EL-SUR

Sábado 15 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

Desde la trinchera de los 43

Tlachinollan

Diciembre 18, 2023

Toda nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Su trayectoria de 35 años al lado de las víctimas se ha ganado el reconocimiento de la sociedad y el vituperio de los gobernantes.

Como mamás y papás de nuestros 43 hijos desaparecidos, hemos padecido golpes duros por parte de los diferentes gobiernos. A pesar de tantos sinsabores nunca hemos bajado la guardia. En estos 9 años no hay un día que dejemos de pensar en ellos. Nuestra vida está dedicada a dar con su paradero. Mucha gente es la que camina a nuestro lado y la que siempre nos anima y apoya. Las autoridades son las que nos desalientan y defraudan, porque no atienden nuestros planteamientos y más bien buscan desviar nuestra atención. Lo único que les pedimos es que nos digan dónde están nuestros 43 hijos, sin embargo, creen que actuamos con otros intereses o que estamos influenciados por lo que nos dicen nuestros equipos de trabajo. Consideran que no somos capaces de captar que los abogados tienen otros intereses ajenos a los nuestros. Nos dan a entender que estamos supeditados o sometidos a las órdenes que ellos nos dictan. Piensan que no tenemos opinión propia ni un criterio personal de lo que sucede con las investigaciones.
Lamentablemente el presidente Andrés Manuel, en quien depositamos toda nuestra confianza para dar con el paradero de nuestros hijos, nos ha dado el mismo trato como el que recibimos de Peña Nieto. El pasado jueves 14, en su conferencia mañanera dijo que el Centro Prodh se está “echando a perder”. Se le hace raro que “no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada ‘verdad histórica’, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam”. En ese comentario afirmó que como padres no sabemos “que la sentencia que dejó libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, al menos de algunos que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando”. También comentó que los abogados del Prodh le reclamaron que se “habían hecho mal las cosas” porque se solicitaron las órdenes de aprehensión y se detuvieron a estos personajes del más alto nivel. “Por un lado defienden a las víctimas, pero, por otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan que fueron torturados”.
Esto no es verdad, nosotros conocemos bien a nuestros abogados y abogadas, quienes en todo momento nos informan y piden nuestra opinión.
Hacemos reuniones para conocer los avances de las investigaciones y siempre solicitamos que nos aclaren las dudas que tenemos. Conocemos todos los informes del GIEI, los de la Comisión Interamericana y los que ha presentado la Subsecretaría de Derechos Humanos. Con todos ellos nos reunimos y somos nosotros los que hacemos las preguntas, tanto a los expertos y expertas del GIEI, como a la misma comisionada Esmeralda. El ex subsecretario Alejandro Encinas nos conoció muy bien, porque constató que en las reuniones de la Covaj siempre dábamos nuestras opiniones y planteábamos nuestras dudas. Sabe muy bien cuál es nuestra posición, independientemente de lo que comenten nuestros abogados.
Todos ellos y ellas están comprometidas con nuestra lucha. Los amigos y amigas del Centro Pro no sólo son nuestros representantes y asesores legales, como los de Tlachinollan, Fundar y Serapaz, también son nuestros amigos y amigas. Ellos nos apoyan para tener un lugar donde hospedarnos, generosamente nos ofrecen de comer y están pendientes de nuestra salud y de otros asuntos personales. Hemos cultivado una relación de respeto y de mucha confianza. Hemos aprendido a convivir y a establecer formas de comunicación directas y transparentes, colocando en primer plano, lo que nosotros decimos y opinamos. Sus puntos de vista son valiosos, pero lo que realmente importa es nuestra decisión, porque somos nosotros los directamente afectados. Su opinión es valiosa porque nos ayudan a contar con un panorama amplio sobre los avances de las investigaciones.
Lo que comentó el presidente sobre el Centro Prodh lo vemos como una falta de respeto a nosotras como madres y padres y a nuestros equipos, en concreto al Centro Prodh. No consideramos que sea una opinión objetiva y serena del presidente, porque no es el modo de actuar de los abogados y abogadas del Pro. Llevan 35 años trabajando con mucha gente y todos son testigos del profesionalismo y el trato respetuoso que tienen con todos. Es muy grande su compromiso con las víctimas. No titubean cuando hay que plantear con claridad lo que demandamos como padres y madres que nos sentimos agraviadas por la forma como actúan las autoridades. Ellos representan nuestro sentir y siempre vemos que se colocan de nuestro lado, independientemente si eso molesta o incomoda a las autoridades. Esa postura es la que nos da confianza porque al igual que nosotras, buscan la verdad, luchan para encontrar a nuestros hijos.
