La falta de cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, y en particular del gobierno de Guerrero, quedó evidenciada durante la reunión que tuvieron este viernes integrantes de organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos con una de las representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Jane Werngreen.

La carencia de una adecuada resolución de conflictos agrarios fue uno de los puntos que el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, enfatizó en su informe sobre México que presentó en la ONU en diciembre de 2003. En Guerrero, como en otros estados, dichos conflictos permanecen y en algunos casos, como El Capulín y Moyotepec, se han agravado. Tal cual lo reportó el Relator, “las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos y comunidades.”

Si bien ha habido una atención a dicho conflicto por parte de las autoridades, los recientes hechos de violencia creciente –siendo los últimos la destrucción de 20 viviendas y la muerte del secretario de Bienes Comunales de Moyotepec apenas hace ocho días– demuestran que ha fallado la estrategia para destrabar la animadversión entre las partes.

Las 75 reuniones que ha realizado la Secretaría de la Reforma Agraria mediante el grupo especial de trabajo conjuntamente con el gobierno del estado no han conseguido su objetivo de arribar, mediante la conciliación, a la solución definitiva y pacífica del conflicto. La presencia de policía de la Secretaría de Seguridad Pública en El Capulín tampoco ha logrado evitar los hechos de violencia que se han suscitado. Más grave aún es que el mismo gobierno del estado sea incapaz de garantizar que no habrá otro enfrentamiento. Basta recordar que el secretario de Gobierno admitió públicamente esta incapacidad, días después de una de las incursiones armadas de los campesinos de Moyotepec en El Capulín. Sobre la no intervención de los policías para evitar agresiones, el 9 de septiembre, el funcionario afirmó: “…es muy difícil, se puede atender un día, dos o tres pero no podemos mantener a trescientos policías en un conflicto, porque las posibilidades del gobierno no están para eso”.

Lo anterior ejemplifica acciones de la autoridad que constituyen violaciones a los derechos humanos, tal y como lo observó el Relator de la ONU en el informe mencionado: “(Se) denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos … las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública por acción o por omisión.”

Durante la reunión con representantes de comunidades y organizaciones indígenas, cuyo fin era informar a instancias de la ONU sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Rodolfo Stavenhagen en 2003, se expuso como un nuevo caso el grave conflicto agrario que enfrentan los comuneros opositores del proyecto de La Parota, donde la pugna no es entre los campesinos dueños de la tierra, sino de las comunidades que luchan por defender su territorio contra lo que pretende ser una imposición del gobierno, que justifica la instauración de la presa hidroeléctrica bajo el argumento de traer modernidad y desarrollo a Guerrero, dejando a un lado el tema de los derechos de los pueblos.

Aquí se contravienen de manera directa los estándares fijados en el Informe citado, que a la letra establece: “La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos… debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios”.

Especial atención se le dio a la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) que se ha ejecutado por medio de la presión y la desinformación por parte de los responsables del programa, contraviniendo el derecho a la debida consulta y propiedad colectiva del territorio de los pueblos indígenas, tal como lo expusieron a la enviada de la ONU las autoridades comunales de Temalacatzingo, pueblo nahua de Olinalá, que enfrentan desde hace un tiempo la batalla legal contra la Procuraduría Agraria que se niega a reconocerlos como legítimos dueños de la tierra, por no adherirse al programa.

Otro caso que ejemplifica la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano de los derechos y cultura de los pueblos indígenas es el de la Policía Comunitaria. El Informe emitido por el Relator es contundente en este punto: “El derecho indígena (costumbre jurídica) deberá ser reconocido y respetado en toda instancia judicial que involucre a una persona o comunidad indígena y deberá ser incorporado en una nueva concepción de la justicia indígena”.

Igualmente se expuso la situación de discriminación y falta de justicia que sufren las mujeres indígenas, como el caso de las tlapanecas del municipio de Ayutla y Acatepec que fueron violadas por elementos del ejército en el 2002, delito que aún permanece en la impunidad.

Esta visita constituye una oportunidad para que el gobierno de Guerrero ubique en su justa dimensión el tema de los derechos humanos de la población indígena, retomando las recomendaciones del relator de la ONU con la firme voluntad de abocarse a un tratamiento apropiado, que revierta el proceso de empobrecimiento, fragmentación, confrontación y violencia que padecen desde hace décadas los pueblos originarios de Guerrero. Se trata de una delicada situación que sigue poniendo en grave riesgo nuestro sistema democrático porque el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos para la población más vulnerable de nuestro estado, sigue siendo una demanda incumplida.

No se puede seguir con acciones paliativas y meramente asistencialistas ante problemas históricos y de un modelo corporativo y racista que ha denigrado la vida y la dignidad de los pueblos indígenas, quienes por su cuenta y generosidad nos han heredado un territorio y nos han proporcionado un lugar, un nombre y una identidad nacional y ante el mundo. No podemos seguir reproduciendo las políticas etnocidas y sacrificando los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque corremos el riego de protagonizar una regresión autoritaria.