Eran aproximadamente las 12 del día, cuando una comisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlán (CRAC-PC), llegaba al antiguo Palacio de Gobierno en la ciudad de Chilpancingo. Asistieron los comisarios Amador Leyva Cruz, de El Rincón, y Ciriaco Rojas Calixto, de Tilapa, ambos del municipio de Malinaltepec. Estuvieron acompañados por seis autoridades provenientes de Tlaxcalixtlahuaca y San José Vistahermosa, municipio de San Luis Acatlán. Testificó esta reunión el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Santa Cruz del Rincón. El líder histórico del Concejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Cirino Plácido, estuvo acompañado por varios miembros de esta organización. Como Tlachinollan fuimos testigos de esta histórica reunión. No teníamos la certeza sobre el motivo de este llamado, sin embargo, presentíamos que el gobierno del estado fijaría su postura en torno al trabajo pujante que realizaba la Policía Comunitaria.
Por una parte, los operativos implementados de la Policía Comunitaria contra grupos de la delincuencia demostraban eficacia y éxito, al enfrentar y detener a varios de sus miembros que tenían contactos con policías municipales y los mismos funcionarios del ayuntamiento. Por otra parte, el Ejército desplegaba a sus efectivos para interceptar a grupos de la Policía Comunitaria con el fin de desarmarlos. Los ministerios públicos habían interpuesto denuncias contra varios comisarios que lideraban los operativos contra la delincuencia, acusándolos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. Había línea del mismo gobernador René Juárez Cisneros, de impedir que la CRAC-PC lograra tener un bastión fuerte en la cabecera municipal de San Luis Acatlán. No concebían que los comisarios y sus policías de los pueblos me’phaa y na’savi, se asentaran en lo que fue la Villa de San Luis, en honor de San Luis IX, rey de Francia, donde se asentaron las huestes de Pedro de Alvarado, y algunos misioneros agustinos.
Esa visión racista y etnocentrista que impusieron a sangre y fuego los españoles, ha quedado impregnada, a lo largo de los siglos, entre las familias de pastores provenientes del estado de Puebla, que se quedaron en esta comarca. La población mestiza de San Luis Acatlán logró controlar el comercio regional estableciendo fuertes vínculos con Acapulco y la mixteca poblana. Los grupos políticos que se conformaron en la Costa Chica estuvieron liderados por caciques que tenían el control del comercio, las tierras y el ganado. Varios indígenas se desempeñaron como mozos, peones, arrieros y vaqueros de los grandes comerciantes y hacendados. El trato hacia ellos era brutal. Tenían que trabajar como esclavos y al mismo tiempo dar tributo. Siempre ha existido una relación basada en la explotación económica y la subordinación política. Prevalece aún la idea de que a la población indígena y afromexicana hay que “civilizarla”, y para ellos, significaba domesticarla, domarla, someterla. Este flagelo ha costado mucha sangre y ha generado rebeliones y levantamientos que en su momento fueron sofocadas brutalmente. No en vano el levantamiento armado de Genaro Vázquez encontró entre varias comunidades de San Luis Acatlán y de Malinaltepec a sus mejores aliados. Esta osadía le costó muy caro a las familias indígenas que apoyaron la causa del guerrillero. Aún hay testimonios de personas que vivieron los estragos de la guerra sucia, como las desapariciones, ejecuciones, quema de viviendas, desplazamientos forzados, que dejaron una herida que sigue abierta.
Fue el 26 de febrero del 2002, cuando se realizó esta reunión. Estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, en representación del gobernador; el procurador de Justicia del estado, Rigoberto Pano Arciniega; el comandante de la 35 Zona Militar, Luis Orozco Pineda; el agente del ministerio público militar, con sede en Acapulco, Rafael Cortés Badillo, y tres miembros del Ejército que se encargaron de intimidar a las autoridades comunitarias, haciendo el registro fotográfico y de audio. También estuvo presente el subdelegado de la Procuraduría General de la República, el director estatal de Gobernación, Rey Hilario, y personal del Cisen. La reunión fue coordinada por el mayor retirado Luis León Aponte, quien, en su estilo rudo y desafiante, soltó de sopetón a los visitantes lo siguiente: “Ustedes están actuando fuera de la ley. No pueden portar armas y tampoco girar órdenes de aprehensión y detener a personas. No vamos a permitir que sigan violando la ley y ostentando funciones que no les corresponden. Los llamamos para decirles que no pueden continuar como Policía Comunitaria, para eso está la policía preventiva municipal y estatal. Mucho menos pueden suplir al ministerio público y a los jueces. El Ejército realizará operativos para desarmar a los grupos de la Policía Comunitaria que anda deteniendo a la gente en los caminos. El procurador está aquí para decirles que va a iniciar investigaciones contra los comisarios que están fungiendo como si fueran ministerios públicos. Les damos una semana para que se retiren de la cabecera municipal y regresen a sus comunidades”.
