AMERIZAJE

El pasado lunes 29 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad invalidar el decreto de la llamada “contrarreforma” de 2017, misma que afectaba el texto original de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que se expidió en 2014.
Vale la pena hacer memoria. Los lineamientos derivados de ese texto original de la LFTR, perfectibles como eran, por primera vez en la historia de los medios de comunicación en México enunciaban temas fundamentales dentro de una democracia que aspira a tener algo de contrapesos, balances, equilibrios y un espíritu incluyente de quienes no ostentan el poder (ese poder llámese empresas, bancos, instituciones religiosas, partidos políticos, sindicatos, grupos de choque, medios de comunicación, Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial).
Sin entrar en detalles o entresijos leguleyos, hay que recordar que en esta batalla judicial de la que damos cuenta con el fallo de la SCJN son dos las partes más visibles o en pugna: por un lado, la industria de la radio y la televisión comercial congregadas en una cámara y que históricamente persuaden o tienen de su lado a algunos legisladores; por el otro, los intereses de las audiencias representados por teóricos, críticos, abogados y por las defensorías de las audiencias integradas en la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y que, con el paso del tiempo, llegadas las décadas recientes, también han tenido de su lado a algunos legisladores*.
La determinación reciente de la SCJN ha sido mal entendida y arrojada a columnas y comentarios editoriales confusos por diversas razones: porque se trata de un proceso poco accesible para no iniciados; porque detrás de esta pugna se encuentran intereses –políticos, de negocio, de poder o relaciones públicas– para que no haya la menor cortapisa al trabajo de las estaciones radiodifundidas y porque cuando en un país como éste se dice o se rumora que se amenaza la libertad de expresión, que tanto trabajo costó y cuesta defender, las personas presuntamente afectadas saltan de inmediato en su defensa sin que a veces siquiera investiguen de fondo si el hecho es cierto o no.
Por lo pronto, la posible buena noticia que habría que esperar se concrete –porque todo siempre puede cambiar cuando de lucha de poderes se trata– es que la determinación de la Corte abre la posibilidad de regresar al texto original de la LFTR tal como estaba en 2014, antes de las reformas hechas en 2017, y con ello se abre la puerta también a que los lineamientos de 2016, expedidos por un entonces más autónomo y fuerte Instituto Federal de Telecomunicaciones, cobren vigencia.
No acaba de ser totalmente claro, a estas alturas, qué ocurrirá con los lineamientos, el engrose, la disputa en términos de ley. Lo cierto es que la determinación de la Corte del lunes pasado no tendría por qué afectar la libertad de expresión de las y los informadores y pareciera que, en cambio, sí recoloca sobre la mesa del deber ser la libertad de expresión de las audiencias.
Esto último nunca gusta a concesionarios, así que es posible que se movilicen las fuerzas y cabildeos con columnistas, legisladoras y legisladores afines para tratar de frenar –y seguir empañando lo que realmente son– los derechos de las audiencias.
El reciente comunicado colectivo del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, la AMDA, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Observatel y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) dice, en su conclusión, con esperanza**:
“Esta sentencia es una victoria para las audiencias. Reconocemos a la SCJ por esta decisión que fortalece los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la información y exhortamos al IFT para que reasuma sus facultades constitucionales en este ámbito…”.
El problema mayúsculo para la comprensión y discusión abierta del tema, para poder ver con claridad lo obvio, se llama contexto. En medio de una campaña en contra de toda crítica al poder y al periodismo crítico, nada puede entenderse ni leerse adecuadamente, de manera sencilla, unívoca o siquiera sostenerse por su aparente evidencia.

* La autora pertenece a la AMDA por ser defensora de las audiencias de Radio Educación
** https://amda.unam.mx/wp-content/uploads/2022/09/Resolucio%CC%81n-de-la-SCJN-sobre-los-derechos-de-las-audiencias.pdf

@anterrazas