Uno de los rasgos más peligrosos de una sociedad es la insensibilidad. Perder la capacidad de sorprenderse frente a lo inesperado, frente al dolor ajeno, frente a los sinsabores de la vida. Se le llama también inconsciencia, es decir, que se carece de la certeza de que lo que ocurre es indebido, incorrecto, al margen del sentido común, fuera de la realidad, pues.
En muchos países es inconcebible, sorprendente, fuera de toda realidad, el que la violencia, como la humedad, invada a la sociedad entera sin que apenas ésta perciba su gravedad. Asaltos, secuestros, violaciones, asesinatos sin ton ni son, a los que la única respuesta de los gobiernos es más violencia, la fuerza civil o militar que confirma políticas erradas, decisiones equivocadas que esconden incapacidad absoluta o, peor aún, actos de corrupción o diagnósticos superficiales. Tal como le ha ocurrido a México en los últimos tiempos y, más grave aún, en Guerrero que ha sido como un laboratorio donde la autoridad está cada vez más rebasada, sin que siquiera se acepte su existencia.
El gobernador Héctor Astudillo, quien representó en algún momento la esperanza de romper la inercia de estulticia, rapacidad e incapacidad de sus antecesores confirma que es un político hecho de la misma madera. Desde el primer momento equivocó el rumbo y hoy se regodea en sus propias pifias. Su discurso campea entre la irrealidad y un mundo que sólo se construye a su alrededor, atraído por los reflectores y ensordecido por el estruendo de los aplausos que le prodiga el propio sistema. El pueblo está abandonado, pero él se conduce como si fuera un padre responsable y hasta protector. Vive en la irrealidad, pues. 
Los hechos, son contundentes: la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos días difundió su informe especial sobre desapariciones forzadas y fosas clandestinas en México, cuyos datos y conclusiones muestran que estamos ante una problemática no sólo no resuelta, sino creciente.
Pese a que nuestro país ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales para combatir y erradicar la desaparición de personas, no hay la atención debida al fenómeno por parte de los tres niveles de gobierno, observa la CNDH, y no existen siquiera bases de datos confiables “para determinar con certeza el número de casos que serían propiamente desapariciones forzadas imputables a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos en que la desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o se debiera a alguna otra causa”.
Con la información existente, se observa que a partir de 2010 las personas reportadas como desaparecidas suman cada año en todo el país entre tres y cuatro mil, y en Guerrero hay acumulados más de mil casos.
En la entidad se creó, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero en agosto de 2012, la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Desaparición Forzada de Personas, “la cual tiene como objetivo primordial, atender con prontitud, eficiencia y de manera especializada, las denuncias y querellas que formulen quienes han sido víctimas de estos hechos, así como la protección de los valores esenciales del ser humano, como son la vida, la integridad física y la libertad, entre otros”.
Según consigna la CNDH en su informe, desde su creación hasta febrero de 2015 dicha agencia inició 18 averiguaciones previas y recibió otras 57; sin embargo, “de la respuesta emitida por la Fiscalía General del estado de Guerrero, no se desprende dato alguno que permita suponer que dicho órgano de procuración de justicia haya ejercido acción penal por el delito de desaparición forzada de personas en contra de servidor público o persona alguna”. Es decir, eficacia y justicia cero.
Contra la cifra de más de mil casos acumulados en la estadística de la CNDH, las autoridades guerrerenses sólo reportan 401 personas desaparecidas en dos décadas que van de 1995 a 2015, y además el informe que comentamos señala haber encontrado que “un gran número de familiares de las víctimas se rehúsan a participar los acontecimientos relacionados con la desaparición de sus seres queridos ante la Institución del Ministerio Público, por el temor, falta de confianza y credibilidad que les merecen las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de aquella entidad federativa”.
Al solicitar precisiones sobre la información reportada en cada entidad sobre personas desaparecidas, extraviadas o ausentes por las instancias de procuración de justicia en las dos décadas mencionadas, Guerrero es un caso singular: “Mención aparte merece la contestación brindada a esta Comisión Nacional por la Fiscal Especializada para la Protección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del estado de Guerrero”, acusa el informe, pues la funcionaria les remite a un reporte supuestamente ya enviado pero cuya existencia nadie conoce. De ser cierto, bastaría con ponerles copia y exhibir con ello torpeza y descuido de la CNDH. La trampa ofende por lo burdo, y habla como ningún otro elemento del camino que falta por andar en las instituciones de procuración de justicia.
Todo lo anterior sustenta el señalamiento puntual que hace el organismo defensor de los derechos humanos del “escenario de violencia e inseguridad que priva en varias regiones del estado, principalmente en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala, que ha derivado en un número importante de homicidios, personas desaparecidas y el desplazamiento forzado interno de familias de sus comunidades”, sumado a “la corrupción y colusión de algunas autoridades con la delincuencia organizada que deriva en la impunidad y falta de acceso a la justicia”.
Íntimamente ligado con la desaparición de personas, el hallazgo de fosas clandestinas es el horror también creciente en casi todo el territorio nacional. Y en sentido contrario de los reportes de desapariciones en Guerrero, que apenas alcanzan el cuatro por ciento en las cifras del país, en cambio el número de restos humanos exhumados en entierros furtivos se ubica entre los más altos respecto a otras entidades: 326 cadáveres hasta 2016, dato sólo superado en Durango con 386. Nuevamente, la estadística oficial no es confiable, pues al hacer un muestreo hemerográfico la CNDH llega a la suma de por lo menos 510 cuerpos en las fosas de Guerrero.
El informe de la CNDH abunda en detalles y recomendaciones que en espacio no alcanzaremos a abordar, pero el horror someramente descrito es por sí mismo elocuente.
El secuestro y la desaparición de personas revelan no solamente un clima de inseguridad y violencia, sino un ambiente de barbarie frente al que las autoridades son omisas o inconscientes de su gravedad. Lo grave no es tener problemas, sino a sabiendas de su existencia, minimizarlos y organizar una permanente cortina de humo que sólo ahoga a los que la fomentan. Lo inteligente sería reconocer que estamos mal y actuar en consecuencia. Ser congruente. Pero esa es una característica muy poco practicada y menos entre los políticos. Ojalá vengan pronto tiempos nuevos.