La recién aprobada, Ley General de Protección Civil (LGPC), parte de una plataforma ficticia para su observancia y vigencia. Considera que la geografía y la climatología en todo el territorio nacional es homogénea. No es así; predomina lo heterogéneo y pretender dar trato de iguales a desiguales profundizará la desigualdad existente. No todas las entidades federativas tienen el mismo grado de riesgo y vulnerabilidad. Además, “No importa solamente la intensidad del fenómeno natural para generar daños en la sociedad, sino que el total de daños también se refiere a los contextos de vulnerabilidad que una sociedad por sí misma genera o provoca en el transcurso del tiempo”*.
A iniciativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los diputados federales de Morena y otros aprobaron la nueva LGPC que regirá en México y que perjudica seriamente al estado de Guerrero –entre otras entidades federativas– en virtud de que se traslada directamente y en un primer momento, la responsabilidad de atender los desastres naturales a los gobiernos estatales y municipales donde acontecen los eventos; desprendiéndose de tal responsabilidad el gobierno federal, no obstante que es el nivel de gobierno que recauda la mayor cantidad de impuestos en todo el país. Es una injusticia anti federalista grande. Estas tierras del sur se caracterizan por estar ubicadas geográficamente en latitudes donde se presentan con mayor intensidad y frecuencia tales eventos catastróficos. Recordemos que geológicamente somos vecinos de la Falla de San Andrés.
En Guerrero se presenta uno o más meteoros climatológicos (mar de fondo por el cambio climático, por ejemplo), hidrológicos (huracanes, tormentas tropicales, desborde de ríos, estiajes prolongados), eventos sísmicos (terremotos de diverso grado y naturaleza). Todos ellos, las más de las veces devastadores, ocasionando pérdida de vidas humanas, viviendas, centros de trabajo, destrucción ecológica, infraestructura urbana, cosechas siniestradas, incendios forestales, vías de comunicación terrestre truncadas, derrumbe de puentes y, en general, la semi paralización de la actividad educativa, económica y social de pueblos y ciudades. No solo son desastres naturales, son desastres convergentes.
La estadística histórica indica que Guerrero es un estado de alto riesgo en materia de siniestros y catástrofes. Al mismo tiempo es un estado muy vulnerable por cuanto a su orografía abrupta, sempiterna escasez de recursos económicos, de infraestructura y equipamiento para enfrentarlos y defender la vida de la población, la cual es en su mayoría, pobre.
Es un hecho que el gobierno del estado de Guerrero no recaba suficientes contribuciones económicas para enfrentar, junto con los municipios, desproporcionado cometido. Sus montos fiscales son inferiores en relación a otros estados de la nación que gozan de un crecimiento económico más vigoroso. Eso conlleva a tener recurrentemente un déficit anual en las finanzas públicas estatales y municipales las cuales dependen en más de 98 por ciento de las transferencias de recursos federales; bien sea como participaciones o aportaciones federales. La LGPC recién aprobada, nos deja en una indefensión mayúscula y de gran espectro, puesto que tampoco tenemos la cuantía de recursos económicos para pagar aseguramientos de esa naturaleza.
Los costos humanos, materiales, económicos, sociales y de hábitats que causan los desastres naturales y “antrópicos” son enormes. Como datos ilustrativos consigno lo siguiente: El huracán Paulina (1997) ocasionó pérdidas por 448 millones de dólares. La tormenta tropical Manuel, en 2013, provocó pérdidas estimadas en 2 mil 270 millones de dólares*. La empresa internacional de análisis de riesgos, Enki Research, proporciona un cálculo primario de las pérdidas económicas causadas por el huracán Otis (2023) en alrededor de 15 mil millones de dólares.
Ya de por sí, cuando el gobierno federal tenía el deber y la primera responsabilidad de afrontar los desastres naturales que se presentaran en cualquier parte del territorio nacional, su histórico burocratismo, congénito a un centralismo de facto, nos provocaba angustia y desesperación porque no llegaban las ayudas y los apoyos a tiempo ni en la cantidad suficiente, para salvar vidas y bienes con oportunidad. En cambio, desde ahora el gobierno federal actuará tan solo como coadyuvante –si es que así lo decide– y lo hará con mucho mayor lentitud que, seguro estoy, rayará en mucha irresponsabilidad gubernamental. Al tiempo.

* Rodríguez Esteves, J. M. (2017). Los desastres recurrentes en México: El huracán Pauline y la tormenta Manuel en Acapulco.

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