La lucha por la democracia se ha transformado en la fórmula más eficaz para garantizar los derechos y las libertades políticas, pero sobre todo, ha sido el gran acicate para las grandes mayorías empobrecidas, que ven en este modelo el mecanismo más seguro para enfrentar y vencer la pobreza ancestral y la discriminación institucional.

Los hechos inobjetables del crecimiento de las grandes asimetrías sociales, la falta de acceso de vastos sectores sociales para satisfacer sus necesidades básicas, la ausencia de indicadores concretos de la mejoría económica de las familias pobres, son factores que ponen en riesgo la viabilidad de nuestro modelo democrático y provocan el alejamiento e indiferencia de la población en los próximos procesos electorales.

Ante tanto desencanto se ha ido desgastando entre la población el verdadero sentido de la democracia, al grado que empieza a tornarse como algo irrelevante y de poco significado político. Este campo se ha desprestigiado en el lenguaje popular donde lo político es sinónimo de demagogia, simulación, engaño, traición, hipocresía, falsedad y en el imaginario colectivo los políticos son ligados automáticamente con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, inmunidad ante las leyes, los privilegios y las prebendas.

En esta perspectiva los ciudadanos llegamos a cuestionarnos ¿Hasta dónde este tipo de democracia es un modelo apropiado para resolver los problemas centrales relacionados con la pobreza, la discriminación y la injusticia? ¿Hasta dónde la democracia electoral es una garantía para que los gobiernos electos sean realmente una alternativa que impulse la transformación de las condiciones sociales inhumanas?

Los mexicanos y guerrerenses hemos constatado que con los cambios de los gobiernos no viene aparejada una nueva cultura política que transforme las estructuras de opresión, ni la forma de ejercer el poder.

Los ciudadanos le han apostado a la democracia para hacer realidad la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como premisa básica para fomentar un verdadero desarrollo, sin embargo los nuevos gobiernos no se ubican dentro de estos ejes estratégicos, sino que más bien mantienen intactas las estructuras del poder omnímodo que les facilita el control de las instituciones y la implantación de las políticas económicas.

Los valores centrales de esta democracia como el apego a la legalidad, el pluralismo, la tolerancia, la apertura a la participación amplia de los ciudadanos en los asuntos públicos, el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas no forman parte en la práctica y en las políticas de los nuevos gobiernos. Este ideario que pregona la democracia es condición fundamental para impulsar el desarrollo y combatir eficazmente la pobreza y la desigualdad.

Es importante comprender que el desarrollo no se reduce únicamente a la generación de riqueza o al crecimiento económico, sino como dice Amartya Sen, premio Nóbel de economía en 1998, “El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad como la pobreza, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, a fin de que la ciudadanía sea capaz de participar en la vida social, económica y política de su comunidad”, es decir que el desarrollo radica en la libertad de los individuos vistos como sujetos con capacidad de acción y decisión. De este modo el desarrollo se equipara con la expansión de las capacidades de las personas para lograr el tipo de vida que ellas se proponen. Es la libertad la que se encuentra en la raíz de un verdadero desarrollo.

Por ello Sen centra su reflexión en la carencia de capacidades que se derivan de las restricciones a las libertades de los individuos y deja en un segundo plano la idea del desarrollo como falta de ingresos. La pobreza es, entonces, la privación de las capacidades básicas del individuo, porque lo despojan de sus oportunidades reales para participar en la construcción de las decisiones públicas. El desarrollo es ante todo un proceso de participación democrática, porque un régimen democrático debe estar encaminado a construir una ciudadanía política capaz de disfrutar de sus derechos y de ser corresponsable en el aprovechamiento de las oportunidades sociales. El gran reto que tenemos tanto la ciudadanía como el gobierno es propiciar las condiciones políticas para el empoderamiento de los sujetos como actores y constructores de una sociedad basada en los derechos humanos y las libertades fundamentales.

No podemos permitir que un sistema democrático transforme en rehenes a los ciudadanos que disienten de ciertas políticas públicas que no responden a los intereses sociales más amplios y que de manera directa o indirecta afectan su patrimonio y sus derechos. Nuestra democracia debe ante todo generar confianza y transparencia y la autoridad debe implementar mecanismos de consulta de información que demuestren su capacidad para abrir el debate de manera plural y autocrítica.

