A lo largo de los últimos 15 años, en el contexto de la inseguridad y de la multiforme violencia, las autoridades han asignado a los ciudadanos, como tarea específica, la responsabilidad de la denuncia ciudadana, ya sea anónima o la que se realiza ante el Ministerio Público. De lo demás, se encargarían las autoridades correspondientes. Denunciar, presentar indicios o evidencias de los delitos que pueden ser imputables a quien corresponda, eso es lo que espera la autoridad de los ciudadanos, para poder intervenir. Y cuando de denunciar se trata, hay que hacerlo ante autoridades militares o policiacas, o ante las fiscalías a quienes les corresponde investigar. Pero resulta que esa tan sencilla tarea no ha tenido resonancia social debido, a mi juicio, a que no se han dado las condiciones necesarias para que las denuncias incidan en la disminución de los delitos y en la protección de los ciudadanos o de sus comunidades. ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones necesarias para que la denuncia ciudadana prosperara y fuera factor de seguridad y de paz? Veo, al menos, tres condiciones.
La primera se relaciona con los contextos de inseguridad y de violencia en muchos territorios, que inhiben a personas, familias e instituciones para presentar las denuncias necesarias. El clima suele ser de extrema amenaza, por lo cual la gente opta por sobrevivir y decide no denunciar para no empeorar su vulnerabilidad. No se ve a la denuncia como una opción viable, que pueda tener efectos que mejoren la situación de supervivencia. Sobrevivir, aún en condiciones adversas, es la mejor opción que mucha gente, en los contextos más inseguros, ha estado buscando. Por lo mismo, la primera condición para que la denuncia funcione está en que la población no se perciba amenazada por la delincuencia y que se sienta protegida por las autoridades.
La segunda condición para que la denuncia sea viable es la confianza hacia las instituciones gubernamentales, sobre todo a aquéllas que intervienen en la procuración y en la administración de la justicia, tales como fiscalías, ministerios públicos y juzgados. Hay desconfianzas derivadas de posibles vínculos entre dichas instituciones o personas que laboran en ellas con personajes de la delincuencia organizada. Y también hay desconfianzas derivadas de las situaciones de corrupción, cuando la justicia se compra y se vende al mejor postor. La desconfianza ha sido un muro entre la población y los aparatos de justicia federal y estatal, que necesita ser derribado.
La tercera condición necesaria para que la denuncia sea viable es el abatimiento de la impunidad que persiste como un mal crónico por todas partes. En la práctica denunciar significa someterse a procesos largos, agobiantes y de mucho riesgo, en los que, en ocasiones, hay que someterse a arbitrariedades de parte de la autoridad que recibe la denuncia, hace la investigación y termina abandonando las carpetas de investigación. ¿Para qué denunciar?, se pregunta la gente, cuando solo se desgasta y termina con el alma llena de frustración. De hecho, el sistema de justicia está rebasado desde hace mucho tiempo.
Las situaciones de inseguridad, de desconfianza ante las instituciones y de impunidad impiden, de hecho, la denuncia ciudadana, aún cuando sea anónima, y también la denuncia ante las fiscalías. Por lo mismo, para que las denuncias lleguen a ser viables, hay que dar pasos para que haya cambios sustanciales en materia de seguridad, de confianza y de abatimiento de la impunidad.
A su vez, sería muy oportuno establecer mecanismos propios de la justicia transicional que den paso para mejorar la confianza en las instituciones y para abatir el rezago en la impunidad, añadiendo un plus a la actual estrategia de seguridad que, a mi juicio, es insuficiente.