario.
Con la entrada del gobierno panista en este nuevo milenio, celebrábamos con cierta
efusividad el trance soñado hacia una democracia consolidada bajo un sistema de
partidos, sin embargo muy pronto llegó la desilusión y la frustración al constatarse que
más bien se instalaba un gobierno no democrático que, al dar continuidad a la misma
política económica neoliberal, convirtió al Estado mismo en una fuente generadora de
conflictividad social.
Este gobierno neoliberal se coloca en una etapa donde ya no es posible que el modo de
producción de riqueza se corresponda con un modo de distribución de esta misma riqueza
producida; por lo mismo, la lucha de los trabajadores ya no sólo se circunscribe en una
mayor participación en la distribución de la riqueza, sino que ahora con la globalización nos
encontramos ante una realidad imperativa, donde el capital financiero se erige por encima
de los estados nacionales y su modo de existencia se basa en la acumulación y
concentración monopólica y global de la riqueza que ya no permite una posible distribución
hacia la clase trabajadora. Esta situación que exige un análisis profundo y una reflexión
amplia y ponderada de lo que significa la globalización se está manifestando de manera
tangible con el fenómeno de la exclusión social, que puede catalogarse con la expresión
más socorrida por algunos teóricos denominado como “capitalismo salvaje”, que pasa de
la explotación de los trabajadores a la exclusión del trabajo.
La exclusión social es ahora más profunda y violenta y opera ya no solamente en el nivel de
la distribución de la riqueza, sino en su misma producción. Esta exclusión del trabajo es lo
que caracteriza ahora la nueva forma del conflicto social. Son los nuevos intereses
excluyentes del gran capital lo que está desencadenando todas las formas de movilización
contestatarias y de protesta en la sociedad mexicana y guerrerense, y que se extienden en
gran parte del continente y en los mismos países del primer mundo.
Este carácter reactivo de la protesta es la forma más clara de la autodefensa de los
desposeídos que tienen como fuerza antagónica proactiva a la economía del mercado, que
es la que se encarga de excluir de los beneficios sociales a la clase trabajadora.
Con la economía de mercado se quiere sepultar al Estado social de derecho y democrático
para reemplazarlo por un Estado “neoliberal moderno”, donde la pobreza, la exclusión y la
inequidad vienen a ser como el requisito indispensable para la producción de la riqueza. La
paradoja salvaje de este Estado moderno es que no puede haber crecimiento económico
sin la creciente inequidad y el expansivo empobrecimiento de la clase trabajadora. Con la
liquidación del Estado social de derecho se quiere también desplazar un modelo de
gobierno verdaderamente democrático.
Estamos ante la gestación de un gobierno económico de la política, es decir, un gobierno
empresarial que pone a su servicio a las instituciones públicas para fortalecer los negocios
a escala internacional. Esta instrumentación de la política por parte de los gobiernos
empresariales que se erigen ahora como los paladines de la democracia, y de manera
ostentosa se definen como gobiernos democráticamente elegidos, pero que en la práctica
aplican políticas neoliberales, democráticamente deslegitimadas.
En este contexto tenemos que ubicar la dimensión de la protesta social que en primer
término es directamente contra las políticas de los nuevos gobiernos, en segundo término,
es contra los mismos gobernantes supuestamente democráticos; y en última instancia,
contra el nuevo orden económico mundial que excluye a las mayorías depauperadas.
El gobierno neoliberal que se ha implantado en México quiere legitimarse con este modelo
de democracia representativa que ha quedado en entredicho en el más reciente proceso
electoral que crispó los ánimos e hizo más visible este conflicto social, que ha polarizado al
país. Lo preocupante es que se quiere utilizar a la democracia electoral como la mejor
garantía para seguir imponiendo políticas contrarias a las grandes aspiraciones de la
sociedad. En esta perspectiva vemos cómo este régimen democrático implantado por
gobiernos neoliberales, se vuelve contra la misma sociedad que lo eligió.
En Guerrero empiezan a aflorar y a multiplicarse movilizaciones sociales de carácter
reactivo, porque los ciudadanos están experimentando la instalación de un gobierno que
es causa de la misma conflictividad social y que está generando un desgaste de la misma
democracia representativa. Estamos ante un gobierno que vive de las rentas de la
democracia del pasado 6 de febrero del 2005, y que ha sido incapaz de atender la
multiplicidad de demandas sociales y las crecientes reivindicaciones políticas que
reclaman mayor participación en la toma de decisiones, junto con una verdadera
representación política en las diferentes esferas gubernamentales.
Grandes sectores de la sociedad guerrerense, como los indígenas, campesinos,
estudiantes, normalistas, maestros, entre otros, han coincidido en la movilización social
como una respuesta reactiva ante la exclusión y la negativa de las autoridades para dar
respuesta satisfactoria a las demandas de empleo, educación, salud, vivienda y
alimentación. Es la lucha por los derechos básicos y que ahora el gobierno se niega a
asumirlos como parte de su responsabilidad constitucional. Se privilegia la entrada del
capital financiero y se habla de grandes inversiones en el ramo del turismo, de la minería y
de la generación de energía, como el caso de la presa La Parota, pero como parte de un
modo de producción de riqueza que se basa en la acumulación y concentración
monopólica del capital, lo cual implica necesariamente la exclusión social.
No podemos ser ingenuos para seguir pensando que ahora los nuevos gobiernos cuentan
con menos recursos financieros para satisfacer los derechos básicos de la ciudadanía, es
muy vendible la idea, con las crisis recurrentes, de que el dinero cada día rinde menos y no
alcanza para todos, esto es parte de una argumentación falaz, del envoltorio ideológico que
trata de convencer por todos los medios de que ya no es posible darle un espacio a todos
los jóvenes para que puedan estudiar una carrera; que ya no es posible darle a todos los
normalistas egresados una plaza para que se desempeñen como maestros; que ya no es
posible cubrir satisfactoriamente la demanda de maestros en las comunidades de alto
porcentaje de analfabetas; que es imposible construir clínicas y contratar médicos en los
lugares donde imperan las enfermedades de la pobreza; que es inviable seguir
subsidiando a los campesinos pobres porque no son competentes para el mercado
internacional; que es una vana ilusión tratar de brindar una vivienda digna a la población de
escasos recursos, lo más que se puede dar a ciertos grupos depauperados, es un “Piso
Firme”.
Desde la lógica del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, estas demandas son
imposibles de ser cumplidas por parte de un gobierno que está comprometido con la
acumulación capitalista. No es extraño entonces que en nuestro estado se amplíe y
profundice la protesta ante un gobierno supuestamente más democrático a causa de que
ha privilegiado al capital financiero en detrimento de los derechos básicos de la clase
trabajadora de Guerrero, que se encuentra excluida de estos planes ambiciosos del nuevo
gobierno.