Con este mismo mensaje amenazante, intervinieron el procurador de Justicia, el delegado de la PGR y el general del Ejército. Todos cerraron filas para advertir a las autoridades comunitarias que no permitirían su funcionamiento como CRAC. Al final, intervino el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui, quien leyó un documento de ocho cuartillas, donde supuestamente fundamentaba la ilegalidad de la Policía Comunitaria. Concluyó diciendo que ni en la Constitución federal, ni en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tenía sustento legal este sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas de Guerrero.
De manera magistral uno de los comisarios les hizo ver que ellos no iban a establecer un diálogo con el gabinete de seguridad del estado, porque al final de cuentas lo único que han escuchado son amenazas, y eso no lo pueden permitir. Aclararon que ellos son autoridades políticas, por lo mismo, exigían un trato respetuoso porque tienen el respaldo de sus comunidades y están legalmente elegidas y reconocidas por las autoridades municipales. Lamentaban que usaran un lenguaje bélico, de confrontación y de descalificación. Cuestionaron el trato de enemigos que recibieron. También se dirigieron al magistrado cuestionando su actitud servil con el Poder Ejecutivo. Le pidieron que se actualizara en la nueva jurisprudencia que existía en la Corte Interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas y los documentos de trabajo que existían sobre la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas. Al final, les dijeron que, como representantes del pueblo, no podían tomar la decisión y mucho menos desobedecer el mandato de la gente de crear la Policía Comunitaria. Les recordaron el derecho que tienen los pueblos a ser consultados y que ese era el compromiso que asumirían, de realizar asambleas para determinar si acataban esta orden o más bien se atendía la decisión del pueblo. Pidieron un mes para darles la respuesta. A finales de marzo, las comunidades de San Luis Acatlán y Malinaltepec decidieron hacer pública su postura en favor de la CRAC-PC con una marcha de más de 4 mil personas que al unísono gritaban: ¡Sí a la Policía Comunitaria!
A propósito de esta lucha memorable de la Policía Comunitaria, este 15 de octubre se cumplieron 25 años de su creación en la comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec. Nació para contener los abusos y maltratos que desde la época colonial han padecido los indígenas con el sistema de justicia mestiza, y con las corporaciones policiales acostumbradas a detener arbitrariamente, a utilizar la tortura como método de investigación y a extorsionar a la población pobre para mantener su sojuzgamiento político. Es un sistema de un Estado pluricultural, sostenido por los pueblos indígenas y afromexicano. Actualmente, la Policía Comunitaria cuenta con sus cinco Casas de Justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, Paraíso y Caxitepec-Las juntas. Tiene presencia en 179 comunidades, de 28 municipios del estado. Su crecimiento y su prestigió sigue extendiéndose en varias regiones del estado.
En el 2011 se logró el reconocimiento legal de la CRAC-PC con la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, así como en la Ley 281 de Seguridad Pública de la entidad. A pesar de este avance significativo, en el 2018 los diputados y diputadas aprobaron por consigna una ley que criminaliza el actuar de la Policía Comunitaria, desconociéndola como una instancia auxiliar del estado, dentro de un marco jurídico plural.
Esta situación ha obligado a las comunidades y sus mismas autoridades a emprender una nueva lucha contra este golpe artero de los partidos políticos, que en la Legislatura pasada hicieron causa común para desconocer este modelo exitoso de seguridad y justicia entre las comunidades que son portadoras de una cultura cimentada en la igualdad y la no discriminación. Desde el 2017 varias comunidades indígenas en coordinación con organizaciones sociales y civiles nos hemos organizado para elaborar e impulsar una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el estado de Guerrero. Ha sido un esfuerzo colosal por su visión propositiva e innovadora orientada a fortalecer nuestro marco normativo, tomando como referencia los estándares internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Organizamos un parlamento abierto y varios foros de consulta en las diferentes regiones indígenas del estado. Fue un ejercicio inédito realizado a pulso por las comunidades indígenas y afromexicanas. A pesar de este trabajo que estrictamente le corresponde al Poder Legislativo, las comunidades con sus autoridades seguimos dando la pelea en las calles para emplazar a los diputados y diputadas a que atiendan esta exigencia. En lugar de valorar este movimiento legítimo y auténtico, algunos legisladores se han dedicado a desacreditar esta lucha y con su mirada corta y su postura mezquina, se han empeñado en impedir que avance esta reforma. Se han enfrascado en una disputa interna que pone en evidencia sus intereses partidistas, y su desprecio por los sectores sociales más depauperados del estado. Sus cálculos políticos para la contienda electoral dejan entrever su pequeñez como representantes del pueblo, al sentir que su poder puede más que esta lucha histórica de los ciudadanos y ciudadanas que soñamos en una sociedad cimentada en la igualdad y la justicia. Desde El Rincón de la Montaña llegan las mejores enseñanzas al Poder Legislativo de cómo se debe trabajar escuchando el reclamo de quienes han sido víctimas de este sistema político despótico.