El 16 de julio pasado, la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, expuso ante el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que existe una profunda desigualdad entre las leyes y la realidad de los pueblos indígenas. Dicha afirmación no es ninguna novedad, en este espacio se ha planteado en varias ocasiones.
A pesar de que el artículo segundo constitucional enumera los derechos de estos pueblos, y de que se mencionan algunos en diversas leyes, se siguen violando. Tampoco se cumplen los derechos estipulados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por México. Solamente en contados casos, en los que los pueblos se han organizado y han luchado por defender sus derechos, han logrado que se les respeten, generalmente después de ser reprimidos de diversas formas.
Ciertamente, el Estado no ha cumplido con su obligación de aplicar la ley a favor de este sector de la población y que la CNDH lo mencione en Naciones Unidas es sin duda relevante.
Como afirma el periódico La Jornada en su editorial del 17 de julio (cuya lectura recomiendo), “en las circunstancias de descomposición por las que atraviesa el país, las leyes que establecen y protegen los derechos de los pueblos indígenas se han convertido prácticamente en letra muerta y los atropellos de que son víctimas se suceden una y otra vez con alta probabilidad de quedar impunes”.
Se violan todos los derechos, el derecho al territorio, a la consulta previa, a la libre determinación, a la identidad cultural, al acceso a la justicia, etc.
Según declarara recientemente Laura Ita Andehui Ruiz, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), hay más de nueve mil indígenas presos, la mayoría de ellos por carecer de intérpretes y por el desconocimiento de los funcionarios sobre la diversidad cultural y lingüística. Esto significa que se viola su derecho al acceso a la justicia. Si bien el Inali forma y certifica traductores, no hay suficientes.
Esta semana encontré la noticia de que en Perú el gobierno del Departamento del Cusco oficializó el reconocimiento del quechua como idioma obligatorio en la educación, por lo que deberá enseñarse en todos los niveles. Recomienda además que todos los servidores públicos lo manejen.
¿Acaso no podría hacerse lo mismo aquí en México? Si en cada región indígena fuera obligatoria la enseñanza del idioma local, por ejemplo, el maya en la península de Yucatán, el rarámuri en la Sierra Tarahumara o el purépecha en la Meseta Tarasca de Michoacán, y los funcionarios hablaran la lengua originaria correspondiente a cada zona, sería más fácil que los indígenas accedieran a la justicia y además, se garantizarían los derechos lingüísticos de este sector de la población y la preservación de las lenguas.
Parece ser que estamos muy lejos de que esto suceda, pero por lo menos podrían darse clases de lenguas indígenas y hacerlas obligatorias para determinados funcionarios.