Bajo estas premisas es importante subrayar que el desarrollo en nuestro Estado debe estar orientado para construir una ciudadanía libre, responsable y bien informada. El desarrollo debe ser producto del ejercicio de nuestra libertad y no de actos de sojuzgamiento e imposición de proyectos que violenten nuestras libertades y derechos.

Como guerrerenses debemos de saber que el proyecto hidroeléctrico de La Parota no es un caso aislado y único en nuestro país y en el mundo. Forma parte de toda una política de privatización relacionada con el agua y se enmarca dentro de una lucha global donde existen los gobiernos poderosos que junto con los bancos multilaterales presionan a los gobiernos de los países pobres para que implementen sus políticas privatizadoras. Por otra parte, existe un movimiento global que resiste y se opone a este tipo de políticas que destruyen la naturaleza. Existen normas internacionales que pugnan para que los gobiernos se sometan a estos instrumentos relacionados con la defensa de los derechos humanos y la protección al medio ambiente.

En nuestro estado esas dos expresiones se concretizan en la                                                   posición que mantiene el gobierno federal y estatal, de querer imponer a cualquier costo este proyecto y la posición de los campesinos opositores, que defienden su territorio como parte de un derecho fundamental que les asiste y que cuentan con la protección de los instrumentos internacionales.

Como ciudadanos no debemos perder de vista que los bancos multilaterales en el año 2000 otorgaron préstamos a 12 países, bajo la condición de privatizar el agua. Esto mismo sucedió en 1990, donde el Banco Mundial otorgó 21 préstamos a otros países con un fondo de 20 mil millones de dólares para proyectos de agua. En este proceso de privatización se encuentra como un rubro importante la financiación de represas en todo el mundo. Otra razón de peso de esta privatización está relacionada con el negocio del agua embotellada y con otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades de este líquido. Entre ellos el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la exportación.

Estas razones ocultas de los meganegocios han obligado a las autoridades a implementar una estrategia de fuerza para imponer este proyecto, excluyendo a la población en la toma de decisiones relacionadas con el agua y sus territorios. Es en este ámbito donde los ciudadanos tenemos que hablar de la presencia de las grandes corporaciones extranjeras que vienen a extraer los recursos estratégicos con fines privados, pensando ante todo en la ganancia máxima. No es coherente hablar de la presencia de extranjeros para vender la idea de que hay una conspiración y una injerencia en asuntos internos y al mismo tiempo promover el proyecto con empresas extranjeras.

Esta visión mercantilista de incorporar de manera forzosa el bien agua como recurso económico, está siendo el detonador de los mayores conflictos que hay en el mundo en este nuevo siglo y por desgracia, nuestro estado no se encuentra al margen de esta problemática global.

Las consecuencias son devastadoras porque se está consumando la pérdida de la soberanía de nuestro país sobre sus recursos estratégicos y lo que es peor, es el crecimiento incontenible de la pobreza extrema. Lo que se avizora es que la población más pobre tendrá más dificultades para acceder al agua y se verá acorralada a pagarla al costo que sea, porque dejará de ser parte de un derecho y un recurso natural, para transformarse en un recurso económico.

En términos ambientales, la comercialización del agua llevará a la justificación de la construcción de más represas generando un círculo perverso de privatización-ganancia-daño ambiental. Esto implica mayor número de población desplazada de los 100 millones de personas que ya existen en el mundo a causa de las más de 45 mil grandes represas que han bloqueado el 60% de los ríos del planeta, con daños irreversibles para toda la humanidad.

Con suma responsabilidad tenemos que advertir los graves riegos que implica la decisión de imponer a cualquier costo social la presa hidroeléctrica La Parota. Se tiene que redimensionar el problema de las represas y analizar el fondo del asunto. Las autoridades no deben de aislar este tema dentro del proceso de democratización que vivimos, porque en este caso se condensa gran parte de los conflictos estructurales que desde hace décadas enfrentamos los guerrerenses. No se puede soslayar ni desautorizar la voz de los campesinos y campesinas opositores a La Parota. Su palabra no tiene como intención generar caos y mayores tensiones sociales, mucho menos se opone al desarrollo, más bien, buscan desde su propio entorno y cosmovisión, una relación de respeto que les permita plantear sus razones legítimas de seguir siendo un pueblo con identidad y dignidad, donde en su imaginario colectivo no existe la idea de la ganancia ni de la venta de su patrimonio, porque saben que eso es efímero.