Una verdadera reforma del Estado debe partir desde la sociedad y para la sociedad, debe ser vista como una gran oportunidad para que la población, que representa una realidad cultural diversificada, pueda emerger como un actor de primera línea con todas sus aspiraciones, preocupaciones y propuestas.
Es importante resaltar que el proceso de esta reforma abra los canales de participación y representación para evitar que sólo los partidos y la clase política diseñen y tomen decisiones.
Esta reforma no puede situar su finalidad en el Estado mismo, sino precisamente en la sociedad que lo vitaliza y le da consistencia, en este sentido esta reforma debe germinar y regresar a la misma sociedad, sólo de este modo podemos construir un proceso que permita la gobernabilidad democrática a la que aspiramos como ciudadanos con plenos derechos.
El Estado que queremos debe estar fundado en la perspectiva transversal de los derechos humanos, que debe ser el eje que inspire las políticas públicas y el actuar de los gobernantes. Sin esta visión es difícil aspirar a la construcción de un verdadero Estado democrático.
Es indispensable crear mecanismos eficaces de participación ciudadana, que garanticen a la ciudadanía su incidencia real en la toma de decisiones, por ello es indispensable adoptar instrumentos como la iniciativa ciudadana de ley ante el Congreso del Estado, el plebiscito para la consulta en la toma de decisiones en la administración pública y el referéndum como un método de evaluación popular del ejercicio del poder público.
En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales se necesita plantear la necesidad de que haya instrumentos jurídicos que obliguen a la rendición de cuentas por parte de las autoridades y al mismo tiempo fomentar una mayor participación ciudadana ante el Congreso del Estado para la distribución del presupuesto. Se deben tomar en cuenta los parámetros internacionales para hacer realidad los derechos básicos como la vivienda, alimentación, salud, trabajo entre la población más pobre de nuestro estado.
Es imprescindible la creación de un programa estatal de derechos humanos que se nutra de un diagnóstico objetivo sobre la situación de estos derechos en nuestro estado.
Ante las graves deficiencias de la función pública por parte de las autoridades municipales es indispensable crear figuras dentro de la estructura municipal que evalúen y revisen sus actuaciones. Una de ellas sería la figura del juez municipal, como una institución dependiente del Poder Judicial, otra de ellas sería la figura del ombudsman municipal que se encargaría de velar por los derechos.
Es urgente una reforma en la procuración y administración de justicia; se deben revisar a fondo el funcionamiento de las instituciones policiacas y se deben implementar mecanismos de control y rendición de cuentas, programas de capacitación y respeto a los derechos humanos, clarificación y profesionalización de los roles de cada corporación policíaca, la existencia de mecanismos de asensos, además de promociones y sanciones claras al interior de la fuerzas policiacas, así como el castigo y destitución a los que violan derechos humanos.
En el plano específico del Poder Judicial, es insoslayable la restructuración del Consejo de la Judicatura. Nos parece contradictorio que esta institución encargada de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial esté compuesta por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, por un magistrado y por un juez, pues se pone en entredicho su independencia para realizar su función. Es por ello que consideramos impostergable que el Consejo de la Judicatura se convierta en una institución con autonomía jurídica, presupuestaria y orgánica, de tal suerte que se ciudadanice y que sus integrantes sean ajenos al Poder Judicial.
En el ámbito de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, resulta indispensable el reconocimiento de derechos a favor de los ofendidos que le permitan una participación procesal activa durante las distintas etapas de investigación y juicio.
En el tema de los derechos del detenido, y en particular por lo que toca a la posibilidad de garantizar su acceso a la defensoría pública y gratuita, es indispensable que se independice el instituto de la defensoría de oficio, de tal suerte que ya no dependa del Poder Ejecutivo.
Para superar la práctica que ha desempeñado el gobierno, por la cual se administran y no se resuelven los conflictos sociales de fondo, resulta indispensable la creación de instancias conciliadoras que cuenten con facultades para el conocimiento y estudio de las controversias, para plantear alternativas de solución.
Para construir una nueva relación entre pueblos indígenas y gobierno, que supere la dinámica asistencialista y asuma a los indígenas como sujetos de derechos, es indispensable que el gobierno respete los procesos organizativos y autonómicos de las comunidades.
Para el abatimiento de la tortura, se considera necesario la tipificación adecuada de la tortura como delito mediante la creación de una ley especial para prevenir y sancionar la tortura.
Asimismo, reformar el Código de Procedimientos Penales en el Estado y establecer que la confesión solamente tendrá valor probatorio cuando sea rendida ante el juez, pues sólo quitándole todo valor probatorio a las confesiones rendidas ante el Ministerio Público se evitará que en la etapa de investigación del delito los detenidos sean sometidos a tormentos físicos y psicológicos.
Establecer un sistema distinto de guardia y custodia de los detenidos, por medio del cual toda persona sujeta a aprehensión sea puesta de inmediato en manos de una autoridad independiente que no sea la policía judicial, ni el Ministerio Público.
Una reforma legislativa por la cual los servicios periciales se independicen de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto permitiría que los dictámenes médicos no puedan ser manipulados.
El tema de la militarización de comunidades indígenas y campesinas es toral, Tlachinollan en los últimos años ha documentado más de 80 casos de violaciones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas armadas, los cuales permanecen impunes. Por ello, resulta necesario el acotamiento de los poderes metaconstitucionales con que cuenta el Ejército, pues favorecen mecanismos y prácticas de impunidad, tal como lo es la “justicia militar” hoy en día. En razón de ello, es impostergable la reforma legislativa que establezca candados para impedir la práctica expansiva del Fuero de Guerra en agravio de las víctimas. Y que se garantice que las instituciones civiles sean las encargadas de investigar y sancionar los actos violatorios cometidos por personal castrense.
En Guerrero, anualmente migran más de 40 mil indígenas (de acuerdo a cifras oficiales) como jornaleros agrícolas, sin contar a los que trabajan en Estados Unidos. Las autoridades de los distintos niveles de gobierno se han rehusado a atender la problemática en sus justas dimensiones, por lo que se debe diseñar e implementar una política integral y con un horizonte de largo plazo.