Los pueblos de la Montaña se rebelan no sólo contra el gasolinazo que ha disparado el alza generalizada de los precios de la canasta básica y del transporte, sino contra las reducciones presupuestales y el abandono total de las instituciones gubernamentales. La crisis económica ha causado estragos en las regiones históricamente olvidadas y sumergidas en la miseria. De muy poco han servido las estadísticas oficiales que han demostrado el fracaso de los programas gubernamentales que ha sido diseñados para combatir la pobreza.
No son décadas, sino centurias, que los municipios de la Montaña llevan cargando sobre sus espaldas el peso del olvido materializado en carencias en los servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, caminos y empleos. Es abismal, por no decir, criminal, la brecha de la desigualdad. Es inconmensurable e invaluable las desgracias del atraso traducidas en desnutrición infantil, enfermedades curables, muerte materno infantil, muertes tempranas, hambruna, monolingüismo, analfabetismo entre tantos males endémicos.
Para los políticos ha dejado de preocuparles, porque no les genera costos políticos, que los municipios de la Montaña permanezcan en los últimos lugares en el plano nacional e internacional con respecto a los índices de desarrollo humano. Ya no les importa que los organismos internacionales publiquen en sus informes que ocupamos los últimos lugares, al igual que los países de Africa Subsahariana. Para los pueblos de la Montaña ¿qué significa esta dolorosa realidad tan arraigada en su vida comunitaria? Es un sufrimiento colectivo que indigna, que es muy cruento por el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra la población local. Impacta duramente en el desarrollo personal, familiar y comunitario. Enfrenta multiplicidad de amenazas tanto de la misma naturaleza como de los agentes estatales y no estatales. Todo está marcado por la carencia de bienes básicos, por la ausencia de las instituciones y por los resultados negativos de las acciones y programas gubernamentales. Predomina el trato despótico y discriminatorio de las autoridades. El engaño y la manipulación a la gente del campo es el sello de identidad de los políticos corruptos que trabajan en contubernio con las organizaciones que delinquen.
En la Montaña, la tragedia no sólo llega con la furia de la naturaleza o la violencia criminal, más bien es una realidad cotidiana que se ha normalizado y que la misma gente de la región padece en silencio. La gran mayoría de las familias cuentan con una vivienda derruida o a medio construir: viven en un sólo cuarto sin ventanas, con techos de láminas de cartón, piso de tierra, paredes de adobe, tablones o nailon. Con fogón en el piso y muy pocas cuentan con baño. Son viviendas sin el servicio de agua (la totalidad de las redes de agua potable no funcionan); sin drenaje y varias casas no cuentan con el servicio de luz eléctrica. En la región no funciona el alumbrado público y la tarifa de luz es alta, al grado que una vivienda con un foco su pago bimestral oscila entre 100 a 600 pesos.
En cuanto al acceso a la tierra, las nuevas generaciones de jóvenes están enfrentando un grave problema dentro de su comunidad porque se ha vuelto inviable vivir del campo, porque ya no hay tierra que distribuir. Los jefes o jefas de familia que cuentan con alguna parcela siembran una vez al año, en el mes de junio, y llegan a cosechar entre 300 a 500 kilos de maíz. Su siembra se ha vuelto onerosa por su dependencia de los agroquímicos que han depredado los suelos. La cosecha es de hambre por la diversidad de plagas que atacan la raíz de la milpa, que impiden que espigue y crezca robusta. La fiesta de los elotes se ha transformado en una fecha del desamparo, porque el hambre arrecia y se instala en el pueblo durante todo el año. El mismo ritual del domingo de carnaval, que muchas comunidades aún celebran en febrero, ha perdido eficacia, porque las potencias sagradas parecen perder la batalla contra la sequía o el mal temporal. El viento que llega ya no es el viento suave y bueno, es el ventarrón que tira las milpas. La lluvia que cae ya no impregna los suelos para humedecerlos, llega impetuosa arrasando cultivos. Transformando el tlacolol en terreno siniestrado. El granizo es el peor castigo que reciben los sembradores porque causa estragos a las plantas pequeñas. No sólo las autoridades han depredado el campo con sus políticas privatizadoras que promueven un modelo extractivo, la misma gente del campo siente que la naturaleza ha desatado su furia contra ellos, cuya vida depende de la tierra que cultivan.
