EL-SUR

Martes 27 de Septiembre de 2022

Guerrero, México

Opinión

Desastre legislativo

Héctor Manuel Popoca Boone

Abril 23, 2022

¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?

La génesis del desastre legislativo en la 63 legislatura que padece el estado de Guerrero data desde el gobierno de Héctor Astudillo Flores y su secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Ellos enviaron a la 61 legislatura, sendas iniciativas de reformas al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y a las leyes reglamentarias: 777 y 701, que versaban sobre la seguridad pública y la cuestión indígena y afro-guerrerense, respectivamente.
Recordemos que el propósito político de esos malogrados estadistas estatales fue restarle la jerarquía legal, ya conquistada constitucionalmente, a la autonomía de dichos pueblos para establecer sus propios sistemas de seguridad pública comunitaria.
Dichas iniciativas fueron aprobadas a finales de la 61 legislatura y provocaron en diversos pueblos y organizaciones indígenas y afro-guerrerenses protestas, inconformidades y repudios, por no haberlos tomado en cuenta, ni mucho menos consultarlos en debida forma para ejecutarlas. Tal y como lo señala la Constitución Política de la República y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en toda clase de legislación que afecte los derechos de dichos pueblos.
De ahí que hubo la correspondiente impugnación ante la SCJN porque no se observó el debido proceso, por cuanto a la obligada consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
La SCJN falla a favor de los pueblos mencionados y emite los decretos de inconstitucionalidad 81/2018 y 78/2018, declarando invalidez a las reformas aprobadas al artículo 14 constitucional de Guerrero y las Leyes estatales 701 y 777. Por lo que instruye al Congreso local a reponer el debido proceso de consulta, en un plazo de tiempo determinado. También mandataba al gobernador a publicar las sentencias de la Corte, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado (POGE). Cuestión que no realiza hasta casi terminar su mandato; ordenando que se publicaran con fecha atrasada. ¡Uf!
El tema quedó en tránsito hacia la siguiente 62 legislatura, que tampoco cumple con los plazos fijados por la SCJN y que acaban de caducar el pasado 15 de abril. Por su parte, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, entra e inmediatamente sale de escena, al presentar para después retirar, las iniciativas legislativas que envió al Congreso el pasado 4 de febrero, referentes a 1) el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, 2) la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado y 3) la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ¡Uf! ¡Uf!
Posteriormente, el Congreso local para no ser sancionado por la SCJN también aprueba por unanimidad, por la vía del fast track, la Ley 179 sobre el Sistema de Seguridad Pública del Estado, que fue publicado en el POGE ¡con una redacción diferente en uno de los transitorios aprobados! ¡Uf! ¡Uf!
“Rayando el caballo”, en el tiempo estipulado, los diputados locales entregan a la SCJN una nueva, amañada, desinformada, engañosa y apresurada seudo consulta, que trascendió tuvo un costo de 20 millones de pesos, cuya inicial convocatoria, contenía una firma falsificada del diputado, Héctor Apreza Patrón, integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Triple ¡Uf!
Todo este vodevil legislativo, viciado de origen, es asunto grave. Como gobernador moral de Guerrero, preveo que enrutará a la SCJN a una nueva invalidez de esta renovada, fraudulenta y fallida consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos; haciéndose acreedor el Congreso local a una ejemplar sanción por incumplimiento y engaño.
PD. Antes de que se vayan permanentemente a sus casas, a los diputados reelectos y entronizados en la Junta Local de Coordinación Política, les solicito proporcionen a la opinión pública la información integral del proceso que han llevado de destrucción del edificio que albergaba la biblioteca del Congreso local; la asignación de la construcción de un nuevo inmueble de oficinas en ese sitio; así como otras obras, reparaciones y equipamientos mayores, realizados en lo que va de su mañosa, opaca y deshonesta gestión. Lo anterior, porque Guerrero carece desde hace nueve meses de un titular de la Auditoría Superior del Estado, cuyo nombramiento está bajo la responsabilidad de esta inolvidable 63 legislatura. (Cuatro veces ¡Uf!).

[email protected]