El estudio sobre Derechos Humanos y Pobreza, políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1º constitucional, elaborado por el equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en cuatro municipios de la entidad, reitera las condiciones de rezago social en las que se encuentran Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana.
La pobreza es causa y consecuencia de la vulnerabilidad que padece la mayoría de nuestra población. Los programas sociales han sido insuficientes para mejorar los niveles de vida de sus beneficiarios. El hecho es que en los últimos seis años, según reporta el estudio, entre nosotros no ha disminuido la pobreza.
No pasemos por alto recomendaciones que parecerían obvias de no ser por los resultados de las políticas públicas.
Es necesario identificar a todas las personas en condiciones de pobreza para emprender acciones que las empoderen e impulsar su acceso a la igualdad y no discriminación, que a su vez promueva la participación ciudadana.
Se necesita reformular políticas públicas, con objetivos medibles para identificar las condiciones del ejercicio de todos los derechos humanos, de manera que se puedan generar cambios estructurales en la entidad.
Acciones específicas recomendables son: erradicar políticas económicas excluyentes; enfatizar a las comunidades como centros de inclusión para su desarrollo; incrementar la inversión de fomento a la productividad de pequeños productores; tener certidumbre sobre la dirección, aprovechamiento y resultados de los recursos económicos de apoyo a proyectos productivos, y otros más.
Aprovechar los recursos naturales para que sean detonadores de empleo e ingreso. Es necesario que los institutos de educación superior (IES) revisen sus planes de estudio con el fin de privilegiar la formación de profesionales y técnicos que respondan a las vocaciones económicas de la entidad.
Hay que evitar la frustración de miles de jóvenes que egresan de las IES, con profesiones sin demanda en el mercado laboral, lo cual contribuye a mantener condiciones de pobreza en tanto no se accede a los derechos al trabajo y a otros por la frecuencia negativa que se origina.
En Demasiados abogados Miguel Carbonell informa que en México hay más de mil 600 facultades de derecho “y se abren tres nuevas cada semana”. Lo cual contrasta con otros países: en “Alemania hay 44 de estas escuelas, 73 en España y 21 en Canadá”.
Se estima que en Guerrero, al menos 6 mil nuevos abogados egresan anualmente de diversas escuelas de derecho. Disponer de un título universitario no significa romper la línea de la pobreza. Hay muchísimos profesionales que realizan actividades mal pagadas, informales, y para las cuales no se requieren estudios universitarios.
El círculo virtuoso para salir de la pobreza es la salud, la educación y el empleo. Si hay ausencia de salud y la educación es de mala calidad, el empleo es improbable. Eso puede explicar por qué a pesar de los programas sociales estamos como en una caminadora eléctrica: podemos movernos mucho, sin recorrer distancia alguna.
La política social debe tener mediciones que permitan conocer objetivamente sus resultados. La sociedad guerrerense requiere ser subsidiada por sus condiciones de atraso, pero con visión de desarrollo. La coordinación entre los órdenes de gobierno es indispensable para aplicar políticas públicas exitosas.
Las lecciones de la realidad son implacables. En la lucha política por el poder se propone lo deseable; pero en el ejercicio de la administración se actúa con lo posible. Y esta diferencia es la que pone a prueba la capacidad política cuando se está atrás del mostrador.