Hace ya cerca de 21 años que se fundó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), cuyo presidente actual es Jorge Bravo, joven doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esta asociación –fundada por integrantes de la academia, de la lucha por los derechos humanos, periodistas y sociedad civil– está dedicada hoy, sin tregua ni titubeos, a promover y defender el cumplimiento de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la información, al acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación (TIC); así como a la promoción y cumplimiento de los derechos de las audiencias y a la autonomía de las instituciones reguladoras.
En un país cuya prensa, medios, patrocinadores, empresas y fuentes informativas padecen histórica y cíclicamente de tentaciones y autotentaciones ante los actos de censura, gobiernismo, relaciones públicas, falta de ética, comercialización a ultranza, amarillismo y poco rigor periodístico, la existencia y supervivencia de una Amedi es algo loable y sustancial.
Vale la pena recordar brevemente la teoría en torno del derecho a la información como se indica en el propio sitio web amedi.org.mx, que dice lo siguiente:
“[…] diversos instrumentos del derecho nacional e internacional constituyen el marco básico para la arquitectura jurídica del derecho a la información, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en Europa, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, entre otros instrumentos internacionales suscritos y ratificados por diversos Estados y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados. En nuestros días, el derecho a la información es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 18 y 19 […] el derecho a la información es garantía a atraerse información, a informar y ser informado […]”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra estos derechos en sus artículos 6º y 7º, y todo esto constituye la teoría. En los hechos, a la hora de hacer periodismo, en el momento en que se necesita informar, armar noticiarios, diarios o plataformas, las redacciones –subjetivas– constituidas por personas, por sujetas y sujetos, ceden ante distintas fuerzas que, digamos, se vuelven el empedrado del camino al derecho a la información.
Obstruyen el derecho a la información las siguientes circunstancias del querer que se anteponen al deber:
Quedar bien con alguien o alguna instancia de poder; impactar al lector o a las audiencias con la sapiencia, virtud o inteligencia propia; armar notas sin investigación, verificación o contraste suficiente; dar información sin reflexionarla o pasarla por un filtro ético elemental; narrar la nota desde un discurso no incluyente; desbordarse en adjetivos y calificativos en lugar de datos comprobables; pensar que la ideología propia es la verdadera.
Otras piedras en el camino puestas desde las y los periodistas son:
La ignorancia, desconocimiento o cultura pobre y visión corta sobre lo que no se sabe; falta de contexto y contextualización de las noticias; lo fácilmente impresionables ante la grandilocuencia o estética narrativa del poder y de los poderosos; no dudar –o la no sospecha sistemática– de la información o datos que se están manejando; carecer de humildad y sentirse empoderados; desear algo en particular como ganar reputación, imagen, prestigio, seguidores –anteponiendo eso a la misión de informar veraz y equilibradamente–; autocensurarse y no imponer los principios básicos del periodismo por creer que eso significará la pérdida del empleo y con ello el ingreso que le permite vivir y jerarquizar las noticias elásticamente, sin tener consciente una tabla valoral en la que estén primero las demás personas, las audiencias, las y los lectores.
Toca justamente entonces a este último sector de la sociedad, a las audiencias, formarse con mayor profesionalismo y conocimiento de causa para poder discernir cuándo se está ante un periodismo abollado por todo lo que se comentó y cuándo toca demandar pluralidad, calidad informativa e inquebrantable respeto a nuestro legítimo derecho a la información.