EL-SUR

Sábado 01 de Octubre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Desarrollo social y ecológicamente responsable

Octavio Klimek Alcaraz

Febrero 01, 2020

Hace unos días se ha anunciado la intención del gobierno federal de hacer un fuerte impulso al crecimiento económico en México. Esto, en respuesta a que México, al parecer, no crece lo suficiente conforme los indicadores económicos tradicionales, incluso se dice que existe un leve decrecimiento. A esta preocupación, resulta que México ha crecido mal desde hace muchos años gracias al modelo económico de mercado, social y ecológicamente irresponsable, que basa su dogma en maximizar las ganancias económicas sobre todas las cosas. La consecuencia no sólo ha sido la terrible desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, sino también la destrucción ecológica, que es soporte precisamente de la producción económica.
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó el pasado 4 de diciembre 2019 los datos de las Cuentas Económicas y Ecológica de México 2018. En 2018, los costos totales por agotamiento de los recursos naturales y degradación ambiental fueron equivalentes al 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que equivalen a una cifra astronómica de 1 millón 19 mil 751 millones de pesos (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018.pdf.).
Esto significan los gastos en los que la sociedad mexicana debería prevenir o buscar resolver evitando la reducción de nuestros recursos naturales.
Del citado 4.3 por ciento del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 0.5 por ciento y el deterioro ambiental a 3.8 por ciento del PIB.
El agotamiento de los recursos naturales abarca el agotamiento de los hidrocarburos (0.3 por ciento del PIB), del agua subterránea (0.2 por ciento del PIB), y de los recursos forestales (0.0 por ciento del PIB). Respecto a los costos del deterioro ambiental comprende la contaminación del aire (2.8 por ciento del PIB), la degradación del suelo (0.5 por ciento del PIB), la contaminación del agua (0.2 por ciento del PIB), y la generación de residuos sólidos (0.3 por ciento del PIB).
Preocupante es la información del Inegi, que señala, que entre 2003 y 2018 se registró un incremento en la sobreexplotación del agua subterránea, lo que originó que los costos por agotamiento de este recurso natural se incrementaran en 7.9 por ciento nominal en promedio cada año durante el mismo periodo.
Por su parte, el costo correspondiente a la contaminación de los cuerpos de agua como lagos, lagunas, ríos, etcétera, mostró la mayor tasa media de crecimiento en el periodo 2003-2018, con una variación nominal de 8.7 por ciento anual.
Con esos dos últimos datos, es pertinente señalar, que se tiene de manera evidente una grave crisis con la gestión del agua, y es necesario y urgente que se debe cambiar el rumbo.
Otros datos preocupante son que el costo por la degradación de la superficie de suelo afectada tuvo un incremento medio anual de 6.1 por ciento nominal, y el de la contaminación del suelo por residuos se ubicó en promedio en 7 por ciento nominal.
En tanto, que en el periodo 2003-2018 el costo por la contaminación del aire aumentó anualmente en promedio 4.8 por ciento, siendo las principales emisiones contaminantes las partículas generadas por los vehículos automotores.
Finalmente, para el periodo 2003-2018, el costo por agotamiento de los recursos forestales registró una disminución promedio anual de (-) 4.5 por ciento nominal, como consecuencia del crecimiento natural del recurso y de las actividades de reforestación. Asimismo, el costo por agotamiento de los hidrocarburos presentó una disminución promedio de (-) 1.1 por ciento nominal, en igual periodo.
El Inegi manifiesta, además que “el sector económico de transportes, correos y almacenamiento generó en 2018 los costos ambientales más elevados, llegando a la cifra de 234 mil 582 millones de pesos, en tanto que la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza lo hizo con 141 mil 826 millones; la minería alcanzó costos por 72 mil 48 millones, la industria manufacturera con 24 mil 833 y, por último, la feneración, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final registró 15 mil 283 millones de pesos. Este grupo de sectores integraron el 47.9 por ciento del total de los costos por agotamiento y degradación ambiental en el año de referencia.”
Es importante resaltar, que los gastos relacionados con la protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares equivalen al 12.2 por ciento de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, o a sólo el 0.6 por ciento del PIB (123 mil 951 millones de pesos). Es decir, la inversión requerida para reducir el daño ecológico en el 2018 debería haber sido de por lo menos 8.2 veces más que la registrada en dicho año.
La información anterior señala con claridad, que la carrera en contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano si sólo se apostara a aumentar la inversión en protección ambiental.
Durante décadas, en las decisiones de políticas públicas no se incluyó la dimensión ecológica, junto a otras dimensiones como la social, la económica o la política. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. No sólo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de programas con la variable ambiental. Cuando se hacen programas y estos se traducen a proyectos, no se comprende que existen límites biofísicos en los ecosistemas, y que en muchos sitios la capacidad de carga de los ecosistemas ha sido rebasada hace tiempo.
El reto necesariamente es que las dependencias e instituciones de la administración pública en los tres órdenes de gobierno –no solo el federal– sean verdaderamente responsables, más allá de la retórica, de promover un nuevo modelo de desarrollo responsable social y ecológicamente, a través de sus diversos programas y proyectos. Ojo, no de apuesta al mero crecimiento económico. El desafío es que estas dependencias e instituciones asuman un compromiso, que incorpore además del beneficio directo a las personas que más lo requieren, la dimensión ambiental en sus programas y proyectos específicos, además de lograr que este nuevo desempeño ambiental sea posible medirlo con un sistema de indicadores.
Si estamos claros, que lo que se requiere es modificar el modelo de desarrollo, que había privilegiado solamente el crecimiento económico en detrimento de la gente, del medio ambiente y los recursos naturales del país, el objetivo sería disminuir o eliminar los actuales costos ambientales, tanto por el agotamiento de los recursos naturales, como por la degradación ambiental. Los datos ahí están.
Por todo lo anterior, se requiere integrar la dimensión ambiental al desarrollo del país, otorgarles en los programas de la administración pública un valor de importancia similar al que se le ha otorgado a los aspectos económicos y sociales del mismo. Esta es la oportunidad de ser diferentes desde el gobierno federal, de no ser así, se seguirán dejando crecer los problemas ambientales con escenarios probables de reducción del potencial de desarrollo de México en el mediano y largo plazo.

P. D. Si no van a sanear, ya no digo restaurar ecológicamente pueden dejar de intervenir en el río Huacapa. Chilpancingo y su río no merecen lo que se la ha hecho, una y otra vez. Muchos de nosotros vamos a seguir viviendo en esa ciudad y merecemos una vida digna y buena.

P.D. Las noticias de enfrentamientos de los grupos paramilitares y la indefensión de la población civil hablan de un Guerrero más que bronco. Mi tristeza e indignación por tanto sufrimiento de las y los guerrerenses.