Las desapariciones forzadas en México continúan siendo uno de los grandes retos para las autoridades mexicanas, que hasta el momento no han podido responder a la política de seguridad fallida que enfrentan los estados más convulsos. Guerrero es una representación viva de esta problemática que día a día se desangra con las siete muertes que acaecen de acuerdo con las cifras oficiales de los últimos seis meses. En el 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México que esta entidad ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas con 161 víctimas.
En Guerrero no podemos hacer tabula rasa de la historia que nos ha devastado por la acción cruenta del gobierno federal que a través de órdenes presidenciales autorizó al Ejército para que arremetiera contra las personas y poblaciones que eran parte de la insurgencia armada en los años 1970. Estas acciones letales abrieron una herida que a más 40 años sigue sangrando a lo largo y ancho de las regiones más convulsas del estado. A pesar de la creación de la Comisión de la Verdad que investigó en Guerrero los crímenes de esta época, las autoridades federales y del estado han echado por la borda las investigaciones que se realizaron, dejando en total indefensión a las víctimas de desaparición forzada que no han encontrado reposo en su búsqueda por la verdad y la justicia, como es el caso de Rosendo Radilla. Gracias al tesón de Tita Radilla y su familia, así como al trabajo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos, la historia de Rosendo se convirtió en hecho paradigmático pues fue el primer caso mexicano en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparición forzada. Además se señaló al Ejército como responsable de esta grave violación que se mantiene en la impunidad. La Corte Interamericana resolvió que el fuero castrense no debe conocer ni investigar casos graves de violaciones a derechos humanos.
Como guerrerenses no podemos pasar de largo que en la guerra sucia los casos de desaparición fueron utilizados como forma de represión política, para acallar a los luchadores sociales y colocarlos en el limbo de la ilegalidad, justificando la acción letal del Ejército. Tampoco podemos mancillar la memoria de las familias que no han bajado la guardia para que en nuestro Estado la justicia sea una realidad tangible, cuando existen centenas de familias que lloran en el silencio la desaparición de sus familiares.
Esta postura autoritaria que persiste en nuestro país reforzó la alianza histórica entre el Ejército y el Ejecutivo federal quien constitucionalmente es el jefe supremo de las fuerzas armadas, lo que ha significado una alianza que se traduce en impunidad y protección a los crímenes cometidos por elementos del Ejército mexicano. Las órdenes emitidas por el Ejecutivo federal desde Luis Echeverría a la fecha, son órdenes meta constitucionales donde las autoridades castrenses se colocan por encima de nuestro marco constitucional y actúan impunemente contra una población civil indefensa. No sólo se han consumado más de 600 desapariciones en Guerrero sino que el Ejército ha protagonizado casos de ejecuciones extrajudiciales como sucedió con la masacre de El Charco en junio de 1998.
En abril de este año el Senado aprobó la Ley General sobre Desapariciones Forzadas, turnándola a la Cámara de Diputados con una serie de vacíos legales que vuelven a causar daños a las mismas víctimas. Esta actitud irresponsable vuelve a dejar en total indefensión a quienes han impulsado esta ley y obligaron al Poder Legislativo que atendiera con presteza este reclamo. Lamentablemente, han pasado tres años y esta ley se mantiene en el limbo porque el Poder Legislativo ha vilipendiado a las víctimas de desaparición forzada.
Por otra parte, en 2014 el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se comprometió a dar cabida a una Comisión Nacional de Búsqueda; sin embargo, esta figura no respondió a las expectativas de los familiares que confiaron en que esta instancia asumiría un compromiso firme para abanderar todos los trabajos para la búsqueda de sus familiares. Esta demanda no se expresó en la versión aprobada por el Senado de la República, lo que demuestra la falta de compromiso de quienes tienen la facultad de garantizar una protección real a la población que clama justicia y que pone en riesgo su propia vida para dar con la verdad.
