Hasta ahora van 112 políticos asesinados en el curso del presente proceso electoral, a los que hay que añadir más de 400 políticos víctimas de alguna agresión, según datos de la consultora privada Etellekt. Sólo del estado de Guerrero se han contabilizado 23 políticos asesinados. Estas espantosas cifras no tienen precedente en procesos electorales anteriores y exigen una cuidadosa atención para entenderlas e interpretar su significado en nuestro contexto tan violento, donde diversas formas de violencia se han conjugado, con la preponderancia de la originada por el crimen organizado.
Tarde o temprano pasaría lo que ahora estamos viendo. La avalancha de la violencia relacionada con el crimen organizado tenía que impactar de manera directa en las instituciones y en los procesos políticos, añadiendo un factor más a la ya existente violencia política tradicional. Antes, las organizaciones criminales buscaban el dinero y ahora buscan también el poder aprovechando vínculos añejos con la clase política. Del interés económico se han pasado al interés político y ahora tenemos a la delincuencia organizada encaramada en nuestros procesos sociales y políticos. ¿Y qué otra cosa esperábamos?
En cuanto a las víctimas de la violencia relacionadas con el proceso electoral, tenemos que ser muy cuidadosos para no criminalizar a ninguna. Debiera darse una investigación puntual a cada evento violento que haya causado algún perjuicio a actores políticos para determinar sus circunstancias y para hacer justicia. Es una pena que en nuestro contexto de gran impunidad esto no pueda suceder.
Lo que sí hay que determinar es hasta qué punto las organizaciones criminales están poniendo en riesgo la ya frágil democracia que tenemos, como lo ha hecho ya en territorios controlados por ellas, donde toman las decisiones políticas que las autoridades formales están obligadas a acatar. La debilidad de las instituciones municipales, por ejemplo, ha dejado el vacío de poder que las bandas criminales han arrebatado y han llenado. En la práctica, ellas ya gobiernan y mantienen en sus manos el control de la economía de vastos territorios.
Los hasta ahora 112 políticos asesinados son un síntoma grave del sistema político que ha dado carta de ciudadanía a la violencia en sus entrañas, y que tarde o temprano tiene que pagar facturas por esta imbécil decisión. De hecho, la política se ha convertido en un factor fundamental de la violencia que sufre el país y lo ha hecho de maneras diferentes: abriendo las puertas de la corrupción y de la impunidad, manteniendo un sistema penitenciario obsoleto y con la violencia institucionalizada contra las demandas sociales.
A partir del 2 de julio tenemos que enfocar este aspecto que está colapsando la política como herramienta fundamental para la convivencia, la civilidad y la democracia. Los ciudadanos tenemos que interesarnos en extirpar esa podredumbre enquistada en la política para que ésta recupere su originalidad y su sentido humano. La política ha de convertirse en una de las herramientas más importantes para la paz. Y lo será en la medida en que la democracia le dé espíritu y proyección. Ojalá que los bríos legítimos que se han manifestado en este proceso electoral se mantengan vigentes para reconstruir la política como herramienta para la paz. Pero hay que arrebatarla, de manera decidida, a la delincuencia organizada y a la delincuencia política, por igual.