Recientemente el Inegi publicó que los municipios de Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, Acatepec, Alcozauca, Alpoyeca, Atlixtac, Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatónoc y Zapotitlán Tablas reportan porcentajes superiores al 40% de la población de menores de 18 años con poca variedad en sus alimentos (reduciéndose a consumir tortilla, chile y sal). Cochoapa El Grande y Atlamajalcingo del Monte reportan porcentajes entre el 20.77% y 29.18% en este mismo rubro de menores que durante el día no probaron alimento. Presenta datos de que hay menores que comen menos de lo que deberían comer, como en los municipios de Atlamajancingo del Monte, con un 58.7%; Cochoapa El Grande, con un 40.02%; Alcozauca, con un 40.45%, y Tlapa, con un 36.05%. La carencia de alimentos es el drama generalizado que enfrentan las familias indígenas de la Montaña, que se ven obligadas a buscar otras formas para sobrevivir. Buena parte de la población Tu un savi y Me phaa migran con sus familias a los campos agrícolas del norte del país a lo largo del año. Otros se ven orillados a cultivar plantas como la amapola para malbaratar su producto con el riesgo de ser sancionados penalmente. Los jóvenes optan por cruzar la frontera con los riesgos que ello conlleva. Muchos han muerto en el desierto, otros al cruzar el río, y un gran número se encuentran en cárceles o en los centros de detención de migrantes. En Tlapa las casas de cambio son un negocio redondo, porque reciben las remesas de la gente que trabaja en Nueva York. Muchas familias duermen en las banquetas para hacer fila y lograr que ese mismo día puedan sacar el dinero que les enviaron, pagando comisiones altas y soportando abusos de las empresas que no respetan el tipo de cambio que se fija diariamente en la venta y compra del dólar.
Este muro de la iniquidad impuesto por el mismo gobierno que ha desquiciado la vida de los pueblos de la Montaña, ha obligado a que las familias se organicen para defender sus derechos básicos. Desde las tormentas Ingrid y Manuel, que en septiembre de 2013 devastaron las parcelas de cultivo y las huertas de café; que dejaron a la intemperie a decenas de comunidades ante el derrumbamiento de los cerros que los cubrió de lodo y que más de 4 mil viviendas sufrieron daños tanto parciales como totales, los pueblos damnificados se vieron obligados a conformar el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña para demandar al gobierno la reconstrucción de las viviendas y la rehabilitación de su base productiva. El trato que recibió la Montaña fue inequitativo y discriminatorio. La mayoría de los recursos manejados por el Fonden se invirtieron en las zonas turísticas, sobre todo en Acapulco. De igual manera pasó con los recursos extraordinarios que se autorizaron para el Plan Nuevo Guerrero, anunciado con bombo y platillo por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Manejaron un monto total de 77 mil millones de pesos, que en la región de la Montaña los ciudadanos y ciudadanas desconocemos cuál fue el monto que se destinó y las obras que se realizaron en la región. Este atraco gubernamental y del gran número de empresas constructoras que llegaron a la Montaña para hacer su negocio con el sufrimiento de las familias damnificadas, es lo que está colmando la paciencia y llegando al límite de tolerancia entre las comunidades que, con sus propias manos, han tenido que reconstruir sus viviendas e ir reparando sus parcelas siniestradas.
El mismo Consejo de Comunidades elaboró una propuesta al gobierno federal para hacer frente al problema de desabasto de granos básicos y al déficit creciente de producción de maíz y frijol. A base movilizaciones y mesas de trabajo en la Ciudad de México y Chilpancingo, se logró arrancar una primera etapa que se distribuyó en seis entregas a 16 mil familias de 185 comunidades de 13 municipios. En el mes de junio de 2016, las autoridades comunitarias del Consejo establecieron un acuerdo en la Secretaría de Gobernación, con el respaldo del gobernador Héctor Astudillo y la directora de la CDI Nubia Mayorga, en el que se comprometieron a asignar recursos financieros para la implementación de una segunda etapa de la propuesta denominada “Que llueva maíz en la Montaña”. Es un planteamiento inédito que consiste en dotar de maíz, frijol, arroz y sal a las 16 mil familias de los municipios más pobres del estado, distribuido a través de las tiendas Diconsa. Este compromiso ha sido incumplido por las autoridades involucradas y han dejado botadas a las familias que enfrentan el flagelo del hambre. Las autoridades dejaron que terminara el año para agarrarse de la crisis económica y los recortes presupuestarios para justificar su incumplimiento de las tres entregas de granos básicos que hacen falta.
Las comunidades no están dispuestas a seguir padeciendo más engaños ni patrañas. Han emplazado a las autoridades federales y estatales para que cumplan con lo acordado hace 7 meses. No pueden seguir esperando, ni sacrificando su propia sobrevivencia en aras de mantener los privilegios de las élites políticas y económicas. Por eso este lunes emprenderán una gran movilización en Tlapa, para que al unísono escuchen el clamor de las comunidades que exigen lo que en justicia les corresponde. Su lucha es legal y legítima. Es por el derecho a una alimentación adecuada y una vivienda digna. Es para derrumbar el muro de la iniquidad y para romper el silencio y el trato discriminatorio.