En las palabras de las propias familias esta aprobación de la ley está hecha sin el corazón, es decir, sin esa sensibilidad que se requiere para estar cerca de quienes día y noche luchan para abrazar a quienes más aman. La frustración más grande de las familias que llevan años dejando sus casas y abandonando a sus familias es que el proceso de ley por el que han estado luchando haya quedado muy acotado. No porque faltaran argumentos y la asesoría profesional que requerían los senadores y senadoras sino por su actitud mezquina y pendenciera de no atender sus legítimos reclamos. Como siempre ha sucedido en nuestro país pesan más los intereses políticos que los derechos de las víctimas y eso es lo que nos tiene en una lucha sorda, donde el poder de las elites políticas pisotea los derechos de las víctimas, simplemente porque cuentan con la fuerza jurídica para reprimir y acallar cualquier reclamo de una sociedad indignada.
Es importante resaltar que es el movimiento de las familias que han perdido el miedo y que se han trasformado en un grito de esperanza que retumba en nuestro país el verdadero protagonista del cambio. Son ellas y ellos que desde la periferia han increpado al poder para desenmascarar todas sus tropelías y mostrar las grandes falencias de un Estado que le ha dado la espalda a las familias que demandan atención y compromiso de las autoridades, desenmascarando el entramado delincuencial que nos desquicia.
El clamor de las víctimas ha redireccionado la agenda de los derechos humanos en México, su dolor y sufrimiento, pero ante todo su valor y su decisión extrema de dar la vida para encontrar a sus familiares ha logrado trascender su lucha en el plano internacional al grado que con el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, los familiares lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgara las Medidas Cautelares 409-14, de lo que se derivara la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de brindar asistencia internacional al caso.
Esta lucha ejemplar que es el nuevo modelo que han logrado las madres y padres de los 43 estudiantes ahora con la implementación del Mecanismo Especial de Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones del GIEI, ha inspirado nueva formas de lucha que se han diseminado a lo largo y ancho de nuestro país mostrando los rostros y las voces de cientos de colectivos de familiares que son ahora una luz en esta obscuridad generada por la impunidad.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” queremos expresar que nuestros aprendizajes como defensoras y defensores de derechos humanos se nutren de la lucha que han enfrentado cientos de familias con la búsqueda de sus padres, madres, hermanas, hermanos, hijas e hijos que con mucho valor y profundo amor están marcando un nuevo rumbo en nuestro país. Con sus testimonios y denuncias han evidenciado una política de seguridad fallida. Han demostrado cómo se teje esa colusión entre los cuerpos de seguridad del Estado con las organizaciones del crimen organizado.
Han asumido con gran determinación pelear contra un poder que aterroriza. Han salido a las calles para enarbolar su causa ante la indolencia e incapacidad de las autoridades responsables de investigar la desaparición de sus familiares. Lo más cruento es la falta de un registro de víctimas de desaparición forzada; la inexistencia de una instancia abocada a la búsqueda y el fomento a la impunidad ante la imposibilidad para investigar a los altos mandos.
Su fuerza en medio del dolor y la indignación es un grito de esperanza, es parte las luchas que nacen desde las entrañas del pueblo y que forjan un nuevo rostro del México adolorido que anuncia el porvenir fincado en la verdad, la justicia y la igualdad.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” no podemos permanecer impávidos ante la tragedia que nos arrastra a la fatalidad y las sinrazón. Tampoco podemos mantener los ojos cerrados y la mirada perdida cuando somos testigos de lo que a diario sucede con las familias que lloran en las calles por sus hijos e hijas desaparecidas. Tampoco queremos ser cómplices de este ambiente que encubre a los perpetradores, que se hace cómplice de las graves violaciones a los derechos humanos y que justifica la violencia que se traduce en desapariciones, desplazamientos, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
¡Basta ya de tanta impunidad e indolencia de las autoridades! Nuestro estado no puede seguir siendo el escenario donde las desapariciones forzadas formen parte de nuestra historia cotidiana, mucho menos donde habiten los agentes estatales y no estatales que se coluden para cometer estos crímenes atroces.
Ante este desafío hemos podido organizar los días 8 y 9 de agosto en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, un foro nacional sobre desaparición forzada que hemos denominado “Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza”, que tiene objetivo propiciar un diálogo entre los diferentes colectivos de familiares de desaparecidos retroalimentado con la reflexiones de algunos colegas nacionales e internacionales que han demostrado un compromiso probado en favor de las víctimas de desaparición forzada. Este grito de esperanza es una luz en el camino para nunca perder el ánimo de que las y los desaparecidos regresaran a casa.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!