En este comentario del presidente vemos más bien que no quiere aceptar que los implicados en la desaparición de nuestros hijos son los militares. Por eso sentimos que trata de desviar la atención. Ya no escucha lo que le hemos planteado, de que el Ejército entregue toda la información que tiene sobre los 43 y de que se investigue a los militares. En lugar de exigir al secretario de la Defensa Nacional que atienda nuestra solicitud, se hace eco de lo que dicen los mandos militares, al afirmar que ya entregaron toda la información.
Sabemos por el último informe que hizo público el GIEI que existen varios documentos relativos a la desaparición y posible paradero de nuestros hijos. Son documentos que tienen fecha del mes de abril de 2014 al mes de octubre del mismo año. Todos ellos están foliados y fueron encontrados en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala, Guerrero. Dentro de estos documentos hay uno de gran relevancia, porque refiere que 17 de nuestros hijos fueron llevados a un lugar para privarlos de la vida. Se trata de una hoja que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo cual enviamos una carta al presidente de la República para que instruya a las autoridades militares que entreguen la comunicación completa, con el fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 estudiantes.
En ese mismo escrito le manifestamos al presidente que el Ejército infiltró a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a nuestros hijos desde su arribo a Iguala; que intervinieron comunicaciones a los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos y que la policía de Iguala daba cuenta de dónde estaban llevando a 17 de nuestros hijos.
A pesar de todos estos esfuerzos que hicimos para avanzar en esta ruta que el GIEI nos trazó con datos precisos y contundentes, el presidente ya no impulsó este planteamiento legítimo y simplemente cerró este capítulo al afirmar que “el Ejército ha entregado toda la información que tiene y que ha ayudado a esclarecer estos casos”. En esa ocasión el presidente fue muy claro al colocarse del lado del Ejército y mostrar su desacuerdo con nosotros.
Después de esa reunión el presidente manifestó que él se encargaría de llevar la investigación. Lo estamos constatando ahora al enfocarse a descalificar el trabajo del Centro Pro, dejando de lado todas las recomendaciones que presentó el GIEI e ignorando nuestra demanda de que el Ejército entregue los folios que solicitamos.
Vamos para 6 años y tampoco tenemos verdad. Tememos que concluya el sexenio y que el presidente descargue sus baterías contra nuestros equipos de trabajo, como la CIDH, el GIEI, el Centro Pro, Tlachinollan, Fundar y Serapaz al afirmar que ellos se encargaron de encubrir a los perpetradores, dejando a salvo al Ejército. Como padres y madres entendemos que la molestia del presidente viene por nuestro señalamiento al Ejército como actor implicado en la desaparición de nuestros 43 hijos. No nos confundimos con la narrativa del presidente, la búsqueda de la verdad pasa necesariamente por garantizar una investigación imparcial, sin sesgos ni encubrimientos de todas las autoridades involucradas en la desaparición de nuestros hijos. Reiteramos que el presidente de la República debe ordenar al Ejército la entrega de toda la información relacionada con los trágicos hechos de 26 y 27 de septiembre de 2014. El acceso a los archivos del Ejército es una demanda central que planteamos como madres y padres para esclarecer el paradero de nuestros 43 hijos. Sólo pedimos que se respete el derecho a defender nuestros derechos y que cesen los ataques contra los organismos internacionales y las organizaciones que nos acompañan, porque son quienes nos han ayudado a desenmascarar la verdad histórica y avanzar en las líneas de investigación que prueban el involucramiento de corporaciones policiacas municipales y estatales, policías ministeriales, policías federales, miembros del Ejército y de la Marina, todos en contubernio con Guerreros Unidos.
Nuestra lucha es para dar con el paradero de nuestros hijos y dar la batalla contra la impunidad. Verdad y justicia es el clamor nacional que demandamos los miles de madres y padres que buscamos a nuestros seres queridos.