Reducir o eliminar la pobreza es un problema complejo y multifactorial. Desde que Carlos Salinas de Gortari comenzara programas subsidiarios para convertir al desarrollo en lo que se llamo el Programa Nacional de Solidaridad hasta la fecha, han pasado más de 30 años en donde el combate a la pobreza solo ocurre en el discurso, en los presupuestos, pero evidentemente algo se está haciendo mal porque cada vez hay más pobres de acuerdo a las cifras del Coneval.
El gobierno de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha volcado en Guerrero más de 20 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de egresos del estado, para atacar a la pobreza desde su origen; estos recursos se han direccionado a través de los programas (Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida, Becas Benito Juárez, Adultos mayores, Fertilizante gratuito, madres solteras, discapacitados.)
En los años 2013 y 2014 como consecuencia del impacto de las tormentas Ingrid y Manuel que arrasaron con gran parte de la infraestructura del estado de Guerrero, el gobierno federal destinó o al menos dijo que destinó, casi 65 mil millones de pesos, el equivalente a un año de presupuesto del estado de Guerrero. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos parece ser suficiente. Recuerdo que algún gobernador decía que la pobreza en Guerrero es como un comal ardiendo y que, lo que los gobiernos hacen es esparcir algunas gotas de agua que en cuanto tocan el comal se evaporan, si no es que se evaporan incluso antes de tocar el comal.
Para enfriar ese gran comal que es la pobreza, es necesario un esfuerzo presupuestal extraordinario, que sea como una cubeta de agua fresca que enfríe al comal de una vez y para siempre.
Para que esto ocurra es necesario que exista inversión estatal y privada que genere desarrollo, empleo y bienestar. El gobierno federal está poniendo su parte, pero esto no es suficiente. Es necesario convocar a la iniciativa privada para que crea en Guerrero como un estado apto para la inversión. Para ello es necesario dotar de certeza jurídica y patrimonial a los posibles inversionistas y garantizarles que su inversión, no será objeto de litigios, protestas o despojos.
Guerrero es un laboratorio de la tremenda desigualdad que existe en México, en el llamado Acapulco Diamante, se siguen realizando desarrollos con condominios que en muchos casos alcanzan e incluso superan el millón de dólares y a unos cuantos metros de ahí los trabajadores que atienden dichos condominios, viven en las peores condiciones de marginación y de pobreza, esto genera un caldo de cultivo y una tensión social que puede derivar en violencia y delincuencia. Lo que nosotros proponemos es que el desarrollo sea equilibrado y parejo, no queremos que deje de haber ricos, queremos que deje de haber pobres, por eso el gobierno debe ser garante de la inversión, pero también debe de acompañar todo el proceso para garantizar que los trabajadores de la construcción, que los trabajadores de mantenimiento y que los trabajadores y trabajadoras domésticos cuenten con todas las prestaciones que marca la ley.
No podemos tratar igual a los desiguales; Guerrero, Oaxaca, y Chiapas necesitan un trato diferencial en lo presupuestal y en lo fiscal. No estamos hablando de paternalismo o subsidiariedad populista. Estamos hablando de justicia social y de equidad. Mientras en la República Mexicana hay estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro que crecen a tazas del 5, del 6 o del 7 por ciento, los estados del sur del país, crecen cero o incluso decrecen. Si mantenemos este modelo de disparidad entre el norte y el sur, México jamás podrá desarrollarse a los niveles que todos necesitamos, por eso estamos de acuerdo en el principio que nos ha enseñado nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, de que “Por el bien de todos, primero los pobres”. Esto no significa paternalismo ni populismo, esto significa, justicia, desarrollo equilibrado y significa transversalidad.
Guerrero necesita inversión extraordinaria pública y privada. Para que esto ocurra, necesitamos legalidad y legitimidad. Para que esto ocurra, el Estado debe de ser el principal cumplidor y no el principal violador de la ley. El manejo de los recursos públicos debe de hacerse de manera absolutamente abierta y transparente, observando los más altos estándares de anticorrupción y de rendición de cuentas y de transparencia. Tenemos que tener un gobierno abierto, una caja de cristal que pueda ser fiscalizada y observada por cualquier persona que así desee hacerlo, en cualquier momento.
No puede haber desarrollo sin justicia; y no puede haber justicia sin reparación del daño y resarcimiento de la memoria histórica. Los capítulos pendientes de justicia que aún laceran al estado de Guerrero, deben de subsanarse y se debe de hacer justicia, sobre todo en los casos de la Guerra Sucia de los años 70, y de casos emblemáticos como Aguas Blancas, El Charco, y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En el renglón de los derechos humanos no debemos dar un solo paso atrás, queremos justicia, exigimos justicia y haremos justicia, caiga quien caiga. Guerrero necesita a un gobierno cuyo único compromiso sea con la gente de Guerrero. Nunca más violencia política desde el estado, nunca más tortura y violación a los Derechos Humanos, nunca más impartidores de justicia que sean los primeros que la violen; nunca más gobiernos alejados del pueblo y cercanos al poder económico, delincuencial y corrupto.